La historia no contada de una tragedia con desenlace anunciado......
Diario Red Digital.......
Nadie lo dice por tributo al dolor de los familiares.
Pero todos los que están detrás de la barrera que impide el paso a la zona de seguridad donde se ejecutan las faenas de rescate en la mina San José, saben que las probabilidades de sacar con vida a los 33 mineros atrapados en el fondo de un pique de unos 800 metros de profundidad, son extremadamente remotas.
Y aún cuando se establezca contacto con ellos por medio de alguna de los seis sondajes, inéditos en materia de rescate y en todo caso no antes de quince días a contar del domingo 15 de agosto, siempre que se encuentren donde se supone, vale decir, en el refugio o en el taller mecánico, ambos en la cota 700, sacarlos a la luz, por el lado bajo, tomaría entre dos y tres meses más.
Entretanto, en virtud de un suerte de pacto implícito, también en consideración al sentimiento de los familiares, tanto las autoridades de nivel superior como las que asumieron el control de de las faenas de rescate y la prensa, han evadido el crucial tema de las responsabilidades.
Dos visiones en conflicto
En la práctica, en el improvisado campamento que afloró de la nada a partir del 5 de agosto, coexisten dos visiones.
La primera, es la que maneja el Gobierno, los propietarios de la mina y el sector de los familiares controlado por el gobierno, y que por medio de la versión unilateral y estereotipada de la prensa, es también la que asume el común de la ciudadanía.
En esta perspectiva, la tragedia de la mina San José es un accidente propio de los riesgos inherentes a la minería subterránea, y por tanto, imposible de prevenir. Lo que importa ahora es trabajar con eficacia para rescatar a los mineros atrapados con vida. El tema de las responsabilidades criminales se verá después del rescate, y en todo caso, es competencia de los tribunales.
Y las remuneraciones de los mineros accidentados, así como las indemnizaciones y la seguridad social de sus familiares, es en primer término, responsabilidad de la empresa, luego, de las mutuales de seguridad y en tercer lugar, de las compañías de seguros. Ante la falencia de cualquiera de los eslabones de esa cadena, el Estado podría intervenir por la vía subsidiaria. Total, eso está en el manual.
Consecuencia inevitable
El segundo enfoque, absolutamente invisibilizado para la ciudadanía y groseramente omitido por los medios de comunicación, es el que sustentan los dirigentes del Sindicato Nº2 de Minera San Esteban Primera y la CUT provincial Copiapó, y que hicieron suya los representantes de las organizaciones sindicales de la minería de todo el país, que concurrieron a la asamblea de organizaciones sociales y sindicales realizada el 13 de agosto en la Universidad de Atacama, convocada al calor de los acontecimientos.
Este enfoque sostiene que la tragedia, largamente anunciada por los dirigentes sindicales de la mina, es la consecuencia inevitable de un sistema económico que pone en el centro la rentabilidad privada sobre cualquier otra consideración, incluyendo la seguridad e incluso la propia vida de los que con su trabajo, generan esa rentabilidad.
En este enfoque, las responsabilidades son compartidas entre la contraparte empresarial, que atropelló repetidamente el reglamento de seguridad minera en su afán de aumentar la producción en el escenario del alto precio del cobre, y el Estado, en cuanto autoridad supervisora, a través de instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Inspección del Trabajo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Gobierno Regional, todas las cuales fallaron a la hora de preservar la seguridad e integridad de los 33 mineros atrapados, e incluso, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó un recurso de protección presentado por el Consejo Directivo de los Sindicatos de Trabajadores de Minera San Esteban Primera, el 6 de marzo de 2004.
La regla y no la excepción
El trámite de ese recurso de protección describe la historia no contada de la tragedia de San José.
Los dirigentes sindicales de la mina San José sienten la necesidad de divulgar esa historia por ninguna otra consideración que no sea contribuir a evitar los accidentes en la mediana minería, que no porque no sean noticia, dejan de ser una realidad casi diaria.
