Los empresarios no quieren eliminar la inmigración latina; al contrario, su interés es mantener una inmensa reserva de mano de obra en condiciones precarias, y desechable mediante la deportación
Después de seis meses, finalmente Barak Obama decidió impugnar judicialmente la ley de Arizona que permite perseguir policialmente a los inmigrantes indocumentados y castiga la permanencia de jornaleros en la vía pública, así como a las personas que los contraten o transporten.
En los días previos, Obama había vuelto a prometer una reforma para regularizar la situación de los indocumentados. Para el presidente norteamericano, leyes como las de Arizona crearán “una mezcla de reglas migratorias locales donde todos sabemos que se necesitan estándares nacionales”.
“Derechización”
Una veintena de Estados están estudiando implantar medidas similares a las de Arizona, al tiempo que se ha desatado una ola de persecución de indocumentados. El propio Obama sustituyó las redadas por auditorías, lo cual obliga a las empresas a despedir a indocumentados (The New York Times, 9/7).
En un año electoral, los candidatos (especialmente los republicanos, pero no sólo ellos) responsabilizan por la inseguridad y la desocupación a los indocumentados. A partir del estallido de la crisis, la tasa de desempleo norteamericana saltó del 4 al 10% (en realidad al 25%, si se incorpora a los que han dejado de buscar empleo y a los que han sido forzados a trabajar tiempo parcial (un total de 30 millones de personas). Las tensiones sociales consecuentes de la crisis están provocando un reacomodamiento en la política norteamericana.
Así, se ha formado una fracción fascistizante a la vera del Partido Republicano (el “Tea Party”), que ha tenido avances en las primarias republicanas. Esta derechización podría convertirse en un bumerán, porque la burguesía sigue defendiendo al centro para manejar el país. El republicano John McCain, senador desde 1987, que cortejaba el voto hispano, se ha ido aislando ahora que sale a pedir mano dura con los inmigrantes.
Contradicciones
A despecho de los reclamos derechistas, Estados Unidos no puede darse el lujo de prescindir de los trabajadores inmigrantes no regularizados (12 millones de personas). Es que proporcionan casi toda la mano de obra agrícola, y cubren gran parte de los empleos de menor calificación.
El flujo de inmigrantes en Estados Unidos ha causado un descenso de más del 3% en los salarios que se ofrecen para estos puestos de trabajo. Más de uno de cada tres trabajadores inmigrantes sufren violaciones a la ley de salario mínimo, y a ocho de cada diez no se les paga horas extras como marca la ley (BBCmundo.com, 15/5).
Los inmigrantes son, entonces, “un pilar esencial de la economía de muchos estados”, pero, al mismo tiempo, “una fuente de conflictos sociales” (El País, 7/7). Los latinos en Estados Unidos han desatado huelgas y manifestaciones y han creado un movimiento que ya en 2006 evitó la reforma (anti)inmigratoria de Bush. que muchos comparan con el movimiento por los derechos civiles de la década del ’60.
La posición de Obama de avanzar en una reforma migratoria responde entonces, por un lado, a la movilización popular hispana y al riesgo de perder sus votos en la comunidad, pero no ha pasado de las palabras. Pero responde también a la presión de una coalición apoyada, entre otros, por los presidentes de firmas como Hewlett-Packard, Disney, Boeing y News Corp., del empresario de medios Rupert Murdoch, y alcaldes de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia. Es que la expulsión significaría un desastre para sectores enteros de la economía, que funcionan sobre la base de la enorme explotación de la población inmigrante, y es una expresión también de que el gran capital ve peligrosa la escalada derechista.
Pateando la pelota hacia adelante
Los empresarios no quieren eliminar la inmigración latina; al contrario, su interés es mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable en condiciones precarias, y desechable mediante la deportación. Es por eso que la reforma que propone Obama no significa una amnistía, los no regularizados deberán cumplir duras exigencias para legalizar su situación, “deberán pagar impuestos atrasados, una multa y aprender inglés”.
Los mismos requerimientos del plan que en su momento había propuesto George Bush. Pero Obama no hizo nada para hacer avanzar el proyecto de ley: no se enunció “siquiera, ni una pauta ni una fecha de compromiso”, denunció el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani (La Nación, 2/7).
