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| Ex-General Otto Pérez Molina |
En Guatemala, ese olvidado país de América Central del que en la prensa mundial sólo se habla cuando hay alguna catástrofe natural, o cuando se mencionan la pobreza y la violencia crónicas, dentro de menos de dos meses van a tener lugar elecciones generales.
Después de años de cruentas dictaduras militares que marcaron nuestra historia a sangre y fuego por varias décadas, desde hace unos 25 años se ha recuperado la democracia.
O más precisamente dicho: se fueron los militares de la casa de gobierno y nos hemos acostumbrado al rito de ir a votar cada cuatro años. Si a eso llamamos democracia…., mejor nos reservamos los comentarios.
Hasta hace algunos años atrás se decía que estábamos en transición a la democracia; ahora ya no se dice más eso. ¿Será que ya habremos llegado a la democracia plena?
A decir verdad, salvando la guerra monstruosa que nos dejó miles y miles de muertos y que ahora ya no está, o ya no está con esas características al menos (porque la guerra sigue), el país no ha cambiado nada en lo sustancial. 36 años de guerra interna y Guatemala sigue siendo un paraíso para empresas extranjeras y unas pocas familias locales aristocráticas, con el agregado de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos (el 49% de todos los desaparecidos de América Latina).
Además, el racismo visceral que atraviesa de lado a lado nuestra sociedad no ha desaparecido ni un milímetro.
La presencia del imperialismo yanqui sigue siendo total; vale más una orden del Embajador de Estados Unidos que la del propio presidente nacional.
La economía sigue en las mismas poquísimas manos de siempre, con unos pocos y gigantescos grupos de interés que controlan todo, y el Ejército continúa siendo la fuerza de reacción que cuida esos sacrosantos intereses.
Es cierto que luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, la institución castrense bajó mucho su perfil. Pero ahí está, siempre listo para entrar en acción.
El golpe de Estado con apoyo del ejército en Honduras hace dos años nos lo recuerda: los militares siguen siendo el reaseguro de los poderes económicos. Las armas siguen apuntando contra los pueblos.
El próximo 11 de septiembre (fecha emblemática, por cierto: golpe de Estado en Chile y ataque al World Trade Center en Nueva York) son las elecciones generales.
Se elegirá presidente, vicepresidente y se renueva el Congreso de la Nación.
Como parte de toda la fiesta democrática (fiesta que parece más carnaval que otra cosa) se presentan varios candidatos a la presidencia, pero quienes tienen posibilidades reales de ganar son sólo dos: la ex esposa del actual mandatario, Sandra Torres, del partido Unidad de la Esperanza -UNE- (a quien de momento no se le ha dejado inscribir como candidata oficial de su partido abriéndose ahí un interrogante que no está claro cómo puede resolverse), y un ex militar: el general Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP, y cualquier asociación que quisiera hacerse con la fuerza política de igual nombre que llevó al poder a un neofranquista en España… ¡es acertada!).
Estas líneas intentan hacer saber al mundo quién es este último candidato, el militar acusado de crímenes de lesa humanidad, y también vinculado al crimen organizado.
Como militar activo, Pérez Molina participó en la guerra contrainsurgente estando destacado en la zona de Quiché, las más golpeada durante el conflicto armado.
Durante los peores años de la sangrienta carnicería que fue esa guerra civil, su accionar en esa región de raíces profundamente indígenas fueron memorables… ¡por lo asesino!
Se le conocía con el pseudónimo de “Capitán Fosforito”, dado que era muy dado a mandar quemar las casas de las aldeas que arrasaba.
Ahora, varias décadas después, promete “mano dura” para terminar con la violencia delincuencial que asola el país.
Lo curioso, o trágico, o patético, es que mucha gente, incluso de la zona de guerra donde condujo esos operativos de masacres, va a votar por él.
La delincuencia está en un nivel insoportable y la promesa de “mano dura” convence a muchos. Pero… ¡cuidado!
El pasado 16 de mayo decenas de personas manifestaron ante el Departamento de Estado en Estados Unidos para oponerse a la visita del general Otto Pérez Molina a Washington y exigir que se le revoque la visa por “genocida, represor y asesino”.
Para que el militar y candidato presidencial pueda ir a la cárcel, esta acusación en Washington hay que demostrarla en los tribunales; pero, en política, de no demostrarse lo contrario, la acusación seguirá en pie.
Estados Unidos puede no solamente negarle la visa y congelar sus activos en bancos estadounidenses sino que, de salir electo en las próximas elecciones, puede cerrarle las puertas al gobierno de Guatemala.
De manera que el general Otto Pérez Molina debe responder satisfactoriamente las siguientes preguntas que surgen sobre su pasado.
En primer lugar, según consta en documentos inobjetables, durante la pasada guerra civil Otto Pérez Molina se desempeñó en el departamento de Quiché, lugar en el que se cometió el número más alto de masacres de campesinos indígenas (344, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-, de la ONU).
¿Qué papel jugó allí Pérez Molina?
¿Dio o recibió órdenes, o ambas cosas?
