En el Hospital Naval, alrededor de las 16hs, falleció el represor Emilio Eduardo Massera, quien -junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti- encabezó el golpe militar de 1976
El Almirante Cero, instruido en la “lucha antisubversiva” por el gobierno estadounidense, fue responsable directo de uno de los principales centros clandestinos de detención: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Favorecido por una democracia que protegió genocidas, sólo cumplió 5 años de prisión entre 1985 y 1990. En 1998, tras una prisión preventiva, fue beneficiado con “arresto domiciliario”, que violó en reiteradas ocasiones. En el 2005 se lo declaró incapaz por demencia, por lo cual las causas en su contra fueron suspendidas. Tenía 85 años y un pasado signado por el secuestro, la tortura y la desaparición de militantes así como por el robo y apropiación de niños.
En marzo de 1976, parte de los argentinos asumió el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti como una nueva intervención en el orden legal constitucional. La sociedad parecía acostumbrarse a este tipo de accionar cada vez que las Fuerzas Armadas consideraban que el país transitaba una especie de "desgobierno".
Cada dictadura legitimaba la anterior: constituían hechos naturales frente a situaciones que los militares debían "normalizar".
Desde septiembre de 1975, los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal y, en consecuencia, definieron una estrategia clandestina que neutralizara y exterminara físicamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, del sindicalismo combativo, de las organizaciones populares, del cristianismo de base y a los potenciales opositores. Es decir que la represión fue sistemática y metódica. La ‘guerra sucia’, los ‘errores’ y los ‘excesos’ no existieron. Lo que imperó fue un plan de aniquilamiento: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones.
Esta metodología apuntó a la impunidad no sólo en el presente sino también en el futuro. La desaparición eliminaba el cuerpo del delito y, a la vez, al testigo. Por lo tanto, no había crimen, tampoco culpable. Aquí entró la complicidad del poder judicial, ya que los jueces rechazaron miles de habeas corpus presentados por familiares de detenidos ilegalmente.
El documento final del golpe, del 28 de abril de 1983, estableció que sería el "juicio histórico" el que consideraría sus acciones y presentó la muerte genérica, global, innominada de los desaparecidos, sin culpable alguno.
Massera: de la “Escuela de las Américas” a la “Escuela de Mecánica de la Armada"
En 1946, Massera fue alumno de la "Escuela de las Américas", el instituto que Estados Unidos instaló en Panamá con el fin de instruir a militares latinoamericanos en métodos de tortura, asesinato y represión, bajo el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Asimismo, el también conocido como “Almirante Cero” o “El Negro” formó parte indispensable del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva entre EEUU y países del cono sur, como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y que legitimó el terrorismo de estado durante las décadas del 70 y del 80.
En 1974, Massera fue ascendido a almirante y luego nombrado Comandante en Jefe de la Marina de Guerra. Bajo su dirección, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se convirtió en uno de los principales centros clandestinos de detención (CCD) durante la última dictadura militar. Por este CCD pasaron alrededor de 5000 personas. El Casino de Oficiales, utilizado por el Grupo de Tareas 3.3.2 (1), fue el espacio central de alojamiento y tortura de los secuestrados.
“El representante de la Marina en Junta, el almirante Emilio Massera, creó el grupo de tareas para permitir que la Armada participara en la ‘lucha antisubversiva’ y para incrementar de ese modo su poder respecto al de los otros servicios.
El mismo Massera, llamado en clave Cero, salió a la calle para ayudar en el primer y bautismal secuestro. El departamento de operaciones del grupo de tareas conducía hasta seis misiones por día, secuestrando prisioneros en la calle o entrando a sus casas. Luego, operaciones debía vendar y esposar a cada prisionero y llevarlo a Inteligencia. Inteligencia debía torturarlo (...)
Hacia el final de 1976, el grupo de tareas comenzó un experimento seguramente único en los anales de la represión. Algunos de los prisioneros (...) fueron dejados vivos con dos propósitos: reinfiltrarlos en los Montoneros para capturar a más colegas suyos, y hacerles escribir discursos y producir materiales que sirvieran a los objetivos políticos del almirante Massera”. (2)
En este sentido, el secuestro, la tortura, la desaparición, el robo y la apropiación de niños y la reducción a servidumbre fueron moneda común en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA.
