Muy probablemente, Washington desea prepararse para intervenir o influir con la amenaza del uso de la fuerza ante cualquier cisne negro que pudiera poner en riesgo sus intereses en Venezuela
Catástrofe y ayuda estadounidense son términos que suelen conjugarse en tono de peligro.
Y si a ello se agrega un contexto tan particular como el venezolano, marcado por una arquitectura de sanciones punitivas todavía vigente y el control ilegal de EE.UU. sobre los ingresos petroleros del país, las probabilidades de riesgo en cuanto a pérdida de soberanía son aún mayores.
Movilización militar en datos
Tras los intensos terremotos que devastaron las paredes, las viviendas y el alma de los venezolanos el pasado 24 de junio, la administración Trump desplegó una operación de apoyo humanitario coordinada por el Departamento de Guerra, a través del Comando Sur, y el Departamento de Estado.
En un comunicado al día siguiente de la catástrofe, el comando con sede en Florida anunció la activación de una “incomparable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento del ejército estadounidense, con el fin de salvar vidas y brindar apoyo al Gobierno de Venezuela durante esta crisis”.
Ese mismo día, el general de división del Cuerpo de Marines, Kevin J. Jarrard, designado como jefe de la operación, arribó a Venezuela para supervisar un despliegue que incluía, en las primeras de cambio, la movilización de los buques de guerra USS Fort Lauderdale y USS Billings hacia las costas del gravemente afectado estado La Guaira, el epicentro de la tragedia venezolana; ese primer impulso también comprendió a los aviones C-17 Globemaster y C-130 Hercules, “junto con plataformas de reconocimiento y helicópteros”, según la entidad militar.
Al día siguiente, 26 de junio, se sumaron helicópteros MV-22 Osprey y CH-47 Chinook al contingente aéreo para el traslado de cuerpos de rescate, equipos de especialistas en gestión de aeródromos destinados al Aeropuerto Internacional de Maiquetía (ubicado en La Guaira) y suministros no especificados.
A su llegada a la nación caribeña, Jarrard sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el propósito de “evaluar las operaciones de rescate y la canalización de ayuda humanitaria tras el evento telúrico”, recoge una nota del servicio de prensa de Miraflores.
La tragedia ocurrida en Venezuela le ha otorgado a Washington un pretexto para ampliar y extender durante tiempo indefinido, bajo una cortada humanitaria, su presencia militar en la nación caribeña.
En los días posteriores, la operación ascendió en volumen y dimensión operativa, con helicópteros UH-1Y Venom realizando evaluaciones aéreas sobre zonas devastadas, el USS Fort Lauderdale atracando en el puerto de La Guaira e infantes de marina de la Compañía de Logística de Combate de la Base Aérea de los Marines en Carolina del Norte pisando suelo venezolano. De hecho, registros gráficos muestran caravanas de vehículos tácticos militares recorriendo zonas de La Guaira.
Para el 30 de junio, el comando anunciaba la instalación de un “Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria” en el aeropuerto antes mencionado, y remarcaba un aumento del “refuerzo logístico” mediante camiones militares y vehículos todo terreno ingresando al territorio nacional. En ese contexto, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, confirmó a Reuters la presencia en Venezuela de más de 900 efectivos militares, y otros 800 apostados en bases en Puerto Rico y Curazao.
Donovan también aseveró que se habían desplegado al menos cuatro drones de vigilancia MQ-9 Reaper y, evidenciando el potencial carácter híbrido del despliegue, afirmó: “Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas para ahora asegurarnos de que las carreteras estén abiertas y de que sepamos dónde están los edificios dañados”.
Luego del reciente ataque militar estadounidense al sur de Venezuela en el que fue dado de baja el líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, la declaración del general norteamericano debe tomarse como una advertencia sobre la frágil frontera entre un despliegue de socorro y su instrumentalización posterior, más allá de los fines manifestados públicamente.
Mapeando los riesgos
Aunque en el papel es el Departamento de Estado la entidad que lidera la respuesta estadounidense, el eje de las acciones tiene su centro de gravedad en el plano militar.
