Revista Amauta
Desde inicios de julio de este año, trabajadoras y trabajadores bananeros, campesinos e indígenas de la provincia de Changuinola en Bocas de Toro (Panamá), permanecían en huelga en defensa de derechos laborales básicos amenazados por las llamadas Ley Chorizo y Ley Carcelazo aprobadas por el gobierno derechista y militarista de Martinelli.
Más de 4000 trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá y 700 trabajadores de Convergencia Sindical, se manifestaban el 8 de julio repudiando la eliminación del derecho a huelga, la restricción de la libertad sindical, la penalización con cárcel de la protesta y la eliminación de las cuotas sindicales, cuando fueron brutalmente reprimidos por fuerzas policiales que luego del garrote y la violencia dejaron un saldo de 7 personas muertas, más de 100 hospitalizadas y cerca de 30 detenidas.
Estas acciones despertaron movilizaciones en todas las provincias del país, así como la convocatoria, por parte del Encuentro Nacional de Dirigentes Populares, Sindicales y Gremiales, a una Huelga Nacional para el martes 13 de julio.
Las organizaciones obreras y campesinas, amenazadas con quedar desplazadas por la creación, bajo ley, de una central sindical fiel al gobierno, demandaron la liberación de las y los trabajadores presos y la impugnación de los asesinatos políticos cometidos.
No obstante, la violencia del Estado, las presiones oficiales y el cerco mediático nuevamente, como otras tantas veces en nuestra región, permitieron la “negociación” y gestaron una “salida” al conflicto.
Pero este caso es un ejemplo más de las formas en que actualmente el sistema capitalista y el Estado matan en la región centroamericana; es un ejemplo de la barbarie a la que es capaz de llegar la derecha fascista para imponer sus proyectos de liberalización económica, extracción de recursos y mercantilización de la vida.
Se trata de una tendencia que tiene varios años de venirse cuajando y que ha venido tomando forma bajo el eje militarista y neoliberal de los Estados de la región, desde México y Honduras, pasando por Costa Rica, hasta Panamá y Colombia. No es casual la estrecha relación de la actual presidente de Costa Rica con el gobierno de Martinelli (que en su forma más vulgar se concreta en la participación de efectivos policiales costarricenses en los actos de represión dentro de fronteras panameñas), ni el papel que nuestro país jugó en la legitimación internacional del golpe en Honduras y del inconcebible gobierno de Porfirio Lobo.
No es tampoco casual que la presencia militar criolla haya aumentado en estos últimos meses, paralelamente a la influencia y la intervención militar norteamericana.
El permiso de desembarco de más de 7 mil soldados, 46 buques de guerra y 200 helicópteros del ejército estadounidense por parte de la alianza oficialista-evangélica-liberticida en el parlamento tico, expone en toda su crudeza la inexistencia de soberanía nacional en Costa Rica, y la clara disposición de la oligarquía local de ponerse a las órdenes de los proyectos geopolíticos del gobierno gringo.
Así queda desnuda la mentira que día a día nos hacemos a nosotros y nosotras mismas sobre nuestra Costa Rica de paz y nuestra perpetua y sacrosanta neutralidad: los militares gringos gozarán de absoluta inmunidad ante la justicia tica, los marines podrán entrar y salir del país a voluntad y circular por todo el territorio nacional uniformados y portando sus armas de combate.
A nadie alarma la cascada de denuncias internacionales sobre agresiones, violaciones y amedrentamiento de efectivos gringos a ciudadanas y ciudadanos de otros países ocupados.
Pero no se crea que esto es nuevo. La estrategia militarizante del gobierno ya se podía entrever con el acuerdo de intercambio con el gobierno italiano de entrenamiento militar a policías ticos por bonos de carbono para el país europeo.
Ni qué decir de las numerosas ocasiones en que desde 2007 se han aprobado desembarcos semejantes al mencionado: 5 barcos de guerra artillados y 17 guardacostas hace 3 años, 13 buques de guerra con una tripulación aproximada cada uno de 20 oficiales y 200 enlistados en 2009 (todos cargados de avioncitos y helicópteros), y muchos otros permisos de desembarco para naves guardacostas. Todo esto, bajo el discurso de la seguridad democrática y el combate al narcotráfico.
La falsa guerra contra las drogas, que nunca pone como sus objetivos principales a los capos de las mafias locales e internacionales, ni a las figuras de la narcopolítica de los gobiernos regionales, es tan solo una ilusión, un discurso en holograma para desviar la atención de los verdaderos intereses: incrementar la presencia militar norteamericana en Centroamérica y consolidar la hegemonía del proyecto neoliberal.
No debe asombrar, en este sentido, que en todo el mundo los países con mayor presencia militar estadounidense son los que presentan los mayores incrementos en producción y comercialización de drogas.
Las consecuencias de dichos mecanismos los estamos viviendo ahora casi a diario: represión política, criminalización, desmantelamiento del andamiaje jurídico de derechos, penalización de la protesta, estigmatización mediática de la lucha social.
Esta guerra permanente contra el “otro” (el inmigrante, el delincuente, el comunista, el pandillero, pero también el campesino, el indígena, el pobre), sobretodo en su versión de guerra contra el narco, es en realidad, como se ha dicho antes, una “guerra contra los pueblos”, “una guerra que no alcanza a la América opulenta del norte”, ni se interesa por plantearse de manera seria la solución de ningún conflicto.
Esta supuesta guerra es una sistemática y calculada agresión regional. Constituye la expresión explícita de un impulso implícito: el control y dominio de población y recursos. Las estrategias comerciales ocultan estrategias de saqueo, las iniciativas de cooperación ocultan intereses de control, las políticas de seguridad regional ocultan políticas de dominio geopolítico.
Ejemplo de estas formas son los tratados de libre comercio, la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, pero también signos más puntuales como el Tratado Obama-Uribe para el uso de 7 bases militares colombianas por parte de Estados Unidos, la reciente reactivación de la Cuarta Flota, el golpe de Estado en Honduras, la ocupación militar en Haití y la concesión de nuevas bases militares en Panamá.
En Centroamérica, el Estado de derecho es solo a partir de su negación. La seguridad es solo a partir de su negación. La paz es solo a partir de su negación.
Nuestro pueblo vive agredido por la ley, inseguro y en violencia. La única promesa que nos hace el poder es la de no cansarse nunca de golpearnos en esa “otra mejilla” que incansablemente no dejamos de ofrecer; así, la única promesa que podemos hacernos es la de armarnos de dignidad y garantizar que ya no queden más mejillas, solo las mejillas cubiertas.