Pasar a ser un "esclavo" estaba enmarcado con el ingreso en el "proceso de recuperación" pergeñado por los marinos. "Unos pocos detenidos fuimos elegidos por nuestros torturadores como objetos para un experimento psiconaval: el proceso de recuperación. Los milicos decían que querían recuperarnos para los valores occidentales y cristianos", afirmaba Graciela Daleo, ex detenida-desaparecida.
Massera se separó del gobierno el 16 de septiembre de 1978 para dedicarse a la política. Incluso tuvo intenciones de ser presidente en 1983.
La democracia que protegió genocidas
La campaña política de Raúl Alfonsín, quien asumió como Presidente en diciembre de 1983, se basó en el restablecimiento del Estado de derecho y en el "juicio civil", sin fueros especiales, a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar.
Tres días después de asumir su cargo, Alfonsín dio a conocer los decretos Nº 157 y Nº 158. El primero ordenaba el procesamiento a distintos dirigentes de organizaciones guerrilleras; el segundo, a los comandantes de las tres primeras juntas militares. De esta forma, el gobierno radical sentó las bases de la teoría de los dos demonios al igualar responsabilidades.
Además, los decretos validaron la versión militar de las razones del golpe y su legitimación para reprimir. También denotan la voluntad de salvar a la institución armada al centrar la responsabilidad sólo en los jefes.
En febrero de 1984, el Congreso derogó la ley de autoamnistía (del 22 de septiembre de 1983), con la cual los represores pretendieron exculparse de todo cargo y evitar investigaciones penales. El radicalismo quería el autojuzgamiento militar y para este fin el Parlamento sancionó la ley de reforma del Código Militar, mediante la cual la justicia castrense podía juzgar la represión ilegal. Alfonsín "olvidó" que uno de los ejes de su campaña electoral fue precisamente el "juicio civil".
Como las Fuerzas Armadas rechazaron el autojuzgamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal inició el Juicio a las Juntas, que se realizó entre abril y diciembre de 1985 y que estuvo presidido por el Dr. Andrés Dalessio y por el fiscal federal, Julio Strassera, asistido por Luis Moreno Ocampo.
El tribunal sentenció a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a prisión perpetua; a Robeto Viola le aplicó 17 años de prisión, 8 años a Armando Lambruschini y 3 años y 9 meses a Orlando Rubén Agosti. Los demás miembros de las Juntas no fueron condenados por considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes.
El juicio se centró en juzgar a los militares, no como Junta, sino como comandantes: no se apuntó al poder político, sí a la división de responsabilidades. Tampoco se los castigó por el delito basal que fue el golpe en sí mismo; ni por delitos contra la Nación y el Estado, sólo contra particulares. Además, las condenas a los jefes de las Juntas, sostenida por el poder, generó la aceptación social de que el problema fueron los excesos y los métodos usados para reprimir y no la totalidad del accionar de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, de 8900 casos, se tuvieron en cuenta 711 por "abundancia de pruebas" y, de los 833 testigos que quisieron declarar, se convocó a 281.
Aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida
El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprueba una iniciativa del gobierno oficial, la ley de punto final, que fijaba que quienes no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días posteriores a la ley quedaban fuera de posibles acciones penales. Las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca,
La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos por la cantidad de denuncias presentadas. Más de 300 oficiales quedaron procesados.
Frente a las numerosas citaciones, el 17 de abril de 1987, estalló una sublevación en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico, cuyo objetivo fue encontrar una salida frente a las causas penales. Durante la "Semana Santa", Alfonsín primero habló de "no aceptar extorsiones", para luego afirmar el "reconocimiento de los niveles de responsabilidad".
Finalmente, el 19 de abril, el gobierno y los representantes de los principales partidos políticos firmaron el Acta de Compromiso Democrático que estableció niveles de responsabilidad durante la dictadura: quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa no son punibles por delitos. El 13 de mayo se envía al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, aprobada en junio.
