El Partido Vanguardia Popular (PVP) condena la orientación autoritaria y de rasgos neofascistas que expresa el régimen Chaves-Fernández al presentar como símbolo de eficiencia gubernamental la construcción acelerada del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), mientras infraestructura hospitalaria indispensable para garantizar la salud y la vida del pueblo costarricense continúa acumulando atrasos.
El contraste es concreto. El CACCO fue construido con una inversión aproximada de ₡21 mil millones, tendrá capacidad para 5.100 personas privadas de libertad y cuenta con cinco módulos de alta seguridad. Su construcción se planteó originalmente en un plazo de apenas 195 días y será inaugurado este 14 de octubre.
Mientras tanto, el nuevo Hospital de Cartago, necesario para atender a más de 500 mil personas, apenas colocaría su primera piedra en junio de 2027 y estaría terminado hasta el segundo semestre de 2030, con suerte. La obra contempla una inversión aproximada de ₡208 mil millones, 457 camas y 10 quirófanos.
La pregunta es inevitable, ¿Por qué para una cárcel existe semejante sentido de urgencia y para un hospital que puede salvar miles de vidas debemos esperar años?
La situación de la CCSS hace todavía más dramático el contraste.
Más de 1,44 millones de personas se encontraban en listas de espera y, a marzo de este año, 204.622 personas esperaban una cirugía, con un tiempo promedio de 441 días.
Más grave todavía, datos oficiales indican que 678 pacientes fallecieron durante los últimos tres años mientras esperaban una operación en la Caja, aproximadamente una persona cada 39 horas.
Como Vanguardia Popular, cuestionamos que la respuesta fundamental sea fortalecer el aparato represivo sin enfrentar con igual decisión las condiciones sociales que permiten que la delincuencia encuentre terreno fértil.
Durante décadas, sucesivos gobiernos han debilitado el Estado Social, abandonado el desarrollo productivo nacional y reducido la prioridad presupuestaria de áreas fundamentales.
En educación, por ejemplo, el presupuesto llegó en 2025 aproximadamente al 5% del PIB, muy lejos del 8% establecido constitucionalmente. El Estado de la Educación advierte que desde 2018 disminuyó la prioridad presupuestaria del sector, afectando programas de equidad, infraestructura y otras áreas esenciales.
Ese deterioro tiene consecuencias. Para miles de jóvenes estudiar significa enfrentar una disyuntiva cruel, trabajar o estudiar y, en los hogares más empobrecidos, prácticamente comer o estudiar.
A esto se suman dificultades para encontrar empleo digno, acceder a vivienda, practicar deporte, participar en actividades culturales o imaginar un futuro diferente.
En el campo, pequeños productores enfrentan enormes obstáculos para acceder a tierra, crédito, asistencia y mercados.
La pobreza no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades crean espacios que el narcotráfico y el crimen organizado aprovechan para reclutar jóvenes.
Ahí está la contradicción que denunciamos, después de décadas debilitando las herramientas sociales que pueden prevenir la violencia, la respuesta es construir cárceles para encerrar a parte de las generaciones que crecieron bajo esas condiciones.
Para el PVP, la seguridad pública no comienza en una celda. Comienza en una escuela, un colegio, una universidad, un empleo digno, una cancha deportiva, una casa de cultura, una vivienda y una comunidad donde existan posibilidades reales de construir un proyecto de vida.
Si Costa Rica puede levantar aceleradamente infraestructura para albergar 5.100 personas encarceladas, también puede y debe actuar con mayor urgencia para que 1,44 millones de personas no tengan que esperar atención médica.
El problema no es construir una cárcel necesaria para enfrentar criminales de alta peligrosidad. El problema es una concepción política que demuestra urgencia para encarcelar, pero no la misma urgencia para educar, prevenir, producir, generar oportunidades y salvar vidas.
El PVP rechaza que el Estado sea sustituido progresivamente por un Estado punitivo.
Costa Rica necesita combatir al crimen organizado, pero también necesita impedir que nuevas generaciones sean abandonadas y posteriormente recibidas por el Estado únicamente cuando llega el momento de encerrarlas.
