¡Escándalo
y temor en Costa Rica! Juez que autorizó la extradición de Celso Gamboa y
“pecho de rata” revela que recibió amenazas de muerte, incluso desde otros
países
Amenazas contra la justicia Costarricense: el juez y su familia también fueron blanco de intimidaciones
Costa Rica conoció nuevos detalles sobre uno de los episodios más trascendentales para la administración de justicia del país.
El juez penal William Serrano Baby, quien autorizó la extradición de Celso Gamboa y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, reveló que recibió fuertes amenazas de muerte durante la tramitación de estos procesos judiciales, algunas de ellas procedentes de otros países y difundidas mediante redes sociales.
¡Las amenazas no solo iban dirigidas contra el juez, sino también contra su núcleo familiar!
La revelación fue realizada durante una entrevista incluida en el documental “Extradición: la línea que cruzó la justicia”, elaborado por el Ministerio Público para dar a conocer los detalles y desafíos que rodearon los primeros casos de extradición de ciudadanos costarricenses en la historia del país.
Según relató Serrano Baby, mientras tenía bajo su responsabilidad la solicitud de extradición, él y sus familiares fueron objeto de intimidaciones directas que generaron una situación de especial preocupación.
“Se presentan una serie de amenazas a este servidor y a mi núcleo familiar debido al proceso que estaba llevando”, explicó el juez al recordar las circunstancias que enfrentó durante el procedimiento.
El juzgador señaló que algunas de estas amenazas provenían del extranjero y se realizaban a través de plataformas digitales. Ante la gravedad de la situación, recibió apoyo de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, conocida como UPROV, que colaboró con medidas de protección procesales y extraprocesales para enfrentar los riesgos.
AMENAZAS DIRECTAS QUE BUSCABAN INTIMIDAR A LOS FUNCIONARIOS
De acuerdo con el testimonio del juez, no se trataba únicamente de comentarios intimidatorios o advertencias ambiguas. Las amenazas, según describió, eran directas y estaban dirigidas contra los funcionarios judiciales que tenían a su cargo el caso.
El objetivo aparente de estas intimidaciones era generar temor e influir en el desarrollo del procedimiento, incluso intentando evitar que determinados funcionarios fueran quienes tomaran las decisiones finales.
Sin embargo, Serrano Baby aseguró que las presiones no le impidieron continuar con su trabajo conforme a la legislación costarricense, respetando el debido proceso y actuando dentro de sus competencias.
UNA DECISIÓN JUDICIAL QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS
La resolución que autorizó la extradición fue impugnada por las defensas de Celso Gamboa y Edwin López Vega. No obstante, un tribunal de apelación ratificó la decisión, permitiendo que ambos fueran extraditados a Estados Unidos.
Actualmente, ambos se encuentran encarcelados en ese país mientras afrontan los procesos penales correspondientes por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.
UN MENSAJE SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
El testimonio de William Serrano Baby pone sobre la mesa una preocupación fundamental para cualquier Estado de derecho: la seguridad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, especialmente cuando participan en investigaciones o procedimientos de alto impacto.
Las amenazas contra jueces y sus familias, cuando ocurren, representan un asunto de enorme gravedad, pues pueden poner en riesgo la integridad de los funcionarios y generar presiones sobre decisiones que deben adoptarse con independencia, imparcialidad y apego a la ley.
La experiencia relatada por el juzgador también destaca la importancia de los mecanismos de protección para los funcionarios judiciales y sus familiares, así como la necesidad de que las amenazas sean investigadas por las autoridades competentes.
¡LA JUSTICIA NO DEBERÍA DICTAR SUS RESOLUCIONES BAJO EL MIEDO! La revelación de estas intimidaciones vuelve a poner en discusión los desafíos que enfrenta Costa Rica en la lucha contra las estructuras criminales y la protección de las personas encargadas de hacer cumplir la ley.
¿QUÉ OPINA USTED? ¿Considera que Costa Rica debe reforzar todavía más la protección de los jueces que enfrentan casos de alto riesgo? Los funcionarios judiciales y sus familias merecen garantías para que las decisiones se tomen conforme a la ley, sin amenazas ni intimidaciones.
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