El asesinato de otros tres campesinos hondureños en el Valle del Aguán incrementó la tensión en la zona, donde en los últimos meses más de 30 personas murieron como consecuencia del conflicto de tierras.
Aunque, según los terratenientes, los labriegos murieron este fin de semana en un enfrentamiento con guardias de seguridad que invadieron sus fincas, el director del Instituto Nacional Agrario, César Ham, desmintió la versión y propuso al gobierno un desarme general en la región.
“No ha existido ningún enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad, lo que sucedió fue un asesinato premeditado en una emboscada perpetrada por desconocidos”, denunció el funcionario.
En el Valle del Aguán existe un conflicto desde la década del 90, cuando tres empresarios se apropiaron de manera fraudulenta de terrenos en esa fértil región norteña.
En abril de 2010, el Gobierno firmó un acuerdo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), en el que se comprometió a entregar a las familias allí asentadas tres mil hectáreas de tierra sembradas de palma africana y tres mil sin cultivar.
También prometió el Ejecutivo la entrega de otras cinco mil hectáreas a los labriegos en el plazo de un año, con la condición de que no podían ser nunca garantía de comercialización, ni vendidas en ninguna circunstancia.
Pese a los esfuerzos para solucionar el problema, el pacto no se ha cumplido porque las negociaciones con (latifundista Miguel) Facussé han sido infructuosas, dijo Ham.
Según estimados, por el conflicto en el Valle del Aguán muere una persona cada 21 días.
Dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular en el departamento de Colón denunciaron la continuidad de los secuestros, persecución y asesinatos contra familias asentadas en la zona y exigieron al gobierno una solución definitiva al conflicto.
Aunque, según los terratenientes, los labriegos murieron este fin de semana en un enfrentamiento con guardias de seguridad que invadieron sus fincas, el director del Instituto Nacional Agrario, César Ham, desmintió la versión y propuso al gobierno un desarme general en la región.
“No ha existido ningún enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad, lo que sucedió fue un asesinato premeditado en una emboscada perpetrada por desconocidos”, denunció el funcionario.
En el Valle del Aguán existe un conflicto desde la década del 90, cuando tres empresarios se apropiaron de manera fraudulenta de terrenos en esa fértil región norteña.
En abril de 2010, el Gobierno firmó un acuerdo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), en el que se comprometió a entregar a las familias allí asentadas tres mil hectáreas de tierra sembradas de palma africana y tres mil sin cultivar.
También prometió el Ejecutivo la entrega de otras cinco mil hectáreas a los labriegos en el plazo de un año, con la condición de que no podían ser nunca garantía de comercialización, ni vendidas en ninguna circunstancia.
Pese a los esfuerzos para solucionar el problema, el pacto no se ha cumplido porque las negociaciones con (latifundista Miguel) Facussé han sido infructuosas, dijo Ham.
Según estimados, por el conflicto en el Valle del Aguán muere una persona cada 21 días.
Dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular en el departamento de Colón denunciaron la continuidad de los secuestros, persecución y asesinatos contra familias asentadas en la zona y exigieron al gobierno una solución definitiva al conflicto.
