Ecuador dará por terminadas las actividades de 16 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por no entregar información sobre su trabajo en el país, informó el viernes el gobierno ecuatoriano, reporta AFP.
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) -adscrita a la cancillería- anunció la medida al vencer el plazo fijado para que 84 ONG entregaran los informes previstos en los convenios con el Estado.
Junto a Médicos Sin Fronteras, se pondrá fin a la operación de otras tres asociaciones de España, tres de Estados Unidos, tres de Italia, así como de Alemania, Reino Unido, Argentina, Colombia, Puerto Rico y Filipinas, señaló la Seteci en un comunicado.
La entidad recordó que los acuerdos de cooperación prevén que estos se darán por terminados cuando las ONG “no cumplan con el envío de la información respectiva”, lo que debe hacerse al inicio de cada año.
Los reportes entregados por las otras organizaciones serán analizados y su validación tomará algunos meses, dijo la titular de la Seteci, Gabriela Rosero.
“No pretendemos expulsar a ninguna ONG, pero tanto ellas como el Estado debemos cumplir las obligaciones establecidas desde el principio en los convenios”, aseguró la funcionaria.
Rosero añadió que se ha explicado a las ONG y a las embajadas de los países implicados que es necesario “transparentar la cooperación internacional”, para conocer el monto de los recursos privados y gubernamentales que utilizan esos colectivos.
El pasado 25 de junio, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que algunas ONG extranjeras actúan en complicidad con grupos irregulares en la frontera con Colombia y que son financiadas por movimientos de extrema derecha de Estados Unidos para desestabilizar a su gobierno.
“Son ONG de extrema derecha que lo que buscan es reemplazar a los gobiernos, imponer su política, y si no lo pueden hacer, desestabilizar a los gobiernos de turno. No podemos caer en esa situación”, sostuvo.
Durante su gobierno, Correa ha advertido que expulsará a las ONG que intervengan en la política ecuatoriana.
En 2009, fue derogado el permiso concedido a Acción Ecológica, una organización ambiental que encabezó protestas indígenas contra la minería.
Además, se retiró la inmunidad diplomática a una ONG de derechos humanos que asistía a colombianos desplazados por la violencia, sobre la cual pesaban sospechas sobre tratos con la guerrilla de las FARC.
