Romualdo Retamal Maureira....
La llamada “libertad de expresión”, fundamentada en el libre mercado y la propiedad privada de los medios, constituye una de las más grandes rapacerías del capitalismo occidental.
Recordando un poco su historia, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reza:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
A su vez, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teóricamente, garantiza:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
El artículo 3° del Pacto Internacional protege precisamente uno de los enunciados jurídicos más antidemocráticos de las oligarquías del mundo occidental (salvo algunas respetables excepciones) que versa sobre el sacrosanto concepto de la libertad de expresión.
El concepto se funda en lo que escribió en el Digesto el jurista romano Ulpiano: Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi et injusti scientia, que significa: Jurisprudencia es la noticia o conocimiento de las cosas humanas y divinas, así como la ciencia de lo justo y de lo injusto.
Es decir, la jurisprudencia y el derecho romano –una disciplina exclusiva de los aristócratas- saltaron a todas las escuelas de leyes de occidente y a todos nuestros países. Junto con sus enfermedades venéreas, los conquistadores nos trajeron sus leyes -y su religión- para perpetuarlas en las cátedras de derecho de nuestras poco democráticas sociedades surgidas tras las gloriosas guerras de independencias contra el yugo español, británico, portugués y francés.
La sagrada propiedad privada de los medios
A medida que el capitalismo se apoderaba de occidente (incluida América) surgió la sagrada propiedad privada, otro concepto vital para los creadores del capitalismo, las monarquías y oligarquías occidentales y criollas que ya habían logrado cimentar sus países a fuerza de banderas, fronteras y sangre aborigen.
La organización social que más aplaudió esta revolucionaria visión de progreso fue la venerable Iglesia Católica Apostólica Romana.
El derecho a la libertad de expresión es defendido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración.
Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.
Fue uno de los pilares de la guerra de la independencia de EEUU y de la revolución francesa, hechos que remecieron a las cortes de los demás estados occidentales.
La alusión más clásica a la libertad de expresión del capitalismo internacional la podemos encontrar en los juristas estadounidenses Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, quienes acuñaron el argumento del “Mercado de Ideas”.
Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el “mercado”.
Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (supuestamente, gracias a la “libertad de expresión”), los individuos apreciarían qué ideas son verdaderas, falsas o relativas.
Este argumento ha sido criticado por pre asumir que cualquier idea cabría en el “mercado de ideas”.
Y aún así, aquellas ideas que tengan mayores medios de difusión se impondrían sobre otras, al margen de la verdad. Aún más: tras la teoría del “mercado de ideas” existe la asunción de que la verdad se impone sobre la falsedad.
Para los detractores está demostrado que los prejuicios se imponen a menudo sobre la verdad, y cuando ésta llega a imponerse ya muchos han sufrido la represalia del “mercado de las ideas”, a veces de una manera brutal y despiadada.
Esto se ha visto muchas veces, por ejemplo, en graves daños a la imagen de personas o sociedades antagónicas al capitalismo y a la tiranía del llamado “cuarto poder”.
Efectivamente, medios de comunicación, periódicos y la televisión, con la complicidad de “periodistas” que sirven a sus amos y a su ideología, han llegado a tener el poder de poner o sacar presidentes y fomentar guerras y sangrientos golpes de estado mediante la mentira, la tergiversación y la injuria.
Incluida América Latina, nuestros pueblos tercermundistas conocen bastante de esta práctica delictiva amparada por mercaderes inmorales de la “información”.
Entre los ejemplos emblemáticos está la implicación de los medios en el golpe a Salvador Allende, liderado por El Mercurio y su red de diarios -que hasta hoy representan la aplastante mayoría de la prensa escrita privada de Chile-, más otros medios escritos y el pontificio Canal 13 de TV, perteneciente al Vaticano y a la Santa Iglesia Católica chilena, y ahora en 66% al grupo Luksic.
Asimismo, en el golpe a Manuel Zelaya, en Honduras, se involucró el 99,9% de los medios privados y el 100% de la TV. El golpe frustrado en la Bolivia de Evo Morales, con el apoyo del 98% de la prensa, incluyó a todos los canales privados.
También el golpe frustrado a Rafael Correa en Ecuador, apoyado por toda la prensa escrita de derecha y el 99,9 % de las televisoras privadas, y el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías, que en los hechos no sólo fue apoyado sino protagonizado por el 100% de la prensa privada y de los canales de TV.
