JOSÉ RUBEN ZAMORA – Ante nuestra mirada estupefacta e irremediable impotencia, las mafias se siguen apoderando de Guatemala. Las estructuras ilegales han diversificado sus negocios, además de mover droga, contrabandear mercaderías y tesoros, traficar y esclavizar personas (sobre todo mujeres y niños) y blanquear sus ilícitas ganancias, ahora despojan propiedades a sus legítimos dueños.
Ya no son simples abogaditos mañosos y sin escrúpulos, especializados en identificar tierras no registradas y que de un plumazo las traspasan a sociedades anónimas de gaveta, ni ladrones de poca monta, que a hurtadillas llegan a arrancar las anotaciones al Registro de la Propiedad.
Ahora son verdaderas redes criminales que le echan el ojo a la propiedad que se les antoja, sea por su posición estratégica o por sus buenas instalaciones para almacenar mercadería ilícita y las roban por las buenas o por las malas.
Esta práctica echa raíces en la historia del país, pero dio un salto brutal en tiempos del Mono de Oro, cuando sus asesores corruptos de cuello blanco descubrieron que, desde el poder, el Estado de Derecho se podía retorcer también para favorecer intereses particulares.
Ese es un buen punto de comparación, pues Arzú y sus testaferros garantizaron la impunidad de estafadores financieros, en buena medida estatizando las pérdidas de las financieras privadas a través del CHN, institución que utilizó como banco central de esos estafadores.
Mientras, también estos estafadores financieros se robaron Q2.8 millardos a costa de miles de ahorrantes de clase media y media alta, que dolorosamente vieron esfumar su patrimonio, sin encontrar respuesta judicial, pues el régimen de turno fue su tapadera.
Además, despojaron con lujo de fuerza e impunidad a empresarios decentes que impulsaban proyectos inmobiliarios.
Estos no solo sufrieron el despojo ingrato de sus terrenos y maquinarias, sino que debieron huir del país para no perder lo último: la vida.
Una nueva estructura criminal, conocida en el bajo mundo como la Mafia Itemm, que se ha robustecido blanqueando el dinero del narco, hace su aparición en la carretera a El Salvador, en Las Cañas, Milpas Altas, y en la CA-9, jurisdicción de Palín, Escuintla.
Hace dos años, a unas bonitas bodegas en Fraijanes, carretera a El Salvador, llegaron unas personas en carros de lujo, ropa de boutique y cadenas de oro de muy mal gusto.
Preguntaron por el propietario, un hombre de avanzada edad, quien había invertido en esas instalaciones su jubilación.
Los invasores le gritaron: “Esto es nuestro.” “¡Cómo va a ser!”, replicó el dueño, encolerizado.
Los usurpadores llevaban supuestos títulos de propiedad, y el viejo, confiado, los desafío:
“Nos veremos en los tribunales”.
Nunca llegaron con el juez. Días más tarde, entrando en sus bodegas, el anciano fue acribillado.
Aprovechando la congoja familiar, los truhanes se hicieron de la propiedad con papeles falsos y bajo el amparo de autoridades judiciales.
En otro territorio, en Las Cañas, robaron 4 manzanas de terreno, matando al propietario.
El capo juega monopoly al mejor estilo de las mafias de Chicago y de Sicilia de hace un siglo.
Mata a quienes despoja, y a sus competidores, pero también a sus socios.
Fue el caso, a finales del 2007, de Estuardo Ortiz y del peruano Ricardo Segura, con quienes compartía el negocio de la chatarra, y de Juan Manuel Paiz, también su exsocio en una financiera.
Y además le gusta el cobre ajeno:
Telgua y la Empresa Eléctrica han enfrentado problemas de transmisión debido a que les hurta el metal.
Otro caso, de la misma banda, ocurrió en diciembre pasado.
La táctica, esta vez, fue más sofisticada, aunque también sangrienta.
Primero enviaron a Blanca Juárez (foto 1), una mujer de condición humilde, a reclamar la propiedad de una franja de 2 kilómetros de frente por 200 metros de fondo, sobre la CA-9, en Palín.
Se trata de una fracción desmembrada de la finca La Compañía, donde ya hay una lotificación desde hace varios años.
Por cierto, esta finca la conocí de patojo, pues era propiedad de Tere y Arturo Altolaguirre, los padres de Martita y, junto a la familia, la disfrutamos mientras transcurrían placenteros algunos domingos.
A la señora Juárez le siguió un grupo, encabezado por Paola Flores García, una supuesta Jackie (foto 2), haciéndose acompañar de Víctor Manuel López y José Pelón, lugartenientes del Capo, y media docena de gente armada.
Ellos se transportan en una Cherokee P 190 DDH, una camioneta BMW X3 P 547DNH, una Mitsubishi Lance gris P 320 DDP y un picop blanco Chevrolet P 146 DWN.
Paola Flores, una mujer robusta de mediana edad, se identificó como heredera de las tierras.
“Yo vivo en Miami y me avisaron que mi papi me dejó esas tierras, que eran de él, y las puso a nombre de algunos de sus empleados, y ahora unos invasores me las están robando”.
El modus operandi de la banda fue así: compraron legalmente unas tierras sobre la CA-9, luego usaron los planos, fals ificaron títulos de 1957 y superpusieron la propiedad sobre otra que es legal y legítima.
Aunque no cazaban los linderos ni correspondían las vecindades, y sin citar a las partes, la jueza Liliana Joaquín Castillo, del Juzgado 13o. de Primera Instancia Civil, les dio posesión, haciéndoles acompañar fuerzas de la PNC.
De hecho, la banda tiene a sueldo un agente policial, Manuel Rey (foto 3), quien se moviliza en un picop blanco Mitsubishi P 857 DMP e intimida a los legítimos propietarios.
Pero más que intimidar, como ya se vio, esta mafia también asesina. Munir Masis Masis fue otra de sus víctimas.
Él poseía una bodega, también comprada de los desmembramientos de la finca La Compañía, y como se resistió al despojo, lo mataron.
No es casualidad que frente a la propiedad invadida por la mafia, está el negocio de chatarra del Capo, a quien la DEA y la CICIG le vienen pisando los talones.
Su nombre es Ítem y su fortuna reciente crece a un ritmo exponencial. Lleva una vida digna del jet set, al mismo estilo del Cartel de los Sapos.
Pero él sigue campante: sus testaferros ya comenzaron a llamar a los dueños de un tercer terreno, contiguo al que acaban de robar.
Dentro de poco sus 2 kilómetros de carretera serán 6.
Todo, a ciencia y paciencia de jueces y policías corruptos.
*El autor es director de elPeriódico de Guatemala, donde este artículo fue originalmente publicado.
