FABÍAN PENA / REBELIÓN – La negativa del Poder Ejecutivo argentino a participar en actividades de cooperación internacional con los Estados Unidos en antiterrorismo, narcoterrorismo y situaciones de crisis con rehenes, develaron la aún vigente intervención estadounidense en instituciones claves del país.
Los recientes acontecimientos evidenciaron hasta que punto llegó la penetración de Estados Unidos en los organismos de seguridad del Estado donde, de acuerdo a lo publicado en varios medios, algunos miles de agentes fueron capacitados y entrenados para asimilar la teoría y praxis de las Fuerzas Armadas que invadieron Irak y Afganistán o promovieron golpes de estado en varios países de la región latinoamericana.
La matriz del conocimiento formateado desde el Norte sobre los funcionarios de los diferentes poderes del Estado se va difundiendo y hegemoniza la doctrina que una vez instalada se torna discurso único y es difícil desarticular. Las tendencias en materia de Salud, Educación o Medio Ambiente provenientes de los países centrales se transforman, en ocasiones, en las respuestas a problemas reales del Sur (muchas veces generados por intereses transnacionales) aplicando soluciones impuestas por los intereses de los países en que se recibió la capacitación y el entrenamiento.
Esas respuestas son consideradas como naturales y lógicas ante la falta de conocimiento e información propios generados desde nuestros organismos nacionales.
FBI (Federal Bureau of Investigation), DEA (Drug Enforcement Administration) u organismos internacionales controlados por los Estados Unidos como los de aduanas-WCO/OMA- (World Customs Organization), propiedad intelectual-WIPO/OMPI-(World intellectual Property Organizatión), salud- WHO/OMS (World Health Organization)-, agricultura-FAO, comercio-WTO/OMC, finanzas-IMF/FMI (International Found Monetary) o WB/BM (World Bank)- o educación -UNESCO-son expresiones decadentes de un sistema de administración de la vida humana alejadas de las actuales necesidades de las poblaciones en los países del Sur.
La colonización y cooptación de funcionarios de forma abierta o mediante variados y sutiles mecanismos de control desplegados desde el Norte es una práctica habitual en Latinoamérica y El Caribe. A veces, los propios mandatarios son bloqueados a la real información que sus colaboradores más cercanos, formados en organizaciones o universidades de países centrales, le suministran como insumos para la toma de decisiones.
La información revelada a partir de filtraciones de medios alternativos menciona la capacitación de jueces argentinos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura: una muestra más de la intromisión de ese gobierno sobre los poderes de otro Estado soberano.
“Una delegación de quince jueces argentinos participó en Estados Unidos de un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual en agosto de 2008. También lo hicieron 10 jueces en 2009 y no hay un cálculo de cuantos asistieron en 2010, esto da cuenta de la injerencia de un Estado en asuntos internos de otro”.De acuerdo a la información el Departamento de Estado presionó en los últimos años para que las embajadas se dedicaran a “patrullar” los juzgados donde las empresas estadounidenses habían entablado demandas por presunta piratería de programas de software, cinematografía, música y medicamentos”. Estas industrias son de especial interés para el departamento de Estado pues las empresas norteamericanas obtienen ganancias extraordinarias en estos rubros.
El gobierno de Néstor Kirchner ya había sido conminado sin éxito por el Embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, -destinado por Obama a Afganistán luego del conflicto con el campo y reemplazado por Vilma Martínez), quien hacía permanente lobby en los medios de comunicación (hasta Clarín le dio una estatuilla)- visitando funcionarios de mediano y alto rango y organizando frecuentes reuniones sobre propiedad intelectual [1] , patentes y marcas, intentando introducir o modificar leyes favorables a las empresas de EE UU. Bajo la misión diplomática de Wayne se inició la formaron de jueces argentinos sobre propiedad intelectual en el país del Norte [2] .
Esta injerencia y patrullaje tienen objetivos destinados a mantener los mecanismos de dominación –aunque poco reconocidos como tales- por las sociedades y numerosos gobiernos, si bien han sido denunciados como perjudiciales para los pueblos por algunos especialistas (Stiglist o Chomsky, entre otros) [3] y algunos presidentes (Chávez, Correa, Evo, Lula).
En la Argentina, el “sistema de propiedad industrial” (patentes y marcas) creado por los países centrales a finales del siglo XIX a través del Convenio de París [4] e impuesto a la “periferia” ya había sido incorporado a la constitución liberal de 1853 (Art.17), regulado y controlado por tratados y acuerdos internacionales (Convenio de París, ADPICs-TRIPs) y leyes nacionales (Ley 24.481 de 1996) promovidas por las transnacionales de las industrias agro-ganaderas, farmacéuticas, biotecnológicas, del software, químicas, electrónicas, etc. fueron instauradas por gobiernos de dictaduras militares a lo largo del siglo XX y durante la década neoliberal del 90. Solo como ejemplo, el Decreto-Ley de transferencia de tecnología vigente se sancionó en el año 1982.
La protección del monopolio del conocimiento incorporado como tecnología a los medios de producción-patentes- y la protección de los mecanismos de consumismo- marcas-son dos soportes del capitalismo global. Las transnacionales que apropian sus ganancias con las industrias de las patentes y las marcas acumulan y fugan remesas creando mercados monopólicos sin transferencia de conocimientos-tecnologías a las sociedades, empresas y trabajadores establecidos en el país al que penetran [5] . De igual forma sucede con las llamadas industrias del copyright norteamericanas: cine, videos, entretenimiento, contenidos de TV, TV por cable, radio o internet que han logrado imponer sus monopolios y leyes en gran parte de los países del mundo.
