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A 14 aumentaron en las últimas horas las víctimas letales de la lucha por tierras que tiene lugar desde el domingo último en la conflictiva zona nororiental hondureña del Aguán.Según la radioemisora local HRN citada por Notimex, este martes fallecieron tres personas por un enfrentamiento entre guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facusse y campesinos en el sector de Bonito Oriental, en el Bajo Aguán.
El lunes, cinco comerciantes (dos mujeres y tres hombres) que transitaban en un vehículo fueron atacados a tiros por una de las partes en conflicto, que los confundió con rivales, reportó HRN.
La policía dice desconocer si el ataque fue perpetrado por campesinos o guardias de seguridad contratados por los terratenientes de la zona, empeñados en desalojar a los labriegos.
Pero Roberto Benítez, jefe policial de esa región del departamento hondureño de Colón, 600 kilómetros al noreste de aquí, reveló que dispararon desde vehículos en movimiento contra el auto de los comerciantes.
La lucha por la tierra en el productivo Vale del Aguán data de varios años, ocasionó medio centenar de victimas en los últimos meses y dejó el pasado domingo seis muertos y 14 heridos en una propiedad del empresario Miguel Facussé, según cifras oficiales manejadas por la policía.
Organizaciones campesinas permanecen asentadas en siete fincas con una superficie total de unas cuatro mil hectáreas, reclamadas por terratenientes que explotan el cultivo de la palma aceitera africana.
Para resolver el conflicto el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha intentado comprar esos terrenos a los hacendados para distribuirlos a los campesinos a través del Instituto Nacional Agrario (INA), pero los empresarios se niegan a fijarle un precio.
Lobo ha dispuesto además que cuatro secretarías de Estado le presenten un plan para ejecutar el Catastro Agrario Nacional con el fin de determinar el uso y la propiedad de la tierra para frenar ese tipo de conflictos.
Ante el rebrote de violencia, Lobo decidió reforzar la presencia policial de unos 400 miembros existente en la zona, con una fuerza adicional de 600 hombres más entre policías y militares, desplazados al lugar desde la víspera.
La Casa Presidencial comunicó que esas tropas resguardarán tanto a las fincas como las comunidades para garantizar la tranquilidad de los terratenientes y de los campesinos.
Explicó que los uniformados se proponen desarmar a los civiles para frenar la ola de violencia y que esa fuerza permanecerá en la zona apoyada por fiscales y funcionarios estatales defensores de derechos humanos.
El operativo de seguridad en la región se lanza después de que el domingo por la tarde resultaron muertos cuatro guardias de seguridad privada y dos campesinos en un enfrentamiento a tiros en la finca “Paso del Aguán”.
