Las acusaciones consideran que todos los sacerdotes son «empleados» de la Santa Sede y ésta ha recurrido al Supremo
ÍÑIGO DOMÍNGUEZ | ROMA.
El Papa dice que Jesús guía a los fieles «hacia el coraje que no se intimida por la cháchara»
El escándalo de la pedofilia entra en Estados Unidos en un grado de complicación judicial que conlleva también un problema diplomático.
Dos tribunales de Oregón y Kentucky que juzgan sendos casos de sacerdotes acusados de pederastia han admitido la petición de la acusación de sentar en el banquillo al Vaticano, por considerar que, más allá de la diócesis y siguiendo el orden jerárquico de la Iglesia , allí están los responsables últimos de lo ocurrido.
El primero en hacerlo fue el de Oregón y los abogados de la Santa Sede presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo para que anule la decisión, según ha revelado el 'Washington Post'. Ahora es la máxima autoridad judicial estadounidense la que debe indicar el camino a seguir. Si confirma la decisión, algún responsable del Vaticano debería acudir a Oregón y Kentucky a presentar testigos y documentos. Además se abre el delicado capítulo de las indemnizaciones, que pesarían directamente sobre la Santa Sede.
Según han argumentado los abogados del caso de Oregón, «todos los curas del mundo son empleados del Vaticano» y el Papa debería responder por ellos. «Queremos saber lo que sabía el Vaticano y qué instrucciones dio», ha explicado al diario estadounidense el letrado de Kentucky, William McMurry, que de este modo quiere tener acceso a documentos oficiales.
Será difícil que estas tesis salgan adelante, pues el Vaticano es un estado extranjero, y no es la primera vez que esto ocurre. El precedente es muy sonado. En enero de 2005, un juez de Texas admitió una petición similar en otro proceso por pederastia a un cura.
Los abogados de las víctimas querían citar a Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe , autoridad en la línea de ortodoxia de la Iglesia , por considerar que sus directrices habían obstaculizado la Justicia. Se refería a los célebres documentos que suelen centrar la polémica -'Crimen sollicitationis', de 1962, y 'De delictis gravioribus', de 2001-, en los que se ordenaba para los casos de pedofilia procesos canónicos internos bajo secreto pontificio. Sin embargo, en abril Ratzinger fue elegido Papa y la Santa Sede pidió para él la inmunidad diplomática, por ser un jefe de Estado.
El Departamento de Estado acogió la petición y la firmó George W. Bush, motivada por el segundo fiscal federal Peter Keisler. Argumentó que un juicio contra el Papa sería «incompatible con los intereses de su política exterior».
Desde Roma ayer se guardó silencio, aunque en la homilía de Benedicto XVI en la misa del Domingo de Ramos se oyeron frases que los expertos relacionan con el escándalo. Se trata de pasajes rebuscados en reflexiones teológicas, pero en el Vaticano lo normal es leer entre líneas para sacar titulares. Reflexionando sobre el modo de seguir a Jesús, Ratzinger dijo que guía a los fieles «hacia el coraje que no se deja intimidar por la cháchara de las opiniones dominantes, hacia la paciencia que soporta y sostiene al otro (...), hacia la fidelidad hacia el otro cuando la situación se hace difícil».
En el debate intervino ayer, a contracorriente como es su costumbre, el cardenal Carlo María Martini, de 83 años, referencia del sector progresista de la Iglesia. En un artículo en el diario austriaco 'Die Presse' repitió que «debe reconsiderarse el celibato. Las cuestiones de fondo de la sexualidad se deben revisar dialogando con las nuevas generaciones, para reconquistar la confianza perdida». Así se reabre uno de los flancos más delicados de la polémica, pero Martini suele ser acallado .
También hubo novedades en Suiza. Doris Leuthard, su presidenta, ha propuesto crear una «lista negra» de sacerdotes pedófilos, como la que ya existe para profesores. En Austria, también sacudida por varios escándalos, el cardenal de Viena, Christopher Schonborn, anunció el nombramiento de un responsable independiente para investigar los abusos. Se trata de una mujer, Waltraud Klasnic, ex-gobernadora regional.