Si bien el método militar se configuró como una cadena vertical de mandos, los grupos operativos, por su carácter ilegal y clandestino, actuaron con autonomía. Mediante esta ley, los "grupos de tareas" quedaban exentos de responsabilidades. Entre los beneficiados se encontraban Jorge Bergés, Miguel Etchecolatz, Julio Simón (Turco Julián), Jorge Acosta y Alfredo Astiz.
Al aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reacción instantánea de los Organismos de Derechos Humanos y de diversos intelectuales fue la de denunciarlas, expresando que significaban, lisa y llanamente, que los asesinos de los luchadores populares estarían libres. Los represores caminarían por la misma vereda, compartirían iguales espacios, circularían impunemente por las ciudades de la Argentina. Por aquellos años, Osvaldo Bayer afirmaba que "el gobierno radical nos entrega un futuro de corrupción, de inmoralidad. El capitán torturador, ladrón, asesino del pasado, será el general del futuro. ¿Qué futuro moral puede tener la República con políticos que perdonan asesinos y con asesinos que continuarán usando armas y uniformes?".
Asimismo, las leyes de la impunidad violaban diez artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el que garantiza el principio de igualdad ante la ley.
Los indultos menemistas
Después del levantamiento carapintada, se sucedieron el de Monte Caseros (enero de 1988, promovido por Aldo Rico) y el de Villa Martelli (diciembre de 1988, encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín).
Su consecuencia fue el primer indulto anunciado en octubre de 1989 por el entonces Presidente Carlos Menem. El listado híbrido de los 277 indultados tuvo como objetivo equilibrar las críticas políticas, ya que entre los desprocesados se encontraban militares acusados por violaciones a los derechos humanos, por la guerra de las Islas Malvinas y por las sublevaciones carapintadas y, por otra parte, algunos guerrilleros.
Entre los militares indultados figuraban los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides y los generales de división Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Díaz Bessone.
En diciembre de 1990, Seineldín (quien estaba encarcelado) dirige la toma del Regimiento I de Patricios en Palermo. Menem anuncia el 29 de diciembre el segundo indulto, que incluyó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Rubén Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, a Ramón Camps, Ovidio Pablo Ricchieri y a Carlos Suárez Mason; y a dirigentes de la guerrilla. Los indultos simultáneos ratificaron la teoría de los dos demonios.
"Si acá hubo juicio fue porque nosotros tuvimos el coraje de volver de la muerte para contar todo lo que nos hicieron. Nos hicieron describir las torturas, los gritos. Nos hicieron descubrir a nuestros torturadores y ahora los dejan libres" , sostenían militantes nucleados, a partir de 1984, en la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. 2005: la inconstitucionalidad de las leyes
El 24 de marzo de 1998 el Congreso Nacional derogó las leyes de impunidad. Esto implicó que las leyes no tuviesen más efecto para el futuro, pero las causas seguían cerradas. El 6 de marzo de 2001, el juez Federal Gabriel Cavallo dictó el fallo que declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
En consonancia, la Cámara Federal confirmó su inconstitucionalidad el 9 de noviembre del mismo año. En el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional dictó la ley 25779 que declaró la nulidad de las leyes de la impunidad y se reabrieron un centenar de causas, entre ellas la de la ESMA, la del Primer Cuerpo del Ejército en San Martín y la de Campo de Mayo. El 15 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final.
En ese mismo año, el poder judicial suspendió las causas en contra de Emilio Eduardo Massera. Se lo había declarado incapaz de ser juzgado por "demencia", tras supuestas secuelas por un aneurisma cerebrovascular que lo afectó en el 2002.
Murió en la tarde de hoy, a los 85 años y con sólo 5 años de prisión.
(1) El GT 332 estaba dirigido por el contraalmirante Rubén Jacinto Chamorro y el capitán Jorge Eduardo Acosta (el Tigre). Pertenecieron al mismo, entre otros represores, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Scilingo.
(2) Extracto de "Astiz, la estirpe de Caín" de Tina Rosemberg
Fuente: Anred
