28 partidos políticos y 10 candidatos presidenciales –entre ellas 3
mujeres- disputarán el domingo 11 de septiembre la voluntad de 7
millones 300 mil guatemaltecos, sobre una población total de 14 millones
de habitantes.
Las encuestas preliminares anticipan la posible victoria
del candidato del ultraderechista Partido Patriota, el ex – general del
ejército Otto Pérez Molina.
Amenazas de autoritarismo y “mano dura”
sobrevuelan el futuro político de la más poblada de las naciones
centroamericanas.
En la cual el tema de la inseguridad ciudadana ocupa
un lugar central. Entre 15 y 20 personas mueren por día en todo el país
por la violencia social de origen delincuencial.
Si el electorado tuvo la energía de
rechazar en las urnas en la elección de noviembre 2003 al ex – dictador
Efraín Ríos Montt, (reconvertido a pastor evangélico fundamentalista),
podría en esta ocasión abrirle las puertas institucionales a una opción
no menos militarista que la que propuso en su momento el general.
La frágil democracia guatemalteca, concebida en su actual
versión luego de las negociaciones de paz entre el poder y la guerrilla
de la URNG en diciembre de 1996, arriesga así dar un paso atrás en su
lenta consolidación.
Y transita en contramano en una región que –salvo
la excepción hondureña- se ha alejado en el siglo XXI de golpes y
opciones ultraderechistas.
La ex – guerrilla del frente Farabundo Martí (FMLN)
gobierna en El Salvador.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) controla el poder en Nicaragua y las encuestas anticipan la casi
segura victoria de Daniel Ortega en la próxima contienda electoral del 6
de noviembre.
En tanto en Honduras, la masiva movilización social logró
en mayo pasado la vuelta al país del ex – presidente exilado Manuel
*Mel* Zelaya, demostrando que sin la participación del Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP) ese país se torna políticamente inviable.
Derecha – extrema derecha dominante
El domingo 11 de septiembre, además del ejecutivo, el
electorado deberá designar a 158 diputados nacionales; 20 diputados al
Parlamento Centroamericano y 333 autoridades municipales.
Si se cumplieran las previsiones de las tendencias
electorales dominantes a fines de agosto, el ex – general Pérez Molina
ganaría cómodamente.
La franja del 40 a 45 % de votos que podría
recoger, sin embargo, no le permitirían coronarse en la primera vuelta.
El segundo turno a realizarse el 6 de noviembre sería para él un
ejercicio puramente formal al ubicarse hoy por delante de los candidatos
que le siguen.
Muy por detrás de Pérez Molina, se ubicaban según los
sondeos de fines de agosto, los también candidatos de derecha Manuel
Baldizón (en torno de 18,5%) y Eduardo Suger, con 11% de las intenciones
de votos Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, sostenida por la
antigua guerrilla y el partido indígena Winaq obtendría menos del 3 % de
los votos.
En un país vasto donde el 70 % de la población es indígena,
una parte mayoritaria de la misma no se siente hoy representada en las
organizaciones político-indígenas con aspiraciones electorales.
Seguridad, derechos humanos, soberanía alimentaria
Aunque la problemática de la violencia social aparece
como un tema importante, la ultraderecha se encarga de agitarlo y
utilizarlo políticamente.
“Mi Gobierno será con mano dura; voy a combatir el crimen
organizado y toda la violencia con el Ejército...se crearán estrategias
militares para erradicar la violencia desde su raíz”, enfatiza en sus
discursos Pérez Molina.
Apelando, incluso, a reestablecer “fuerzas de
tarea” (task forces – grupos paramilitares), una táctica militar
empleada por el Ejército contra la guerrilla tanto en Guatemala, como en
buena parte de América Latina durante las décadas de los años 70,80,90
donde imperó la Doctrina de la Seguridad del Nacional.