A modo de ejemplo, según datos del SERNAGEOMIN, los accidentes mineros dejaron 373 muertos en Chile en la última década y 31 en lo que va del año. Según Ricardo Troncoso , ex director del Servicio, el promedio de accidentes con muertes es en la actualidad de 39 a 40 por año.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Sernageomin , Luis Enrique Lira , denunció que el servicio cuenta con 16 inspectores para fiscalizar las más de 4.500 explotaciones mineras existentes en Chile.
En esas condiciones, el descabezamiento del servicio, dispuestos por el Presidente de la República, que destituyó a sus primeras tres autoridades, no pasa de ser un populista gesto para la galería.
De hecho, la propia mina San José registra tres accidentes fatales antes del 5 de agosto de 2010.
El peso de la ambición
La mina San José, situada a unos 60 kilómetros al poniente de Copiapó, es explotada casi ininterrumpidamente desde 1869, con metodología propia de la minería artesanal. A mediados de los 90, se hace cargo de ella la Compañía Minera San Esteban Primera, propiedad en partes iguales de Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, que además oficia de gerente general.
A pesar de que las leyes son bajas, 0,8% de cobre y 2,5% de oro, es todavía rentable para el método propio de la mediana minería, vale decir, explotación por volúmen, a través de tronadura, construcción de túneles y movimientos de material con equipo mecanizado.
Inicialmente, trabajaban con fortificación natural consistente en taludes de roca de treinta metros entre sección y sección de la veta en explotación.
De seguir con ese método, los empresarios habrían podido seguir explotanto la mina por lo menos por otros cuarenta años.
El problema es que la ambición rompe el saco.
Con el propósito de aumentar la producción, gradualmente ese talud o separación entre las secciones de la veta llegó a los diez metros.
Por una cuestión de física gravitatoria y mecánica de rocas, el peso del cerro tiende a llenar el vacío que van dejando los túneles. Entonces, si no se construyen fortificaciones consistentes en la “acuñadura” con pernos y mallas en forma adecuada, la mina empieza a “aplanchonar” o desprender material, hasta que llega el momento en que se “sienta”, en el lenguaje minero.
Eso es exactamente lo que ocurrió a las 14:30 del fatídico 5 de agosto. Aproximadamente en el nivel 350, una enorme roca de alrededor de un millón de toneladas se “sentó” sobre los túneles y la rampa de acceso, dejando bloqueado al turno de 33 trabajadores que acababa de entrar. Como nada se sabe de ellos, no cabe descartar que la roca pueda haber aplastado a algunos de ellos.
Incumplimiento de normativa de seguridad
Y en este punto radica el centro de gravedad del problema.
De haberse cumplido con el artículo 79 del Reglamento de Seguridad Minera, que establece, “en toda mina en explotación deberán existir, a lo menos, dos labores principales de comunicación con la superficie, ya sean piques, chiflones o socavones, de manera que la interrupción de una de ellas no afecte el tránsito expedito por la otra”, esos 33 mineros ya habrían sido rescatados.
La mina San José y la mina San Antonio, ambas de propiedad de Minera San Esteban, son en estricto rigor, una misma unidad geológica. Si hubiesen sido conectadas entre sí, como demandaron con insistencia los dirigentes sindicales, ahí habría estado el segundo acceso de emergencia exigido por la ley.
Y de haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 60 del mismo reglamento, en virtud del cual “toda empresa minera deberá mantener permanentemente actualizados, planos de las faenas”, los trabajos de sondaje no serían esa suerte de búsqueda de una aguja en un pajar, como la que está sucediendo ante la angustiosa espera de los familiares.
Peor aún, todas esas deficiencias en materia de seguridad, lindantes con la responsabilidad criminal, ya habían sido denunciadas en forma reiterada por los dirigentes sindicales, al punto que incluso lograron el cierre temporal de la mina, el año 2007.
Larga batalla
La cadena de accidentes debido a la precaridad de la mina se inició en 2001, cuando la caída de un planchón le cortó la pierna a Iván Toro. Pero el primer accidente fatal ocurrió el 4 de marzo de 2004, cuando pierde la vida Pedro González Rojas, trabajador de la empresa contratista Holvoet.
