Sergio Arauz y Efren Lemus / EL FARO – El máximo
tribunal de justicia salvadoreño emitió este miércoles dos resoluciones
en sentidos opuestos, favoreciendo una a los nueve militares contra los
que España pide detención por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y
la otra denegando a los acusados el derecho a libertad por supuesta
detención arbitraria.
La Corte Suprema de Justicia, que reúne a 15 magistrados de todas las
salas, resolvió por mayoría denegar a la Audiencia Nacional la petición
de aprehensión de los acusados, argumentando que la difusión roja de Interpol solo
sirve para localizar a los militares acusados de crímenes de guerra y
de asesinato terrorista. Con 10 votos, la Corte plena favoreció los
intereses de los procesados por el juez Eloy Velasco.
“La Corte determinó que lo que tienen es una difusión roja, medida
administrativa para ubicación, que puede ir acompañada o no de una
solicitud de extradición que debe hacer el Estado requirente al Estado
requerido”, dijo el principal vocero de la Corte, Ulices del Dios
Guzmán. El magistrado explicó que aunque hay un acuerdo, aún no está
firmada la resolución.
La resolución implica que los militares
pueden salir de las instalaciones militares donde se refugiaron desde el
pasado 7 de agosto, tres días después de que la Policía Nacional Civil
hubiera recibido las órdenes de captura internacional de Interpol y se
hubiera abstenido de ejecutarlas.
Guzmán dijo que según el convenio de extradición solo el Ministerio
de Justicia de España puede solicitar la extradición de los procesados
por la masacre de los sacerdotes jesuitas.
“Hasta el momento no lo ha
hecho”, aclaró.
En esta decisión no participaron los cuatro magistrados de la Sala de
lo Constitucional, que este mismo día, mientras su colegas de Corte
plena resolvían a favor de los implicados en el caso jesuitas,
rechazaban la petición de habeas corpus que habían hecho los militares,
con el fin de invalidar cualquier posible detención.
“Nosotros resolvimos que no tenemos competencia para revisar la
jurisdicción de un juez extranjero”, explicó el magistrado Rodolfo
González, de la Sala de lo Constitucional, al referirse a la decisión
del juez español Eloy Velasco de considerar que en El Salvador no se
hizo justicia y por lo tanto requerir la captura de los imputados.
“Ya
se les había prevenido, a quienes pidieron habeas corpus, que
respondieran si estaban detenidos o no”, añadió el magistrado
constitucionalista.
En un comunicado de la Corte Suprema de Justicia se
explica que la Sala de lo Constitucional no encontró indicios de que la
PNC o Interpol hayan violado el derecho a la libertad que los militares
reclamaban.
La oficina de Interpol en San Salvador recibió el 4 de agosto la
orden de captura internacional girada por Velasco.
La mayoría de los 10
nombres pertenecen a una generación conocida como “La Tandona”. Aunque
la Policía ya tenía vigilancia de los procesados –según una denuncia que
los acusados presentaron a la Corte Suprema de Justicia-, la Policía no
ejecutó el mandato de Interpol y mejor decidió mantener engavetado el
documento.
La detención provisional con miras a la extradición nunca se hizo
efectiva en el caso de los 10 militares -uno de ellos, el general René
Emilio Ponce, falleció el pasado 2 de mayo-, pero aun así los
magistrados en Corte plena determinaron que los procesados pueden seguir
en libertad.
La decisión causó la reacción crítica de la abogada Almudena
Bernabéu, del Center for Justice and Accountability (CJA), organismo no
gubernamental con sede en California, Estados Unidos, que es querellante
en España contra los militares.
“En un país normal, democrático, te
llega una orden de arresto y tú arrestas de manera preventiva sin nunca
violar las leyes del país requerido”, dijo.
En Estados Unidos, otro de los implicados, el ex viceministro salvadoreño de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano,
fue retenido la mañana de este martes 23 de agosto por autoridades
federales en Massachusetts, Estados Unidos, acusado de mentir sobre su
pasado en las declaraciones para mantener su residencia en ese país,
informó el periódico The Boston Globe.
Corte plena se contradice
La resolución de la Corte plena en el caso de los jesuitas contradice una orden que esa misma instancia emitió el pasado 20 de mayo.
La resolución de la Corte plena en el caso de los jesuitas contradice una orden que esa misma instancia emitió el pasado 20 de mayo.
En esa
ocasión, los magistrados determinaron que la Policía debía capturar a
los militares guatemaltecos Genaro Pineda Rojas y Juan José Pineda
Vásquez y remitirlos ante una autoridad judicial competente para
gestionar su extradición hacia Nueva York, Estados Unidos, donde eran
procesados por narcotráfico.
En esa ocasión, la Interpol había girado
también difusión roja contra los militares.
En esa ocasión la Policía sí capturó a los dos sospechosos de
narcotráfico, que huyeron luego de que ninguno de los jueces a los que
fueron presentados los recibieran.
En esa fecha la votación fue con 9 magistrados: José Belarmino Jaime,
Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco, Rodolfo González
Bonilla, Miguel Ángel Cardoza, Marcel Orestes Posada, Mirna Perla, María
Luz Regalado y Ramón Iván García (suplente).
Para el magistrado Ulices del Dios Guzmán la resolución de Corte
plena que habilitaba la captura de sospechosos de narcotráfico con
difusión roja de Interpol fue un error.
“El error se cometió en esa
resolución, se dijo que la difusión roja equivale a una orden de
detención”, comentó.
La visión de Guzmán también es contraria a la del Órgano Ejecutivo,
pues según la Presidencia de la República, cuando la PNC tuvo en su
poder la difusión roja contra los nueve militares, se preparó para
ejecutar las capturas, aunque al final no las pudo concretar debido a
que los acusados obtuvieron refugio en las instalaciones del Ministerio
de la Defensa Nacional, que se ha negado a aclarar las circunstancias en
que los militares retirados obtuvieron albergue.
Desde que iniciaron su período cuatro nuevos magistrados de la Sala
de lo Constitucional empezó una fractura dentro de la Corte.
El ala
contraria a la presidencia de Belarmino Jaime es liderada por Guzmán,
quien ha contado con el apoyo de nueve magistrados para algunas de las
resoluciones en las que los cuatro de la Sala no han estado de acuerdo.