“Muchas de nuestras contrapartes en Guatemala nos
expresan su gran preocupación antes este discurso y esta perspectiva
cercana de mayor violencia institucional y de ola represiva....
Que
apuntaría principalmente a los defensores de derechos humanos y al
movimiento social en su totalidad”, advierte Karl Heuberger, responsable
de la ONG evangélica suiza HEKS-EPER para Centroamérica.
Para Heuberger, el tema de la violencia esconde otras dos
temáticas muy presentes en la preocupación cotidiana de los
guatemaltecos: la seguridad alimentaria y la persecución a los
defensores de los derechos humanos.
El 26 de agosto pasado cinco organizaciones y redes
mundiales de prestigio, entre las cuales Vía Campesina, FIAN
(Organización Internacional para el Derecho a la Alimentación) CIDSE
(Agencias Católicas del Desarrollo), CIFCA (Iniciativa de Copenhague
para América Central y México) y APRODEV (Agencia ligada al Consejo
Mundial de iglesias) hicieron escuchar su voz en Guatemala misma.
Publicaron un Informe elaborado entre 2009 y 2010 por una
Misión Internacional que dichas redes habían organizado.
Donde expresan
la enorme preocupación por “la crisis alimentaria prolongada que sigue
causando estragos en Guatemala” y “el clima de criminalización y
persecución de las y los defensores de derechos humanos”, especialmente
aquéllos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y
de las mujeres.
Los organismos internacionales elevan 15 recomendaciones
al Estado y a los futuros nuevos gobernantes, que van desde medidas para
asegurar el desarrollo rural-social del país, hasta la depuración de la
Policía Nacional, pasando por el fortalecimiento de los derechos
laborales especialmente en el campo.
“Nos preocupa mucho la cuestión de la soberanía
alimentaria.
No vemos un accionar coherente de las autoridades ni de la
comunidad internacional”, enfatiza Karl Heuberger.
La tragedia es que
con sus riquezas naturales Guatemala podría alimentar toda América
Central, y hoy vive una penuria alimenticia creciente que amenaza
incluso convertirse en hambruna, explica.
Detrás de esa contradicción el modelo económico
hegemónico actual: “grandes extensiones de tierras cultivables
entregadas indiscriminadamente a trasnacionales mineras o de
agro-combustibles”, lo que atenta contra la producción
indígena-campesina local y condena a esos sectores cada día a más
marginación.
La responsabilidad de la comunidad internacional
“Los gobiernos, principalmente los europeos, las
instituciones internacionales, las ONG de desarrollo tienen hoy una gran
responsabilidad hacia Guatemala y Centroamérica”, enfatiza casi como
grito de alarma el responsable de HEKS-EPER para Centroamérica.
“Deben reflexionar sobre la necesidad de una alianza real
con el movimiento social, y los pueblos indígenas que siguen trabajando
y movilizándose. Reforzando su actuar, reconociendo sus
reivindicaciones.
Deben expresar una clara voluntad política,
coordinarse mejor.
Se invierten recursos financiero pero no siempre con
la mejor lógica.
Es importante reflexionar porqué un país rico como
Guatemala se confronta al hambre y a la crisis de alimentos”, interroga.
La Comunidad internacional debe expresar de forma
contundente al nuevo Gobierno de Guatemala “el rol fundamental que tiene
la garantía al derecho a la alimentación y la protección de los
defensores de los derechos humanos par el funcionamiento de la
democracia y las estrategias de desarrollo exitosas”, recomienda la
misión internacional de las cinco grandes organizaciones internacionales
que visitaron el país centroamericano.
Insistiendo en que el “Estado guatemalteco debe respetar
la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Y
debe revisar las políticas que fomenten la inversión en la producción de
agro-combustibles, la minería y megaproyectos energéticos para prevenir
violaciones del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y de
los derechos de los pueblos indígenas, insisten las cinco redes
internacionales entre las cuales la Vía Campesina.
Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria presente en Centroamérica.
