El pasado 28 de junio el presidente Santos reglamentó la Ley 1424,
por medio del Decreto 2244 de 2011, la cual garantiza la más aberrante
impunidad sobre las demenciales masacres, torturas, desapariciones,
desplazamiento y despojo de tierras, entre otros crímenes, cometidos por
la estrategia paramilitar del régimen.
Esta nueva ley es el complemento perfecto de la primera coartada uribista de impunidad y legalización de la estrategia paramilitar mal llamada Ley de Justicia y Paz, la cual en seis años de vigencia sólo ha condenado la asombrosa suma de cuatro criminales.
En ese mismo periodo de tiempo estas estructuras beneficiarias del simulado indulto asesinaron o desaparecieron a más de 207.000 personas, según un informe de la Fiscalía conocido en enero de este año.
Sin embargo el gobierno, sin el menor rubor, niega que se trate de un indulto argumentando que los beneficiarios de la ley pagaran sus pecados pero sin ir un solo día a la cárcel.
Con argumentos que ofenden la inteligencia, Alejandro Eder, de la Alta Consejería para la Reintegración argumentó que “Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”.
Con la nueva ley de impunidad se deberán suspender las órdenes de captura y las ejecuciones de las condenas que se estén llevando a cabo en la justicia.
Otros argumentos falaces que esgrime el gobierno haciéndolos ver como ‘condiciones’ para acceder a los beneficios de la nueva ley, son entre otros:
Esta nueva ley es el complemento perfecto de la primera coartada uribista de impunidad y legalización de la estrategia paramilitar mal llamada Ley de Justicia y Paz, la cual en seis años de vigencia sólo ha condenado la asombrosa suma de cuatro criminales.
En ese mismo periodo de tiempo estas estructuras beneficiarias del simulado indulto asesinaron o desaparecieron a más de 207.000 personas, según un informe de la Fiscalía conocido en enero de este año.
Sin embargo el gobierno, sin el menor rubor, niega que se trate de un indulto argumentando que los beneficiarios de la ley pagaran sus pecados pero sin ir un solo día a la cárcel.
Con argumentos que ofenden la inteligencia, Alejandro Eder, de la Alta Consejería para la Reintegración argumentó que “Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”.
Con la nueva ley de impunidad se deberán suspender las órdenes de captura y las ejecuciones de las condenas que se estén llevando a cabo en la justicia.
Otros argumentos falaces que esgrime el gobierno haciéndolos ver como ‘condiciones’ para acceder a los beneficios de la nueva ley, son entre otros:
Estar activos o culminar formalmente el proceso de reintegración que lidera la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización, firmar un papel en el que se compromete a contribuir con la verdad histórica y la reparación.
Es iluso pensar que los criminales a quienes se les ha garantizado incondicionalmente la impunidad de sus atrocidades van a contarle voluntariamente la verdad al país.
Por el contrario la ley estimula la proliferación de las estructuras criminales que saben de antemano que el trabajo sicarial al servicio multinacionales, ganaderos, palmicultores, terratenientes, militares, empresarios y narcotraficantes, entre otros beneficiarios de la estrategia paramilitar, va a gozar de impunidad.
http://notimundo2.blogspot.com/2011/06/parauribismo-gobier