Lo único que sí hizo fue enviar 1.200 efectivos para controlar la frontera, así como un aporte adicional de 500 millones de dólares. Ubicado en el nudo de las presiones contradictorias que provoca la crisis, Obama domina todavía el centro del escenario porque la crisis económica no ha desatado aún un estallido social; y para el establishment no es todavía la derecha fascista la que puede prevenirlo.
Una veintena de Estados están estudiando implantar medidas similares a las de Arizona, al tiempo que se ha desatado una ola de persecución de indocumentados. El propio Obama sustituyó las redadas por auditorías, lo cual obliga a las empresas a despedir a indocumentados (The New York Times, 9/7).
En un año electoral, los candidatos (especialmente los republicanos, pero no sólo ellos) responsabilizan por la inseguridad y la desocupación a los indocumentados. A partir del estallido de la crisis, la tasa de desempleo norteamericana saltó del 4 al 10% (en realidad al 25%, si se incorpora a los que han dejado de buscar empleo y a los que han sido forzados a trabajar tiempo parcial (un total de 30 millones de personas). Las tensiones sociales consecuentes de la crisis están provocando un reacomodamiento en la política norteamericana.
Así, se ha formado una fracción fascistizante a la vera del Partido Republicano (el “Tea Party”), que ha tenido avances en las primarias republicanas. Esta derechización podría convertirse en un bumerán, porque la burguesía sigue defendiendo al centro para manejar el país. El republicano John McCain, senador desde 1987, que cortejaba el voto hispano, se ha ido aislando ahora que sale a pedir mano dura con los inmigrantes.
Contradicciones
A despecho de los reclamos derechistas, Estados Unidos no puede darse el lujo de prescindir de los trabajadores inmigrantes no regularizados (12 millones de personas). Es que proporcionan casi toda la mano de obra agrícola, y cubren gran parte de los empleos de menor calificación.
El flujo de inmigrantes en Estados Unidos ha causado un descenso de más del 3% en los salarios que se ofrecen para estos puestos de trabajo. Más de uno de cada tres trabajadores inmigrantes sufren violaciones a la ley de salario mínimo, y a ocho de cada diez no se les paga horas extras como marca la ley (BBCmundo.com, 15/5).
Los inmigrantes son, entonces, “un pilar esencial de la economía de muchos estados”, pero, al mismo tiempo, “una fuente de conflictos sociales” (El País, 7/7). Los latinos en Estados Unidos han desatado huelgas y manifestaciones y han creado un movimiento que ya en 2006 evitó la reforma (anti)inmigratoria de Bush. que muchos comparan con el movimiento por los derechos civiles de la década del ’60.
La posición de Obama de avanzar en una reforma migratoria responde entonces, por un lado, a la movilización popular hispana y al riesgo de perder sus votos en la comunidad, pero no ha pasado de las palabras. Pero responde también a la presión de una coalición apoyada, entre otros, por los presidentes de firmas como Hewlett-Packard, Disney, Boeing y News Corp., del empresario de medios Rupert Murdoch, y alcaldes de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia. Es que la expulsión significaría un desastre para sectores enteros de la economía, que funcionan sobre la base de la enorme explotación de la población inmigrante, y es una expresión también de que el gran capital ve peligrosa la escalada derechista.
Pateando la pelota hacia adelante
Los empresarios no quieren eliminar la inmigración latina; al contrario, su interés es mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable en condiciones precarias, y desechable mediante la deportación. Es por eso que la reforma que propone Obama no significa una amnistía, los no regularizados deberán cumplir duras exigencias para legalizar su situación, “deberán pagar impuestos atrasados, una multa y aprender inglés”.
Los mismos requerimientos del plan que en su momento había propuesto George Bush. Pero Obama no hizo nada para hacer avanzar el proyecto de ley: no se enunció “siquiera, ni una pauta ni una fecha de compromiso”, denunció el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani (La Nación, 2/7).
Lo único que sí hizo fue enviar 1.200 efectivos para controlar la frontera, así como un aporte adicional de 500 millones de dólares. Ubicado en el nudo de las presiones contradictorias que provoca la crisis, Obama domina todavía el centro del escenario porque la crisis económica no ha desatado aún un estallido social; y para el establishment no es todavía la derecha fascista la que puede prevenirlo.
