A las denuncias sobre la pasividad del expresidente Álvaro Uribe sobre los colombianos desaparecidos durante sus ocho años de mandato (apenas se investigaron seis casos entre decenas de miles), se unió esta semana el procesamiento “por concierto para delinquir agravado” de su mano derecha Bernardo Moreno.
La Fiscalía le acusa de ordenar seguimientos y escuchas ilegales contra jueces, periodistas y opositores políticos detrás de las cuales al menos eso piensa todo el mundo en Colombia estuvo la mano del propio Uribe.
El proceso contra el antiguo Secretario General de la Presidencia se ha unido al de la antigua Directora de los Servicios Secretos (DAS), María del Pilar Hurtado, que dependía directamente de Uribe.
El propio expresidente aconsejó a Hurtado huir a Panamá, donde pidió asilo para eludir a la Justicia colombiana y a donde llegará en los próximos días una circular de Interpol pidiendo su captura.
La exjefa de los servicios secretos cuenta en Panamá con el apoyo de un íntimo amigo de Uribe, el presidente Ricardo Martinelli, que ya ha anunciado que se va a negar a la extradición.
“Una organización criminal”
Según el auto de la fiscal federal de Colombia, Vivian Morales, desde sede de la Presidencia se había orquestado una “organización criminal para llevar a cabo un complot contra la Corte Suprema de Justicia” tratando de desprestigiarla mediante seguimientos y escuchas ilegales.
Estas escuchas incluyeron la grabación de sus sesiones a cargo de la detective apodada Mata Hari, a quien se indicó que el presidente quería conocer el contenido de las deliberaciones del tribunal.
En esas fechas se había incoado el proceso contra su primo Mario Uribe, condenado ya a siete años de cárcel por paramilitarismo.
Según el sumario, las operaciones orquestadas por los colaboradores más cercanos a Uribe incluyeron visitas a la Presidencia de notorios paramilitares, como el abogado Antonio López, Job, enviado por Don Berna uno de los capos más sanguinarios de Medellín, que aparecería asesinado poco después en extrañas circunstancias.
Según destaca la revista Semana “en los últimos días la suerte en el terreno judicial no parece sonreírle a Uribe. Ya son 14 los altos funcionarios de su Gobierno con investigaciones abiertas: cuatro de los ministros más cercanos, cuatro de sus directores del DAS y seis miembros de su sanedrín”.
Fuente: publico.es
