El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol) de Argentina expresa su preocupación ante la situación creada entre Costa Rica y Nicaragua en torno a la soberanía sobre el Río San Juan.
A partir de los informes disponibles, sabemos que este diferendo no es nuevo; sin embargo, existen documentos internacionales, aceptados por ambos Estados que reconocen la soberanía de Nicaragua en todo el curso del río, incluídas todas sus islas. Claramente establecen que no se trata de un curso de agua de soberanía compartida entre dos países limítrofes.
En 1858 se firma el tratado Cañas/Jerez ratificado luego con el Laudo Cleveland y el Laudo Alexander- en el que se fijaron los límites quedando Costa Rica sin acceso al Lago de Nicaragua y con derechos restringidos de libre navegación (sólo para uso civil) en el curso inferior del río San Juan. La soberanía de Costa Rica llega hasta la margen derecha, o sur, del Rio San Juan, pero sus aguas de orilla a orilla son nicaragüenses.
A pesar de eso, en distintos momentos resurgieron diferencias entre los dos Estados. Dichas diferencias fueron solventadas el 13 de julio de 2009 por el fallo de la Corte Internacional de Justicia que ratifica el tratado Cañas Jerez y los laudos Cleveland y Alexander afirmando que Nicaragua ³tiene el dominio y sumo imperio y los derechos soberanos² de las aguas del Río San Juan.
Tenemos derecho a preguntarnos ¿por qué en estos días se reactivan otra vez las diferencias? Pero antes de intentar alguna respuesta sobre los intereses que pueden estar en juego queremos fijar una postura básica: el Mopassol considera que cualquier diferendo entre países hermanos de América Latina y el Caribe debería fundamentarse en los principios de la legalidad internacional y resolverse siempre por la vía de negociaciones políticas entre los gobiernos involucrados, tal como corresponde a las aspiraciones e intereses de nuestros pueblos.
Por eso y tomando en cuenta que Nicaragua es uno de los Países del ALBA, nos parece muy oportuno el comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), fechado el 11 de noviembre pasado, en el que manifiesta su apoyo al ³inicio de un proceso de diálogo entre la República de Nicaragua y la República de Costa Rica² y el respaldo a ³la instalación, de manera inmediata y sin condiciones, de la Comisión Binacional² entre ambos países para tratar los asuntos binacionales pendientes, rechazando asimismo ³cualquier intento de utilizar las diferencias limítrofes entre estos dos países hermanos para crear situaciones de provocación o campañas contra gobiernos hermanos del continente².
Por nuestra parte consideramos que no es posible confiar en la mediación ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos ni en la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) --habida cuenta de su papel histórico y su accionar en el pasado reciente- y, en cambio, sería pertinente que aportaran a la resolución del diferendo los países integrantes de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas creada en febrero pasado en Cancún, México.
Ratificando nuestra voluntad de trabajar por una América Latina de paz, libre de bases militares y tropas extranjeras, debemos expresar nuestra fuerte inquietud por la presencia de miles de efectivos del Comando Sur del Pentágono en territorio costarricense instalados allí por un convenio mediante el cual el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 7.000 marines, 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, así como 200 helicópteros y aviones de combate.
En ese contexto, resulta por lo menos altamente sospechoso que frente a la actual reactivación del diferendo entre Costa Rica y Nicaragua, el gobierno norteamericano se haya ofrecido como mediador.
Resulta preocupante el apoyo que hoy expresan a Costa Rica los gobiernos de Honduras, Panamá y Colombia ya que todos ellos están comprometidos con la ofensiva de remilitarización del continente desplegada por la administración Obama.
En este punto vale recordar que con la cooperación del Presidente Martinelli, EEUU logró 12 nuevas instalaciones militares en territorio panameño; mientras que con el gobierno golpista de Micheletti y su continuador Porfirio Lobo, el imperio obtuvo otras dos bases militares en suelo hondureño además de la pre existente base Soto Cano en Palmerola.
Y, por cierto, es bien conocido el papel que desempeña Colombia en los planes del Pentágono.
Informaciones provenientes del movimiento por la paz de Panamá, y también de militantes por la paz nicaragüenses, alertan sobre la posibilidad de que la presente reactivación del diferendo entre Costa Rica y Nicaragua tenga como objetivo imperialista lograr el dominio del Río San Juan y sus adyacencias con vistas a la construcción de un nuevo canal interocéanico, teniendo en cuenta que el actual Canal de Panamá, por su ancho y la longitud de sus exclusas, ya no permite el paso de los grandes buques y portaviones de la IV Flota de Guerra de los Estados Unidos.
Y por fin queremos decir que acentúa nuestra inquietud el marco internacional en el que tiene lugar la reactivación del diferendo en América Central. Sabemos que cualquier diferendo entre países que pueda escalar hacia un conflicto armado es sumamente peligroso en la situación actual, cuando crecen en varios lugares las amenazas bélicas y siguen creciendo los enormes presupuestos destinados a la defensa, en particular los de EEUU cuyos gastos de guerra superan por sí solos a los del conjunto de los países del mundo.
Mopassol,
Mesa Directiva
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2010
Mesa Directiva
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2010