Página 12...
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) reclamó hoy al fiscal general norteamericano, Eric Holder, que abriera una investigación al ex presidente George W. Bush por admitir en su libro de memorias Decision Points que aprobó personalmente el uso del ahogamiento simulado en interrogatorios.
En una carta enviada este jueves a Holder, el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, le urgió que encargue al fiscal especial designado para investigar presuntas torturas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Durham, que estudie asimismo si Bush “violó el estatuto federal que prohíbe la tortura”.
En este sentido, la prestigiosa organización de derechos civiles recordó que el Departamento de Justicia “ha dejado claro que el waterboarding constituye tortura y, como tal, un crimen bajo el estatuto federal contra la tortura”.
Tanto en su libro de memorias Decision Points, que salió el martes a la venta en Estados Unidos, como en entrevistas previas que concedió el ex presidente para promocionarlo, Bush reconoció que aprobó la práctica del ahogamiento simulado y la defendió como una técnica eficaz que ayudó a salvar vidas.
“En vista del reconocimiento del ex presidente y de la legalmente correcta determinación por parte del Departamento de Justicia de que el waterboarding (ahogamiento simulado) constituye un crimen, usted (Holder) debería asegurarse de que la actual investigación de Durham sobre los interrogatorios a detenidos abarca la conducta y decisiones del ex presidente Bush”, señala la carta de ACLU.
“El reconocimiento por parte del ex presidente de que autorizó la tortura no tiene parangón en la historia estadounidense. Esta admisión no puede ser ignorada. En nuestro sistema nadie está por encima de la ley o más allá de su alcance, ni siquiera un ex presidente”, subrayó Romero en la misiva. De este modo, ACLU se une a numerosas voces que han venido reclamando una investigación criminal sobre Bush en los pasados días.
En la víspera fue la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, cuyo director adjunto, Claudio Cordone, afirmó en un comunicado que, de acuerdo con el derecho internacional, “la admisión del ex presidente de haber autorizado actos que equivalen a tortura es suficiente para que Estados Unidos cumpla su obligación de investigar sus confesiones y, si se corroboran, perseguirlo judicialmente”.
