El ex primer ministro británico Tony Blair fue acusado de haber excluido a su fiscal general, Peter Goldsmith, de deliberaciones cruciales sobre la “legalidad” de la guerra de Irak.
Esto se desprende de las evidencias dadas a conocer en la Investigación Chilcot, que retomó las audiencias para esclarecer los hechos previos a la invasión de ese país árabe en 2003, como también de la posguerra.
Gran Bretaña acompañó a Estados Unidos en la invasión a Irak, decidida sin aval de la ONU y anunciada como último recurso ante la posesión del entonces presidente Saddam Hussein de armas de destrucción masiva, acusación que resultó falsa.
Goldsmith, encargado de asesorar en su día al gobierno laborista sobre los aspectos legales de la invasión al país árabe, informó por escrito al panel que encabeza el ex funcionario John Chilcot sentirse “incómodo” con las declaraciones hechas por Blair previo a la invasión.
El ex fiscal general dijo que la sugerencia del por entonces mandatario acerca de que Gran Bretaña podía atacar a Irak aún sin una resolución adicional de Naciones Unidas “no era compatible” con los consejos legales que él mismo le dio al primer ministro.
Goldsmith dijo a Blair el 14 de enero de 2003 que la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la ONU “no era suficiente por sí sola” para justificar la invasión y ataque a Irak.
Pero un día después, el jefe del Gobierno afirmó ante los parlamentarios que aunque una segunda resolución de la ONU era “preferible”, existían circunstancias por las que “no era necesaria”.
Y el 6 de febrero de ese año, Blair declaró a la BBC que si un país vetaba una nueva resolución “sin razón”, entonces el Reino Unido consideraría “una acción fuera del acuerdo”.
Goldsmith precisó que Blair dejó de consultarle “activamente” después de que él le advirtió, cinco meses antes de la invasión junto a Estados Unidos, que una acción de ese tipo violaría el derecho internacional.
También dijo que tanto Blair como el entonces canciller, Jack Straw, lo marginaron de las deliberaciones.
Pocos días antes de la invasión a Irak, Goldsmith cambió sorpresivamente de parecer y aprobó el ataque, aunque en su evidencia negó haber recibido “presiones” políticas o de Downing Street, sede en Londres del primer ministro.
La evidencia se dio a conocer cuando la llamada “Chilcot inquiry”, la investigación actual sobre Irak, reanudó las audiencias después de seis meses, y cuando faltan tres días para que Blair vuelva a comparecer ante el panel de cinco expertos, luego de declarar al respecto en enero de 2010.
El ex primer ministro también será interrogado por el panel de Chilcot acerca de una supuesta garantía que le dio al por entonces presidente estadounidense, George W. Bush, sobre que Gran Bretaña apoyaría a toda costa una invasión a Irak, sin importar si se encontraban o no armas de destrucción masiva o si se debatía o no el tiempo necesario en la Cámara de los Comunes, en Londres.
En tanto, la Investigación Chilcot ya interrogó al ex comandante jefe de la Fuerza Aérea, Glenn Torpy, por su vínculo con el conflicto militar de 2003.
También serán interpelados esta semana el actual secretario del gabinete Gus O’Donnell y su predecesor Wilson de Dinton.
Otros funcionarios que serán llamados a comparecer son Straw, el almirante Michael Boyce, jefe de personal de Defensa de 2001 a 2003, y Andrew Turnbull, quien se desempeñó como secretario del gabinete de 2002 a 2005.
La investigación Chilcot, que comenzó en noviembre de 2009, analiza el papel que jugó Gran Bretaña en los meses previos a la invasión a Irak en marzo de 2003, así como también en la posguerra.
Chilcot tiene previsto presentar las conclusiones de su investigación en el verano boreal.
Ansa
