No bastan movilizaciones masivas para detener la violencia estatal y sus correlatos mafiosos como el narcotráfico. No bastan 40 mil muertes, 16 mil secuestros y 6 mil desapariciones forzadas para declarar que en México se vive y muere en guerra.
No bastan las denuncias mundiales sobre la catástrofe que sume a aquel país integrado-subordinado al sur de los Estados Unidos desde 1994 con el TLC, y profundizado en 2005 con la ASPAN.
Hace falta más y más creatividad, organización civil y movilizaciones regionales y mundiales para frenar la barbarie.
Para los Estados Unidos, en cambio, es urgente abrir otro teatro de operaciones militares y guerreras en el sur de México y en la región que es considerada, según el departamento de Estado, la más peligrosa del mundo: el triángulo entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
Diseñar “un conflicto bélico” para cumplir con las metas planteadas para la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y reposicionar su hegemonía en la región latinoamericana que fue perdiendo en los últimos años, es prioridad para el stablishment gringo.
Si no lo logró con el ALCA, lo hará con el paraguas de la seguridad y el discurso de “los enemigos potenciales de las democracias”. Comienza así la estratégica guerra global de intereses.
El jefe del Comando Sur (Southcom), Douglas Fraser, instó recientemente al gobierno de Felipe Calderón a abrir en la frontera sur de México un frente de guerra contra el narcotráfico y controlar, a partir de políticas regionales, el corredor del Istmo bajo el pretexto de ser el área de mayor tráfico de drogas, el ochenta por ciento, que llegan a los Estados Unidos. El estratega militar sostuvo:
“ El Triángulo norteño de Guatemala, El Salvador y Honduras es la zona más letal del mundo fuera de las zonas de guerras activas”.
Esto significa, en coordenadas militares, que la región está identificada como eventual zona de guerra. Sí, extender la guerra que padece México hasta Centroamérica.
No se trata de la guerra contra un difuso enemigo interno, sino la guerra contra “las corporaciones transnacionales del crimen organizado”, nos dicen los representantes del Pentágono; se trata de “una guerra definitiva para acabar de raíz el mal”, que no ha podido acabar el gobierno mexicano.
Pero en realidad se trata de una guerra regionalizada, sin fronteras ni códigos militares clásicos, en la cual los que pierden son, sobre todo, civiles, gente inocente, en esta zona lastimada por el intervencionismo estadunidense de antaño y quienes ganan son los que financias las guerras, trafican armas, negocian rutas de dinero y tráfico de drogas con altos dividendos.
Según un cable de la Agencia AFP fechado el pasado 15 de abril, jefes militares de los Estados Unidos y Canadá asistieron a una reunión sobre seguridad en la frontera sur de México.
Participaron los gobiernos de México, Guatemala y Belice. Trataron temas de narcotráfico, tráfico de personas y políticas de seguridad conjunta. Los acuerdos y resultados fueron considerados secretos y, con ello, se dio otro paso más hacia la estrategia de dominación vía la militarización.
La región ya vive, en los hechos, el escalamiento de operaciones castrenses. Desde 1994, en el estado de Chiapas, fueron desplegados sistemáticamente al menos 40 mil efectivos del ejército mexicano con el objetivo de acabar con la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Las tropas militares han realizado movimientos dinámicos, acciones coordinadas encubiertas, inteligencia y cobertura a los grupos paramilitares para socavar la organización social de las comunidades indígenas en los Altos, Selva y Norte de la entidad al sur de México.
Además, la región costa y fronteriza, experimenta, según las necesidades políticas del momento, el patrullaje sistemático de la policía de migración que persigue y reprime a los caminantes de Centro y Sudamérica.
A partir del llamado reciente de la DEA y el Departamento de Estado a militarizar la frontera, se crearon dos bases militares con 1200 efectivos.
Un cinturón de contención supuestamente para la lucha contra el crimen organizado en una de las fronteras más vulnerables para la población civil de paso, migrantes que en su desesperación por encontrar salidas a su pobreza, caminan por esta zona.
En Guatemala, se viven estados de excepción, suspensión de las garantías individuales, en zonas consideradas peligrosas. En diciembre de 2010 y enero de 2011, el ejército ejecutó la medida en Alta Verapaz, frontera con México, al señalar actividades del crimen organizado trasnacional.
En Honduras, un golpe de Estado en 2009 dio la concentración del poder real a las fuerzas armadas. Crímenes de lesa humanidad son realizados todos los días bajo la sombra del cuestionado gobierno de Porfirio Lobo.
En El Salvador, las acciones delincuenciales de las pandillas justifican las acciones de los militares en las calles.
Como colofón, el gobierno de los Estados Unidos anunció por medio del Presidente Obama la canalización de 200 millones de dólares para temas de seguridad en la región centroamericana.
En síntesis la zona, el sur de México y el “triángulo letal” de Centroamérica, ya cuenta con una considerable presencia militar y de agencias, internas y externas, que prefiguran un nudo de seguridad regional bajo la orientación del departamento de Estado, y una zona altamente vulnerable donde se podrían desencadenar enfrentamientos como los que ahora se viven en el norte de México.
Durante cuatro días, la población civil mexicana comenzó a perder el miedo y salir a las calles en varias localidades del país con el fin de demandar el fin de la guerra, la cancelación de la estrategia militarista de Felipe Calderón ante el problema del narcotráfico.
Llamaron a refundar la nación a partir de un nuevo pacto social donde se trate el tema de las drogas como un problema de salud pública, combatir las raíces económicas del crimen organizado y sus ligas con el poder financiero y político, la aplicación de una política social de emergencia para los jóvenes y una reforma democrática.
Es urgente el despertar de la sociedad civil en nuestra región. Es urgente un movimiento social de alcances regionales para evitar las consecuencias que pueden estallar en poco tiempo.
