(PL).. El Gobierno colombiano y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron hoy preocupación ante la posibilidad de que unos 19 mil ex paramilitares retomen las armas, luego de un fallo judicial emitido por la Corte Constitucional.
El alto tribunal determinó que el beneficio de oportunidad mediante el cual los paramilitares podían reinsertarse a la sociedad sin ser procesados por integrar esas bandas criminales -siempre que no estuvieran sindicados de delitos de lesa humanidad- viola los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
De esa manera la Corte desechó una ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los paramilitares rasos, desmovilizados en un controvertido proceso de paz que impulsó el Gobierno del presidente Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.
La Corte Constitucional determinó que la norma, conocida como principio de oportunidad, no se ajusta a la legalidad y se convierte en una suerte de amnistía.
Ante el fallo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA expresó "preocupación por la indefinición de la situación jurídica de miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
No obstante, la Misión señaló que respeta la decisión, la cual para muchos implica que unos 19 mil desmovilizados de las AUC puedan ser procesados por la justicia ordinaria.
Por otra parte, la OEA advirtió que el referido fallo generó preocupación e intranquilidad entre los paramilitares desmovilizados por las inminentes órdenes de captura que se puedan cursar.
Ello, según la OEA, podría motivar a una gran parte de esos ex paramilitares a abandonar el programa de reintegración y retomar las armas.
En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, al expresar la preocupación del Gobierno por el fallo, sostuvo que tiene información de que muchos de los desmovilizados ya se reincorporaron a organizaciones criminales.
"Estamos muy preocupados por este hecho", apuntó.
Vargas Lleras explicó que la situación es compleja, porque frente a esas personas ya se han librado 800 órdenes de captura, circunstancia que provocaría que muchos regresen a la clandestinidad.
"Vamos a empezar hoy a mirar, a analizar alternativas no fáciles, les confieso, porque en la práctica estas personas si a ellas no se les aplica el principio de oportunidad, si no son susceptibles de indulto ni de amnistía la situación que se genera es muy delicada", subrayó.
No es descartable que algunas de ellas, como ya está ocurriendo, reincidan en la comisión de delitos, agregó.
El referido fallo se produce en un contexto de creciente inseguridad, debido a acciones de bandas criminales integradas en su mayoría por ex paramilitares que no se acogieron al proceso de desmovilización.
Grupos a los que se le han dado la denominación por parte del Gobierno de "bandas emergentes", y que se dedican al narcotráfico, se disputan territorios y amenazan a la población civil.
El alto tribunal determinó que el beneficio de oportunidad mediante el cual los paramilitares podían reinsertarse a la sociedad sin ser procesados por integrar esas bandas criminales -siempre que no estuvieran sindicados de delitos de lesa humanidad- viola los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
De esa manera la Corte desechó una ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los paramilitares rasos, desmovilizados en un controvertido proceso de paz que impulsó el Gobierno del presidente Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.
La Corte Constitucional determinó que la norma, conocida como principio de oportunidad, no se ajusta a la legalidad y se convierte en una suerte de amnistía.
Ante el fallo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA expresó "preocupación por la indefinición de la situación jurídica de miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
No obstante, la Misión señaló que respeta la decisión, la cual para muchos implica que unos 19 mil desmovilizados de las AUC puedan ser procesados por la justicia ordinaria.
Por otra parte, la OEA advirtió que el referido fallo generó preocupación e intranquilidad entre los paramilitares desmovilizados por las inminentes órdenes de captura que se puedan cursar.
Ello, según la OEA, podría motivar a una gran parte de esos ex paramilitares a abandonar el programa de reintegración y retomar las armas.
En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, al expresar la preocupación del Gobierno por el fallo, sostuvo que tiene información de que muchos de los desmovilizados ya se reincorporaron a organizaciones criminales.
"Estamos muy preocupados por este hecho", apuntó.
Vargas Lleras explicó que la situación es compleja, porque frente a esas personas ya se han librado 800 órdenes de captura, circunstancia que provocaría que muchos regresen a la clandestinidad.
"Vamos a empezar hoy a mirar, a analizar alternativas no fáciles, les confieso, porque en la práctica estas personas si a ellas no se les aplica el principio de oportunidad, si no son susceptibles de indulto ni de amnistía la situación que se genera es muy delicada", subrayó.
No es descartable que algunas de ellas, como ya está ocurriendo, reincidan en la comisión de delitos, agregó.
El referido fallo se produce en un contexto de creciente inseguridad, debido a acciones de bandas criminales integradas en su mayoría por ex paramilitares que no se acogieron al proceso de desmovilización.
Grupos a los que se le han dado la denominación por parte del Gobierno de "bandas emergentes", y que se dedican al narcotráfico, se disputan territorios y amenazan a la población civil.
