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| General René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en esa época y en los últimos años del gobierno de Alfredo Cristiani. |
ELFARO.NET / Sergio Arauz, Carlos Dada, Efrén Lemus y Ricardo Vaquerano – La Policía Internacional recibió de un juez español las órdenes de captura internacional contra 10 de los acusados del asesinato de los jesuitas.
En Washington, paralelamente, cuatro senadores presionan al gobierno de Obama para que colabore con la justicia de España, dado que al menos uno de los militares salvadoreños reside en Estados Unidos.
La Policía Internacional (Interpol) tiene ya en sus manos la solicitud de captura internacional contra 10 ex militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija.
Las órdenes fueron emitidas el martes pasado por el juez Eloy Velasco Núñez, del Juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, quien pidió formalmente a interpol colocar una Alerta Roja, código que califica como prófugos a personas buscadas por la justicia, junto a los nombres de los milityares salvadoreños, entre lso que se encuentran dos ex ministros de Defensa.
La Oficina Central de Interpol en Madrid turnó la solicitud a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, donde se evalúa si las órdenes de captura internacional cumplen con los requisitos para emitir la Alerta Roja.
Los militares contra los que el juez Velasco giró la orden de captura son Mariano Amaya Grimali, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos.
La lista también incluye el nombre de René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en esa época y en los últimos años del gobierno de Alfredo Cristiani, ya con grado de general, fue ministro de Defensa. Ponce falleció el 2 de mayo pasado, a los 64 años de edad.
Las 10 notas del juez para la oficina de Interpol consignan en su párrafo central lo mismo, con excepción del nombre que individualiza cada orden:
“Le remito, adjunto al presente, Orden Internacional de Detención expedida contra Juan Orlando Zepeda, a fin de que procedan a su instrucción en el Sistema correspondiente y su difusión internacional a efectos de entrega/extradicción.”
El General Juan Orlando Zepeda era viceministro de Defensa cuando ocurrió el múltiplo crimen.
Por cada implicado, el juez envió una carta con los datos generales y los delitos por los que es requerido cada salvadoreño.
El sistema de alerta roja, dice Interpol, es utilizado para solicitar la detención provisional de una persona buscada con miras a la extradición sobre la base de una orden de detención o resolución judicial.
Como prevención y alerta, el abogado defensor Lizandro Quintanilla, en representación de nueve de los militares acusados, envió una solicitud a Howard Cotto, subdirector de Investigaciones de la PNC, alegando que los salvadoreños ya fueron juzgados y pide a la PNC que no ejecute las eventuales órdenes de captura.
Después de dos años de investigación, el juez Velasco hizo público un auto de procesamiento, el paso previo a la apertura de juicio en España. Velasco libró órdenes de busca y captura internacional contra 20 personas supuestamente implicadas en los hechos, a los que acusa de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad.
Entre ellos se encuentra el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios.
El asesinato de los sacerdotes se produjo en medio de la más dura ofensiva guerrillera en los 12 años de guerra.
El Salvador recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar de parte de Estados Unidos durante más de una década, y algunos de los militares señalados en el informe de la Comisión de la Verdad como responsables de graves violaciones a los derechos humanos eventualmente emigraron a los Estados Unidos.
Al menos uno de ellos, el ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, se encuentra viviendo en Estados Unidos.
Los jesuitas, cinco de ellos españoles, y las dos trabajadoras fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador.
Entre los fallecidos se encontraba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
El Faro entrevistó recientemente a uno de los militares que en su momento procesó la justicia salvadoreña, involucrados directa o indirectamente en los crímenes.
En esa entrevista, publicada el 6 de junio pasado, el coronel Camilo Hernández reveló que él entregó el fusil AK-47 con que se iba a asesinar a Ellacuría.
Según el auto del juez Velasco en que decide las capturas, los jesuitas y especialmente Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el gobierno durante la guerra civil en El Salvador.
“Ese fue el motivo fundamental de su asesinato”, consideró Velasco en su resolución.
El magistrado español inició la investigación en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
En la querella también se acusaba al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero Velasco decidió no procesarlo.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos.
Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.
La Audiencia Nacional española ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Senadores presionan a gobierno de Obama
El 11 de julio pasado, cuatro senadores demócratas estadounidenses enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan al gobierno de Barack Obama que respalde los intentos por hacer justicia en uno de los capítulos oscuros de la historia de El Salvador.
Se refieren a la causa que lleva el juez Velasco contra los militares salvadoreños. “Recordamos vívidamente la condena internacional que siguió a esa atrocidad”, dicen los senadores, entre ellos el ex candidato presidencial John Kerry.
Ese recuerdo quedó especialmente marcado porque después se conoció que algunos de los acusados de los asesinatos habían recibido adiestramiento militar de parte de Estados Unidos.
Por eso es que piden a la secretaria de Estado que se asegure de que el gobierno prestará toda la ayuda necesaria al proceso judicial en España, como por ejemplo proveer información relevante sobre la ubicación de alguno de los acusados que pudiera estar residiendo en Estados Unidos, aunqueno nombra a Montano directamente.
La carta fue respondida por el secretario de Estado adjunto para asuntos legislativos, Joseph Mcmanus.
El funcionario dice en su carta que, aunque no puede dar detalles, sí puede afirmar que el gobierno está vigilando este caso muy de cerca.
“Trabajaremos de cerca con el Departamento de Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda del gobierno de España recibirá la apropiada consideración”, promete Mcmanus.
El secretario adjunto subraya que Estados Unidos en efecto apoya firmemente que los violadores de los derechos humanos respondan ante la justicia.