Es entonces cuando Javier Castillo, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicios y Asesorías K Ltda., Claudio Arredondo, Presidente del Sindicato de Trabajadores Nº 2 de Compañía Minera San Esteban y Daniel Urrutia, Presidente del Sindicato de Inmobiliaria e Inversiones El Remanso, presentan ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, un recurso de amparo que buscaba el cierre definitivo de las minas San Antonio y San José.
Adviértase la profusión de razones sociales utilizadas por la misma empresa, mecanismo habitual de la parte patronal para eludir el pago de derechos sociales y debilitar la organización sindical.
El punto 2 del recurso señala: “este accidente es la culminación de una secuela de accidentes que se arrastra desde hace más de cinco años en los cuales los sindicatos de trabajadores que prestamos servicio a la compañía, hemos estado constantemente denunciando a los organismos fiscalizadores respectivos, los cuales no dieron jamás respuesta efectiva a la problemática denunciada”.
Luego, el punto 4 agrega: “la compañía ha basado la productividad de la empresa en la capacidad de los trabajadores de asumir riesgos, y a pesar de las constantes reuniones para poder definir una política de trabajo seguro, la empresa insistió en poner en riesgo a los trabajadores, al observar que los organismos que tienen que supervigilar la seguridad de los trabajadores, no se preocuparon de fiscalizar como es debido”.
Pero el punto 6 es el que debiera resonar con ecos lúgubres en la conciencia nacional: “que a pesar de los hechos mencionados, la empresa persiste en continuar labores en mina San Antonio que en el mes de noviembre sufrió un derrumbe y que hasta la fecha no ha dejado de tener actividad, exponiendo a los trabajadores a otro accidente, y lo que es peor aún, al riesgo de quedar atrapados, pues ni siquiera se cumple la normativa legal de tener en cada faena minera, una vía alternativa de escape”.
Entre los elementos probatorios, acompañaron un video y una serie de fotografías. La lectura que acompaña la fotografía Nº 3, señala: “en esta foto queda de manifiesto el debilitamiento del cerro, efecto reflejado en la grieta producida por una voladura de rigor, que sumada a cualquier acción violenta, ya sea natural o artificial, corre el riesgo de desprendimiento, acusando la falta de una permanente fiscalización en la acuñadura de techo, causa principal de los accidentes sufridos en las minas San Antonio y San José”.
Entre los antecedentes que acreditan sus gestiones ante organismos supervisores, acompañan una carta al SERNAGEOMIN, del 17 de marzo de 2000; dos cartas a la Superintendencia de Seguridad Social, de diciembre de 2002 diciembre de 2003; una carta al Servicio de Salud de Atacama, del 17 de enero de 2003; una carta al gerente general de la empresa, del 23 de noviembre de 2003; dos informativos a los trabajadores, sobre reuniones sostenidas con la empresa, de noviembre y diciembre de 2003; una carta a la Intendencia Regional, el 19 de febrero de 2004 y una carta a la Dirección Regional del Trabajo, ese mismo día.
Nadie los escuchó. Hoy, 33 mineros permanecen atrapados a 800 metros de profundidad, sin que ni siquiera se sepa si están con vida.
Subterra
El párrafo que cierra el recurso de protección es una descripción de las condiciones en que se desenvuelve el trabajo en la minería chilena, que ni Baldomero Lillo habría podido superar:
“Aun en conocimiento de nuestra profunda pena y sin respetar la memoria de nuestro compañero, tanto la Compañía Minera San Esteban como SERNAGEOMIN se han enfrascado en una discusión estéril, tratando de desviar la atención del problema de fondo, no buscando real solución a las deplorables condiciones en que desarrollamos nuestras labores que con la muerte de Pedro han quedado de manifiesto.
Mas no podíamos hacer nada, ya que nos habían convencido que eran esas y no otras las condiciones óptimas de trabajo.
Continuamente hemos sido presa de fuertes contradicciones psicológicas: por un lado tenemos nuestras propias vidas que cada día ponemos en riesgo al ingresar a la labor, y por otra, la obligación de aportar el sustento a nuestras familias, muchas veces ajenas a todos los riesgo que sufrimos, para así no preocuparlas innecesariamente.
