PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA MILITARIZACIÓN
I.- Que la Presidencia de la Republica y la Cancillería han anunciado el restablecimiento de una reserva militar de la fuerza pública, y una unidad de guarda-frontera con entrenamiento militar, como respuesta a la ocupación de “Laguna Portillos” en la ribera sur de la desembocadura del Río San Juan.
II.- Que como resultado de la ocupación nicaragüense del territorio nacional, además de crearse un clima hostil en la opinión pública, propicio al conflicto militar, se ha debatido la iniciativa de ciertos sectores del Gobierno para proponer un impuesto para la defensa nacional. Si bien por el momento, ha sido excluido de las reformas fiscales como anunció el Vicepresidente Lieberman, en declaraciones del Canciller Castro, podría alcanzar entre un 2 y un 4% del PIB.
III.- Que la Embajada de los Estados Unidos ha urgido ante la Asamblea Legislativa la aprobación de los permisos para el ingreso a la zona marítima y las aguas territoriales costarricenses de una cantidad adicional de barcos artillados de la US NAVY, alegando el patrullaje conjunto y la lucha contra el narcotráfico, en momentos en que está presentada también la reforma constitucional para modificar el Artículo 12 de la Constitución Política del país, que amenaza a la interpretación vigente de la prohibición del ejército como institución permanente.
III.- Que la Embajada de los Estados Unidos ha urgido ante la Asamblea Legislativa la aprobación de los permisos para el ingreso a la zona marítima y las aguas territoriales costarricenses de una cantidad adicional de barcos artillados de la US NAVY, alegando el patrullaje conjunto y la lucha contra el narcotráfico, en momentos en que está presentada también la reforma constitucional para modificar el Artículo 12 de la Constitución Política del país, que amenaza a la interpretación vigente de la prohibición del ejército como institución permanente.
IV.- Que la Presidenta de la República y el Ministerio de Seguridad Pública han puesto en práctica nuevos programas de entrenamiento de la policía nacional, con la reciente incorporación de asesores militares adicionales y oficiales de los ejércitos de Estados Unidos, Israel y Colombia, entre otros, al igual que expertos en inteligencia militar en la Base de El Murciélago y el 10 de enero se desalojó “manu militari” con violación de los derechos humanos de 35 familias de la finca “Balastre” en la Teresa de Pococí, porque alli se construirá la nueva sede de la Academia Nacional de Policía, con un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y el equipamiento del Plan Mérida del Comando Sur de los Estados Unidos.
V.- Que se ha redoblado el envío de personal costarricense a múltiples escuelas y academias militares, incluida la Academia Internacional de Policía, que cuando Costa Rica la rechazó, fue establecida en El Salvador, ( ILEA-SOUTH por sus siglas en inglés), y se nombró Viceministro de Seguridad al recién egresado costarricense de Fort Benning, Georgia, ahora llamada WHINSEC, la temida Escuela de las Américas, que originariamente estuviera en Fort Gullick, Panamá.
V.- Que se ha redoblado el envío de personal costarricense a múltiples escuelas y academias militares, incluida la Academia Internacional de Policía, que cuando Costa Rica la rechazó, fue establecida en El Salvador, ( ILEA-SOUTH por sus siglas en inglés), y se nombró Viceministro de Seguridad al recién egresado costarricense de Fort Benning, Georgia, ahora llamada WHINSEC, la temida Escuela de las Américas, que originariamente estuviera en Fort Gullick, Panamá.
POR TANTO SE ACUERDA:
PRIMERO:
Denunciar el inminente peligro de la militarización de Costa Rica y la seria amenaza a perder su status de país desarmado.
SEGUNDO:
Instar al Gobierno de la República y a los organismos competentes nacionales e internacionales, para que se pronuncien y tomen medidas para garantizar que el ejército no será restablecido en Costa Rica.
TERCERO:
Solicitar al Gobierno de Estados Unidos, al Presidente Barak Obama y a la Secretaria del Departamento de Estado Hilary Clinton, que se reconozca nuestra neutralidad activa, perpetua y no armada, y que garanticen que no se utilizarán ni las ayudas financieras, ni los convenios bilaterales ni multilaterales para la militarización del único país en el mundo que se desarmó unilateralmente.
CUARTO:
Propiciar el restablecimiento del diálogo con el pueblo y gobierno de la hermana república de Nicaragua, para que se suspenda de inmediato el Proyecto de Canalización del Río San Juan, y sólo se reinicien los trabajos previo acuerdo binacional que garantice la sostenibilidad ambiental, el resarcimiento de los daños producidos, y el respeto a la conservación de cuenca del río San Juan, bajo la supervisión de los convenios internacionales de proteccion al ambiente y los derechos humanos
QUINTO:
Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas para la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, Centroamérica y el resto del Continente para que se pronuncien en apoyo a esta campaña contra la militarización, por la solución diplomática y no violenta de los conflictos y el respeto a la neutralidad perpetúa, activa y no armada de Costa Rica.
QUINTO:
Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas para la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, Centroamérica y el resto del Continente para que se pronuncien en apoyo a esta campaña contra la militarización, por la solución diplomática y no violenta de los conflictos y el respeto a la neutralidad perpetúa, activa y no armada de Costa Rica.
San José, 18 de febrero, 2011.