¿Qué responsabilidad tuvo en la definición y ejecución de la política de genocidio y tierra arrasada?
¿Estuvo en la nómina de pago de la CIA como afirmó Alain Nairn?
En segundo término, se le acusa de haber tenido que ver con la muerte de dos guerrilleros del movimiento insurgente, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-: el Comandante Everardo, sometido a tortura por mucho tiempo, y Mincho, quien fue el último de los 45,000 detenidos-desaparecidos durante el conflicto.
¿Participó Pérez Molina en la decisión sobre la eliminación de estos dos prisioneros pese a que estaban protegidos por los Convenios de Ginebra?
Más recientemente, el escritor guatemalteco Francisco Goldman sostiene en uno de sus libros que Pérez Molina tuvo responsabilidad en el asesinato del Obispo Juan Gerardi (director del Proyecto “Guatemala: nunca más”, libro que denuncia, igual que la CEH, las barbaridades cometidas en la guerra) y/o en su encubrimiento.
¿Fue Pérez Molina parte de la conspiración o supo de ella con anticipación al crimen?
¿Permitió él que los autores materiales e intelectuales escaparan de la justicia?
Finalmente, una nueva pregunta: ante la ola de violencia que azota al país, ¿por qué el general Pérez Molina no ha propuesto como solución sino lo de “mano dura”?
¿Contribuye la violencia a sus aspiraciones?
¿Qué vinculación tiene él con esa ola, que pomposamente dice va a combatir con “mano dura”?
No se pueden ignorar estas preguntas.
Al ex presidente Alfonso Portillo (ahora detenido por actos de corrupción) se le cuestionó firmemente antes de su elección en el año 2000 por la muerte de una persona en Chilpancingo, México.
Con Pérez Molina hablamos de la responsabilidad colectiva asumida por el Ejército por los 200,000 muertos y los 45,000 desaparecidos en sus operaciones de contrainsurgencia y el asesinato del Obispo Gerardi, el más impactante crimen después del conflicto.
No se pueden olvidar estas víctimas y, en tanto no haya justicia, los victimarios son imperdonables.
¿Necesita Guatemala más “mano dura”, o se trata de otro tipo de respuestas la que podrían arreglar algo la caótica situación nacional?
Complementando todo lo anterior, es importante mencionar también que su figura no sólo está ligada a la represión sino también al crimen organizado.
El principal artífice de la reducción del Ejército en estos años de post conflicto ha sido el general Otto Pérez Molina, ya que los Acuerdos de Paz establecen una reducción de la institución del 33% y no del 66% como se realizó a principios del presente gobierno, acción dirigida en ese momento por el candidato presidencial en cuestión.
Lo anterior denota un debilitamiento planificado minuciosamente con la finalidad de que el Ejército no posea la capacidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Prueba de ello es el trasiego de droga persistente en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén, paso obligado hacia el vecino país de México.
Con esa bien pensada reducción no existen bases militares estratégicamente ubicadas para poder combatir el trasiego de drogas.
Por lo pronto, varios son los carteles mafiosos que aprovechan esta situación. “El sindicato” es uno de ellos, conformado por la promoción ‘73 de la Escuela Politécnica (escuela militar de oficiales), liderado por Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.
De estas estructuras hacen parte otros oscuros personajes como:
Cristian Ross: empresario con oficinas en el lujoso edificio Géminis, en la zona 10 capitalina. Durante el tiempo que estuvo en la Superintendencia de Aduanas, a través de los hermanos Leal (cuñados de Pérez Molina) afianzaron nuevamente la red de contrabando y narcotráfico dirigida por Alfredo Moreno y conocida como red Moreno.
Las personas que se contrataron durante el período de Ross al frente de la Aduana para retomar el control constituyen la mafia conocida como “El Sindicato”, y fueron, entre otros: Miguel Ángel Castillo, Lucila Cajas, Jaime Valenzuela, Rigoberto Chacaj Soc, Jaime Turcios Lorentti y Jorge Jordán.
Roxana Baldetti (candidata a vicepresidente junto a Pérez Molina): sobrina del ex presidente Jorge Serrano Elías (actualmente autoexiliado en Panamá luego de un autogolpe de Estado al estilo Fujimori) fue la encargada de censurar a la prensa a la caída del gobierno de su tío.
Fue denunciada por el propio Pérez Molina cuando fungía como Jefe de Estado Mayor Presidencial por el robo del equipo de la Secretaría de la Comunicación de la Presidencia.
Con favores sexuales se convirtió en la amante de Pérez Molina (y lo sigue siendo hasta la fecha), logrando con esto que no se siguiera el trámite de la denuncia por robo que aun está vigente. Públicamente ha sido denunciada por el señor Ariano por amenazas al éste requerirle una deuda que le tiene de su propiedad.
Como diputada fue la responsable, conjuntamente con Oliverio García Rodas, de cambiar el fondo de la Ley Contra el Crimen Organizado, la cual tuvo que ser vetada por el Poder Ejecutivo, ya que fortalecía a los narcotraficantes y al crimen organizado.