La adhesión de la Argentina a acuerdos internacionales de propiedad intelectual impulsados por empresas estadounidenses como Monsanto, Pfizer, Dupont, IBM, General Electric y Cargill favoreció la concentración de ganancias extraordinarias. Mediante estos acuerdos se creó un mercado concentrado a partir de 2000 (fecha de entrada en vigencia), un mercado de medicinas cuyos principios o drogas activas son patentadas en el país por la oficina de propiedad industrial, obstaculizando a partir de ese momento el desarrollo de un mercado nacional totalmente autónomo que suministre medicamentos baratos para abastecer a los centros públicos de salud u obras sociales del país. Los costosos medicamentos patentados son el origen de las denominadas “mafias de los medicamentos” (que fijan altos costos a medicamentos esenciales para la vida)
En Argentina -un país medianamente industrializado del continente- de cada 6 patentes solicitadas 1 (una) es de origen nacional y 5 (cinco) son extranjeras [6] , aproximadamente la mitad se refieren a la industria farmacéutica, química, biotecnología y agroindustrias. La tecnología patentada proviene de los países centrales y otorga un monopolio temporal por 20 años. Se gestiona tecnología transnacional que genera ganancias y remesas hacia el exterior. La compra de tecnología con dependencia extranjera y sin transferencia de conocimiento o capacitación atenta contra la soberanía nacional que se pretende alcanzar.
Nuevas percepciones y malos asesoramientos
La presidenta argentina expreso por primera vez su preocupación por el sistema de patentes en 2008 en oportunidad de una reunión de prensa luego del movimiento desestabilizador de los empresarios agro-ganaderos: … “Y yo siempre digo y lo decía el otro día en la cena de las Fuerzas Armadas que siempre declaran patrimonio de la humanidad los recursos naturales, nunca declaran patrimonio de la humanidad, por ejemplo, las patentes medicinales, que también son tan importantes como el agua y otras cosas . En definitiva, creo que tiene que haber una acción conjunta de todos los países de América del Sur y sobre eso estamos charlando los distintos mandatarios y mandatarias de la región”.
La expresión en la mencionada cena fue la siguiente: “Aquí me viene a la memoria algo que dice un amigo mío gobernador de una provincia del Noreste argentino: Viste, Cristina, siempre declaran patrimonio cultural al agua, a los glaciares, a la amazonía, nunca desde allá se declaran patrimonio de la humanidad las patentes medicinales, los remedios, el conocimiento [7] ”
En su segunda mención pública solicitó la suspensión del derecho de patentes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la última Cumbre de presidentes de MERCOSUR en Asunción del Paraguay, que en el marco de la lucha contra la “gripe A/H1N1”, se levante o suspenda el derecho de patentes para la vacuna contra la enfermedad . [1] .
El derecho de patentes nunca fue suspendido a pesar de lo solicitado por la presidenta: el Estado debió ser quien obligara a las empresas poseedoras de las patentes a que, por razones de salud pública, suspendieran el cobro de licencias de fabricación, declarando ante la OMC la medida tomada. En el caso de la gripe A y como agravante, unas pocas empresas en el mundo controlan la tecnología para fabricar vacunas y la OMS fue sospechada de declarar el alerta mundial de máximo nivel para que laboratorios transnacionales aumentaran sus ganancias. [8] Finalmente se anunció la asignación de 50 millones de dólares para que laboratorios transnacionales fabriquen la vacuna en el país.
La tercera mención a tecnologías no protegidas por patentes fue durante la utilización de un sistema basado en software libre para confeccionar el documento nacional de identidad [9] . Este hecho fue otro avance conceptual por parte del gobierno argentino en el intento de independizarse de la utilización de software privativo, pero en Argentina no existe todavía una directiva nacional contundente que obligue a migrar todos los programas utilizados en organismos del Estado argentino hacia el software libre como ocurre en otros países de la región [10] .
Las menciones son acertadas aunque las soluciones no resuelven el problema estructural que señala a la cultura del patentamiento y la concesión indiscriminada de marcas como principales mecanismos de ganancias de las grandes empresas transnacionales creando monopolios temporales que controlan las tecnologías y la comercialización de bienes y servicios desarrollados en otros países, pero consumidos en Argentina. Al mismo tiempo se bloquea el desarrollo de tecnología propia, pues el sistema de patentes es excluyente e impide la apropiación social de nuevos conocimientos. El obstáculo en el acceso a medicinas baratas, el agregado de valor a productos primarios o el acceso a tecnologías que mitiguen el cambio climático son tres ejemplos de la consecuencia de aplicar el actual sistema de propiedad industrial.
En Argentina no se han modificado regulaciones y normativas sobre patentes en la dirección expresada por el gobierno. La colonización de los organismos nacionales, los juzgados y las policías aduaneras, junto al implacable lobby de los grandes estudios de abogados permiten mantener las condiciones propicias para la acumulación de ganancias de las empresas transnacionales y la dificultad del gobierno en avanzar con mayores grados de libertad hacia la soberanía tecnológica no denunciando a la propiedad industrial como otra de las armas de injerencia .
La presidenta argentina solicito esta semana ayuda para llevar adelante las transformaciones necesarias y mejorar la calidad de vida de los argentinos: este ha sido un humilde aporte.
[3] http://lineadevista.lamula.pe/2010/10/16/stiglitz-el-sistema-de-propiedad-intelectual-no-funciona/
[6] http://bd.ricyt.org/explorer.php/query/submit?excel=on&indicators[]=PATSOL&syear=1990&eyear=2008&