Pero no es solo nuestra presión interna las que nos hace dudar, sino también la presión ejercida por parte de nuestros empleadores, que utilizando el argumento tantas veces manoseado del desempleo, se enmarañan en buscar firmas de apoyo en personas que jamás han conocido el rigor de estar ocho horas de interminable trabajo en el interior de una mina que no ofrece mayor seguridad”.
Prepotencia arrogante
Por contraste, el informe con que la empresa responde al recurso de protección, firmado por el gerente de operaciones, ingeniero Máximo Uribe, es una oda a la arrogancia del Chile neoliberal.
Sostiene que el recurso de los trabajadores contiene una serie de consideraciones de hecho “que pasamos a comentar y desvirtuar, pese a que no obedecen a una estructura racional, separándose muchas veces del mérito legal” y luego agrega que los dirigentes sindicales señalan en el recurso, “la ocurrencia de diversas contingencias desde su particular y sesgada visión”. Enseguida, viene esta perla:
“Es importante hacer presente que las aseveraciones que se formulan carecen de un respaldo técnico serio y que sólo constituye una apreciación personal de cada uno de sus integrantes. SEP ejecuta sus faenas siempre avalada por estudios geomecánicos de profesionales especializados en la materia, dando cumplimiento a la normativa contenida tanto en el reglamento como en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resultan aplicables a la ejecución de faenas mineras subterráneas”.
Para el gerente de operaciones, la agrupación de trabajadores que presenta el recurso, “corresponde a una organización de hecho que no tiene reconocimiento ante la ley”.
Con fecha 31 de marzo de 2004, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó por cinco votos a cero, el recurso de protección, lo que fue celebrado como un “triunfo” por la empresa.
Destino fatal
Previamente, con fecha 24 de marzo, la empresa y los sindicatos llegaron a un acuerdo orientado a generar condiciones seguras para reanudar las faenas.
Según Javier Castillo, dichas condiciones se cumplen en 2005, pero se empiezan a relajar en 2006.
Tanto es así que el 30 de noviembre de 2006 muere en un accidente Fernando Contreras, y el 5 de enero de 2007, lo mismo ocurre con Manuel Villagrán.
El Servicio Nacional de Geología y Minas decreta el cierre de la mina San José.
El 30 de mayo de 2008, con la rúbrica del Subdirector de Minería (S), Patricio Leiva Urzúa, y en consideración a que la empresa presentó “los proyectos de ventilación y eléctrico, y el estudio geomecánico con los sistemas de fortificación y monitoreo geotécnico”, el SERNAGEOMIN autorizó la reapertura de la mina San José.
Entretanto, la empresa despidió a todo el personal y recontró a un contingente nuevo, lo cual terminó temporalmente con el sindicato. Sin embargo, con el paciente trabajo de la directiva, encabezada por la Presidenta, Evelyn Olmos, el Secretario, Javier Castillo, quién tiene prohibición de entrar a la mina, y el tesorero, Fernando Yáñez, lograron reconstruir la organización hasta los 70 socios actuales, dentro del universo de 350 trabajadores de Minera San Esteban.
El 9 de julio de 2010, un informe de la Dirección del Trabajo advirtió sobre graves incumplimientos en las normas de seguridad del yacimiento San José, que implicaban un evidente peligro para la vida e integridad física de los trabajadores, a pesar de lo cual no tomó ninguna acción.
El 26 de julio, con motivo de la visita al Parlamento de la CUT provincial Copiapó por la huelga de COEMIN, Javier Castillo tuvo oportunidad de conversar con el actual Ministro de Minería, Laurence Golborne, a quién advirtió sobre las condiciones de inseguridad de la Mina San José.
El 30 de julio, la caída de un planchón le seccionó una pierna a Gino Cortés.
El 2 de agosto, Javier Castillo concurre al Ministerio de Minería, donde no fue recibido por el Ministro.
No obstante, le dejó una carpeta con antecedentes, a través de la secretaria de la Jefa de Gabinete.
El reloj de arena del destino de 33 trabajadores se detuvo a las 14:30 del 5 de agosto de 2010.
Nadie de los que tenía facultades para haber cambiado el curso de los acontecimientos, estuvo a la altura de sus cargos.
Que les pese eternamente sobre sus conciencias.
Hoy el país llora una tragedia que fácilmente pudo haberse evitado.