Jorge Hernández: ex guerrillero, conocido con el pseudónimo de Rafa, trabajó para la G-2 (inteligencia militar) en la guerra psicológica contrainsurgente.
Sus vínculos con el Ejército al salir de la guerrilla los fortalece con el coronel Fernández Ligorrila y con el coronel Jacobo Salam Sánchez.
Con el primero forman una red de robo de vehículos vía Honduras, cuando éste era sub-Director de la Policía Nacional.
Es uno de los vínculos operativos actuales del Partido Patriota para generar acciones de desestabilización del Estado.
Como ejemplo de ello puede mencionarse la muerte de los conductores de buses de transporte público que se viene dando desde inicios del 2008, al asumir la actual administración de Álvaro Colom, con el objetivo de generar un clima de ingobernabilidad que facilite y contribuya al mensaje de su campaña de “mano dura”.
Alejandro Sinibaldi: ejecutivo del proyecto turístico “Amatique Bay”, ubicado en el departamento de Izabal, quien es testaferro de Gustavo Saravia, a su vez responsable de la estafa a miles de inversionistas en ese proyecto.
Además Saravia era uno de los mayores accionistas del banco de Comercio contra quienes existe un proceso judicial por la estafa a sus inversionistas.
De igual modo se le vincula en Izabal con los hermanos Mendoza, quienes son ampliamente conocidos por narcotraficantes de esa región logrando con esto acuerdos necesarios para el financiamiento de la campaña presidencial de Pérez Molina, la cual ha consumido hasta la fecha aproximadamente cerca de diez millones de dólares según sus propias declaraciones.
Julio Godoy: entrenado por la inteligencia militar G-2 y en la República Socialista de China en inteligencia y contrainteligencia.
Igualmente es miembro del llamado “Archivo” (otro grupo paralelo de poder surgido a la sombra del Estado contrainsurgente) bajo las órdenes del entonces coronel Bustamante, hoy en día general. Especializado en escuchas telefónicas e infiltración en diferentes estructuras y experto en campañas de desinformación; tal es el caso cuando maliciosamente se pretendió involucrar al hijo del ex presidente y actual alcalde de la capital, Álvaro Arzú, con el asesinato de Monseñor Gerardi.
Actualmente se ha intentado infiltrar en la UNE a través de Fernando Monroy y Alfredo Mirón.
Ha mantenido una estrecha relación con Waldemar Lorenzana (reconocido narcotraficante del departamento de Zacapa); asimismo guarda una sólida amistad con Arnoldo Vargas, actualmente preso por narcotráfico en los Estados Unidos.
La relación de este personaje con Otto Pérez Molina nace a su paso por la G-2 y en el Archivo; ambas dependencias estaban bajo el mando del general ahora candidato presidencial.
Giovanni Pacay: coronel del Ejército, miembro de la Dirección de Inteligencia conocido con el pseudónimo de Bartolo en las operaciones clandestinas.
Miembro de la organización del narcotráfico con operaciones en Alta Verapaz.
Inicia sus relaciones con el narcotráfico a través de Gálvez Peña, debido a que su prima era la amante de éste. Participa en la ejecución extrajudicial, en disputa para tomar mayor control del narcotráfico en dicho departamento, conjuntamente con los hermanos Frías, Otoniel Turcios Marroquín, alias “El Loco” y de Walter Overdick Mejía, alias “el Tigre”, todos testaferros de Otto Herrera, apoyados legalmente por Oliverio García Rodas, según investigación ubicada en medios de comunicación.
Participó conjuntamente con Otto Pérez Molina cuando éste era Jefe del Estado Mayor Presidencial en el robo de dos millones de dólares en una operación de narcotráfico donde se captura al mexicano Chapo Guzmán, para facilitar las operaciones de otros carteles de México.
Pacay es la persona encargada entre el Partido Patriota de llevar a cabo la parte operativa con capacidad de montar escenarios de violencia, disturbios y de sedición, asociado con los cuerpos de inteligencia para manejar a las pandillas juveniles, por medio las que han asesinado sistemáticamente a los choferes de buses.
Esto lo realiza dentro del partido con el apoyo del coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, miembro del Estado Mayor Presidencial en la época de Pérez Molina.
No es ninguna novedad que cada vez más el crimen organizado y diversas mafias (¿qué son, si no, los grandes bancos, Wall Street, los fabricantes de armas?) manejan las estructuras de los Estados.
Esto sucede no sólo en las “repúblicas bananeras”, sino también en las prósperas potencias del Norte.
Pero vale la pena alertar sobre la que se puede venir próximamente en Guatemala.
La derecha tradicional ve en la candidatura de Sandra Torres un peligro, por cuanto tiene un discurso tibiamente socialdemócrata con visos populistas.
Por el contrario la figura del general Otto Pérez Molina le asegura toda la tranquilidad que necesita para seguir con esta “democracia” asentada en el silencio y la resignación de las grandes masas populares.
El presente documento intenta transmitir estos datos para hacer abrir los ojos a los votantes sobre la que nos puede esperar si gana el general:
¿queremos que un genocida y narcotraficante nos gobierne?