Parar el terrorismo mediático
También conocemos organizaciones terroristas de la información. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que aglutina a los grandes diarios de EEUU y América Latina en una asociación patronal mafiosa, aliada a toda la telaraña mediática de las corporaciones transnacionales planetarias alineadas bajo la batuta de EEUU. La SIP es protegida por todos los gobiernos capitalistas neoliberales o fascistas de la región.
Estamos conscientes que en las sociedades “modernas” las actividades de sus ciudadanos, sean empresariales o particulares, están todas normalizadas.
Es decir, están reguladas por leyes que rayan la cancha a cada una, quedando además establecidas en las constituciones de cada país, haciendo por esta razón, poco comprensible la noción de hombres libres que con tanto orgullo declaran (casi siempre en sus primeros articulados) las cartas magnas de los países “democráticos” de occidente.
Pero ¡qué extraño!, qué paradójico, qué extravagante, qué misterioso: La actividad humana de las empresas privadas de comunicación e información (prensa y televisión) es la única que se excluye del rayado jurídico de la cancha, tan necesario para la democracia social.
Un humano lúcido y consciente de sus derechos y deberes no puede considerar que la declaración de la ONU, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea la panacea de la democracia ya que allí falta lo fundamental: la responsabilidad social que lleva consigo esta actividad humana y las necesaria sanción económica e incluso la caducación de la concesión asignada de un segmento del espectro radioeléctrico a los medios de comunicación privados y/o estatales que al traficar con la mentira traicionan así la necesaria neutralidad y pluralidad frente a los hechos noticiosos, sean políticos o sociales, que ocurren en el mundo, sin dejar de lado que muchas “noticias” son ignoradas por la censura.
Es decir, estos medios de información se echan al bolsillo el derecho humano a ser informado de manera oportuna, veraz y plural.
Para este periodista, el cáncer que representa para la humanidad el “cuarto poder”, y toda su batería ideológica, necesariamente pasa por una impostergable legislación democrática abocada a poner justicia y sentido común al escandaloso problema de la (des) información masiva en el mundo global de los mass media.
La democratización del derecho a la información verdadera y neutral pasa por la absoluta necesidad de prohibir la propiedad privada de cualquier medio de comunicación masivo que se difunda utilizando el espectro electromagnético de una nación, porque este bien no es propiedad de una persona privada, ni de un consorcio, ni siquiera de un gobierno: pertenece a todos los ciudadanos, al igual que las riquezas naturales de la tierra donde nacieron.
Debería abolirse la propiedad privada de los medios de comunicación masivos -prensa y televisión incluidos- privilegiando, en cambio, la propiedad de grupos organizados de la sociedad, organizaciones regionales, comunitarias, universidades, grupos culturales, partidos políticos, etc.
Es decir, ese derecho debería otorgarse a voces colectivas y no a personas privadas, o consorcios de “accionistas”, la mayor parte invisibles para la opinión pública.
La ley debe castigar o multar severamente la estratagema “cazabobos” que utilizan los medios privados de información, tanto en la prensa escrita como en la TV privada, al utilizar personas o “analistas” (evidentemente seleccionados por ellos mismos) para dar su opinión sobre temas de especial interés para el dueño (s) del medio informativo, haciendo decir a este invitado especial lo que no puede proclamar el amo del medio, ya que su ideología antidemocrática quedaría al descubierto.
Entonces, usando esta estratagema cazabobos se escudan bajo el manto sagrado de la libertad de opinión, cuando en realidad se están mofando descaradamente del derecho de las personas a una información plural y verdadera, o sea, a mostrar en el mismo espacio las dos caras de la información, como dicen en la jerga periodística.
Es tanta la desvergüenza en la utilización de este cazabobos que no sólo se llega al extremo de injuriar personas y gobiernos, y a mentir descaradamente, sino que a proferir elegías al fascismo, al odio racista e instigar a la violencia y a los golpes de estado, llamando incluso a asesinar políticos y al propio Presidente de la República democráticamente elegido.
Los países seudo-democráticos del capitalismo aliado a las oligarquías internacionales amparan toda esta basura se en la protección del derecho a la libre expresión y opinión.
Para hacer realidad la democratización de esta injusticia irracional e irrefutable sólo se necesita voluntad política para cambiar la ley sobre este espinoso asunto, aunque sea utilizando un plebiscito nacional donde los ciudadanos puedan aceptar o rechazar el proyecto de rectificación democrática propuesto.
Y para que todos vean que esto va en serio, habría que crear un ministerio, con fiscales e investigadores, que podría llamarse Ministerio contra el Crimen Organizado en la Información Pública.
Romualdo Retamal Maureira, periodista chileno residente en Canadá.