“Reconocemos la importancia tanto del principio de la responsabilidad y de la justicia, como de las difíciles opciones que países como El Salvador han tenido que hacer en sus esfuerzos de reconciliación y en la transición de la guerra a la paz y hacia la democracia”.
El juez Velasco había solicitado ya a Estados Unidos la captura de Montano, y se presume que otro de los acusados,
Las órdenes fueron emitidas el martes pasado por el juez Eloy Velasco Núñez, del Juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, quien pidió formalmente a interpol colocar una Alerta Roja, código que califica como prófugos a personas buscadas por la justicia, junto a los nombres de los milityares salvadoreños, entre lso que se encuentran dos ex ministros de Defensa.
La Oficina Central de Interpol en Madrid turnó la solicitud a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, donde se evalúa si las órdenes de captura internacional cumplen con los requisitos para emitir la Alerta Roja.
Los militares contra los que el juez Velasco giró la orden de captura son Mariano Amaya Grimali, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos.
La lista también incluye el nombre de René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en esa época y en los últimos años del gobierno de Alfredo Cristiani, ya con grado de general, fue ministro de Defensa. Ponce falleció el 2 de mayo pasado, a los 64 años de edad.
Las 10 notas del juez para la oficina de Interpol consignan en su párrafo central lo mismo, con excepción del nombre que individualiza cada orden:
“Le remito, adjunto al presente, Orden Internacional de Detención expedida contra Juan Orlando Zepeda, a fin de que procedan a su instrucción en el Sistema correspondiente y su difusión internacional a efectos de entrega/extradicción.”
El General Juan Orlando Zepeda era viceministro de Defensa cuando ocurrió el múltiplo crimen.
Por cada implicado, el juez envió una carta con los datos generales y los delitos por los que es requerido cada salvadoreño.
El sistema de alerta roja, dice Interpol, es utilizado para solicitar la detención provisional de una persona buscada con miras a la extradición sobre la base de una orden de detención o resolución judicial.
Como prevención y alerta, el abogado defensor Lizandro Quintanilla, en representación de nueve de los militares acusados, envió una solicitud a Howard Cotto, subdirector de Investigaciones de la PNC, alegando que los salvadoreños ya fueron juzgados y pide a la PNC que no ejecute las eventuales órdenes de captura.
Después de dos años de investigación, el juez Velasco hizo público un auto de procesamiento, el paso previo a la apertura de juicio en España. Velasco libró órdenes de busca y captura internacional contra 20 personas supuestamente implicadas en los hechos, a los que acusa de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad.
Entre ellos se encuentra el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios.
El asesinato de los sacerdotes se produjo en medio de la más dura ofensiva guerrillera en los 12 años de guerra.
El Salvador recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar de parte de Estados Unidos durante más de una década, y algunos de los militares señalados en el informe de la Comisión de la Verdad como responsables de graves violaciones a los derechos humanos eventualmente emigraron a los Estados Unidos.
Al menos uno de ellos, el ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, se encuentra viviendo en Estados Unidos.
Los jesuitas, cinco de ellos españoles, y las dos trabajadoras fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador.
Entre los fallecidos se encontraba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
El Faro entrevistó recientemente a uno de los militares que en su momento procesó la justicia salvadoreña, involucrados directa o indirectamente en los crímenes.
En esa entrevista, publicada el 6 de junio pasado, el coronel Camilo Hernández reveló que él entregó el fusil AK-47 con que se iba a asesinar a Ellacuría.
Según el auto del juez Velasco en que decide las capturas, los jesuitas y especialmente Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el gobierno durante la guerra civil en El Salvador.
“Ese fue el motivo fundamental de su asesinato”, consideró Velasco en su resolución.
El magistrado español inició la investigación en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
En la querella también se acusaba al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero Velasco decidió no procesarlo.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos.
Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.
La Audiencia Nacional española ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Senadores presionan a gobierno de Obama
El 11 de julio pasado, cuatro senadores demócratas estadounidenses enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan al gobierno de Barack Obama que respalde los intentos por hacer justicia en uno de los capítulos oscuros de la historia de El Salvador.
Se refieren a la causa que lleva el juez Velasco contra los militares salvadoreños. “Recordamos vívidamente la condena internacional que siguió a esa atrocidad”, dicen los senadores, entre ellos el ex candidato presidencial John Kerry.
Ese recuerdo quedó especialmente marcado porque después se conoció que algunos de los acusados de los asesinatos habían recibido adiestramiento militar de parte de Estados Unidos.
Por eso es que piden a la secretaria de Estado que se asegure de que el gobierno prestará toda la ayuda necesaria al proceso judicial en España, como por ejemplo proveer información relevante sobre la ubicación de alguno de los acusados que pudiera estar residiendo en Estados Unidos, aunqueno nombra a Montano directamente.
La carta fue respondida por el secretario de Estado adjunto para asuntos legislativos, Joseph Mcmanus.
El funcionario dice en su carta que, aunque no puede dar detalles, sí puede afirmar que el gobierno está vigilando este caso muy de cerca.
“Trabajaremos de cerca con el Departamento de Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda del gobierno de España recibirá la apropiada consideración”, promete Mcmanus.
El secretario adjunto subraya que Estados Unidos en efecto apoya firmemente que los violadores de los derechos humanos respondan ante la justicia.
“Reconocemos la importancia tanto del principio de la responsabilidad y de la justicia, como de las difíciles opciones que países como El Salvador han tenido que hacer en sus esfuerzos de reconciliación y en la transición de la guerra a la paz y hacia la democracia”.
El juez Velasco había solicitado ya a Estados Unidos la captura de Montano, y se presume que otro de los acusados,
