El proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera que penaliza la
protesta social ha generado un gran malestar entre estudiantes, partidos
de la oposición y organizaciones sociales.
En opinión de la portavoz de la Confederación de Estudiantes de
Chile, Camila Vallejo, la normativa resulta un contrasentido a pocas
horas del inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y los
representantes del Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita.
“Claramente condiciona el diálogo”, afirmó en declaraciones a ADN Rádio Chile.
“Es mucho más difícil hoy día ver al Ejecutivo como un actor o un
interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la
pistola en el pecho”, añadió.
Comentó además que resulta en extremo preocupante que en el gobierno
primen las ideas de la ultraderecha, sobre todo si se recuerda la
historia de represión, tortura y de violación a los derechos humanos que
vivió Chile.
“De alguna forma nos volvemos a acercar a este terrorismo de Estado.
No puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea
entendida como un acto de vandalismo que es condenable”, enfatizó la
presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Presentado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera como
un proyecto a favor del resguardo del Orden Público, la iniciativa
desató una ola de cuestionamientos porque tipifica como delito, con
anuncio de duras sanciones penales además, las tomas de colegios y otras
manifestaciones sociales.
“El gobierno ha buscado enfrentar el conflicto estudiantil tratándolo
como un problema de orden público, criminalizando las movilizaciones y
minimizando el derecho de los estudiantes a cuestionar las bases del
actual sistema educativo”, comentó al respecto la presidenta del Partido
por la Democracia, Carolina Tohá.
Expresó que se trata de una mirada autoritaria y llamó a la oposición
en Chile a formar un frente común para que la movilización de los
estudiantes, que ha logrado que una mayoría política en Chile esté a
favor de un nuevo modelo educacional, no sea derrotada.
Asimismo la abogada y ex Defensora Nacional, Paula Vial, criticó que
el gobierno tome de blanco a los estudiantes en el discurso contra la
delincuencia.
“Pareciera que los estudiantes se convierten en los nuevos enemigos
del Estado y en el nuevo foco de criminalidad que hay que combatir”,
recalcó.
Ante la avalancha de impugnaciones, La Moneda ha intentado aquietar
los ánimos con la reiterada aclaración que “si las tomas son pacíficas,
no hay problema”.
“Si las tomas son con violencia y por la fuerza, impidiendo el
derecho de otras personas a poder ingresar a un establecimiento
educacional, hospitalario o a usar las calles, no va a ser aceptado y
por eso es que hemos mandado un proyecto de ley para que esto sea
sancionado”, apuntó el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick.
