El caso de las armas que durante años alimentaron la violencia de los cárteles mexicanos, colocan al Perú en una nueva historia de la narcoviolencia.
Según la periodista mexicana Anabel Hernández, su reciente libro tendría un capítulo sobre el gobierno del expresidente Alan García.
La publicación destapa los laboratorios clandestinos del narcotráfico y la compra de armamento bajo el control del Estado.
En su libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, Hernández recoge el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, antiguo integrante de la estructura del Cártel de Sinaloa y cercano a Arturo Beltrán Leyva. Su relato describe la manera en que el crimen organizado mexicano habría conseguido extender sus redes mediante una combinación de violencia, corrupción y acuerdos con funcionarios y autoridades. En esa trama aparece el Perú.
“El armamento, por cierto, venía de Perú, gracias a un presidente de Perú, que pactó directamente con el cártel de Sinaloa para entregarles las armas que el gobierno de Perú compraba en China”, afirma Anabel Hernández durante la entrevista basada en su investigación.
La acusación es de extrema gravedad. De acuerdo con su relato, el gobierno chino habría vendido el armamento sin conocer, aparentemente, cuál sería su destino final. Las armas, sin embargo, habrían terminado formando parte del arsenal utilizado por organizaciones criminales mexicanas durante los años más violentos de la expansión de los cárteles.
Hernández sitúa temporalmente esta operación entre los años 2004 y 2010. “Mucho del armamento que provocó miles de muertes en México”, sostiene, “vino del gobierno de Perú”.
La siguiente afirmación introduce directamente el nombre del expresidente Alan García.
“A cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación”, señala la periodista. Ante la pregunta sobre a qué presidente se refiere, responde: “Alan García”.
La declaración se trata de una afirmación periodística sustentada, según Hernández, en el testimonio de “El Grande”, quien asegura haber conocido desde dentro la estructura del narcotráfico y sus relaciones con distintos actores del poder. Ese matiz resulta fundamental.
Una acusación de esta naturaleza exige separar el testimonio de su comprobación documental. El hecho de que un antiguo integrante del crimen organizado formule una revelación no convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos acreditados. Pero tampoco permite ignorarlas cuando son expuestas públicamente dentro de una investigación periodística que pretende reconstruir las redes internacionales de corrupción y tráfico de armas.
La tesis central de Narcocracia precisamente apunta hacia ese territorio incómodo: los cárteles mexicanos no habrían conquistado espacios de poder únicamente mediante las armas, sino también mediante el dinero y la penetración de las instituciones.
Gobernadores, generales, empresarios, senadores, funcionarios y presidentes aparecen en el mapa descrito por Hernández. La frontera entre Estado y crimen organizado, según esa investigación, habría comenzado a desaparecer allí donde los intereses económicos, políticos y criminales encontraron puntos de encuentro.
Cártel de Sinaloa.
En ese escenario, la presunta conexión peruana adquiere una dimensión internacional. Ya no se trataría únicamente de investigar quién recibió las armas o quién las utilizó, sino de determinar cómo un armamento comprado por el Estado peruano en China pudo, presuntamente, terminar en manos de una organización criminal mexicana.
La respuesta, si existieron esas operaciones, tendría que encontrarse en documentos de compra, contratos, registros de importación y exportación, mecanismos de control y destino final del armamento.
La declaración de Anabel Hernández coloca una pieza inesperada sobre el tablero: Perú. Y junto a ella, un nombre que pertenece a una etapa decisiva de la historia política peruana: Alan García Pérez.
Contratapa del libro Narcocracia.
La revelación, por tanto, no debería quedar reducida a una frase impactante de una entrevista. Si existen documentos que respalden lo señalado por Hernández y por “El Grande”, estaríamos ante una historia que atravesaría gobiernos, fronteras y estructuras criminales.
La pregunta queda planteada: ¿cómo llegaron esas armas del Estado peruano al poder de los cárteles mexicanos y quiénes hicieron posible esa ruta?
Narcocracia ofrece una versión. Ahora corresponde determinar cuánto de esa versión puede ser demostrado en el Perú.