Hasta los momentos, el apoyo de carácter civil se ha limitado, según declaraciones del pasado 1° de julio del encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, a la canalización de 300 millones de dólares hacia programas de la ONU y organizaciones humanitarias, la instalación de un hospital de campaña a manos de la agrupación evangélica, Samaritan's Purse, la coordinación de centros de acopio de insumos en Miami junto a la ONG Global Empowerment Mission (GEM) y el despliegue de más de 300 rescatistas, que dieron con 5 supervivientes en labores de búsqueda. La cifra representa un poco menos de la décima parte del 1% del total de los rescates registrados hasta ahora.
El escaso impacto cuantitativo y cualitativo del esfuerzo de ayuda de Washington, señalado de insuficiente e incluso débil hasta por portavoces del atlantismo como la revista The Economist, no se corresponde con un despliegue militar que pareciera jerarquizar la proyección de poder y el dominio multinivel del territorio venezolano sobre las labores de socorro específicamente.
La tragedia ocurrida en Venezuela le ha otorgado a Washington un pretexto para ampliar y extender durante tiempo indefinido, bajo una cortada humanitaria, su presencia militar en la nación caribeña.
La intensa coreografía en aumento de aeronaves, helicópteros, buques de guerra y vehículos de combate dentro y en los alrededores del país es una evidencia material de un potencial ensayo de securitización territorial, enlazado a una combinación de factores críticos de carácter interno, pero también de naturaleza geopolítica.
Bien sea en Irán, Cuba o la propia Venezuela, la administración Trump ha puesto en vigor su doctrina de realismo flexible.
Fuera de las fronteras venezolanas, la instrumentalización militarizada de la devastación le reporta a la administración Trump una innegable rentabilidad geoestratégica al fortalecer una intensa movilización militar desde Curazao, Puerto Rico y Honduras, reforzando ante China y Rusia la noción de que la Cuenca del Caribe está bajo el dominio de la Doctrina Donroe desde su eje insular hasta su frente continental.
A lo interno, la influencia obtenida sobre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el puerto de La Guaira, además de la superioridad aérea ya regularizada y la vigilancia electrónica en curso confirmada por Donovan, dibujan un diagrama de cerco logístico, aislamiento y denegación posicional sobre Caracas, el vulnerable centro del poder en Venezuela, fácilmente estrangulable por su naturaleza de valle confinado y dependiente de suministros alimentarios e hídricos externos a su territorio.
El jefe del Comando Sur afirmó que los efectivos desplegados se retirarían de Venezuela una vez termine la misión, pero tampoco ahondó en detalles sobre lo que consideraría el final de la misma.
¿Esto quiere decir que está en marcha un proceso de ocupación? ¿Que es inminente una toma del país? No necesariamente, y una afirmación tan tajante, en un sentido o en otro, significaría una aventura especulativa.
Pero lo que, por ahora, está perfilando la creciente movilización militar norteamericana es un cálculo abierto y adaptable a la evolución de un contexto particular signado por los efectos de los terremotos, donde el mediano plazo luce inestable desde el punto de vista social y político.
Muy probablemente, Washington desea prepararse para intervenir o influir con la amenaza del uso de la fuerza ante cualquier cisne negro que pudiera poner en riesgo sus intereses.
Muestra de ello es la ambigüedad funcional con la que tanto Barrett y Donovan han abordado el rol de EE.UU. en la crisis postdesastre y su duración. Ambos funcionarios coinciden en que será de largo plazo, pero no hay claridad sobre el foco.
El jefe del Comando Sur afirmó que los efectivos desplegados se retirarían de Venezuela una vez termine la misión, pero tampoco ahondó en detalles sobre lo que consideraría el final de la misma. El espectro de indeterminación es demasiado amplio para estimar proyecciones en lo inmediato.
Otro aspecto que podría ofrecer una matización entre el pesimismo y la subestimación extrema es la alergia del Washington oficial a intervenciones clásicas enmarcadas en el concepto de nation building. Bien sea en Irán, Cuba o la propia Venezuela, la administración Trump ha puesto en vigor su doctrina de realismo flexible (administración del régimen en vez de cambio de régimen, en función de sus intereses económicos y geopolíticos principales) como sustituto del modelo neoconservador que fracasó en las invasiones de Irak y Afganistán.
El lucro de la catástrofe e inyectar oxígeno a un complejo militar-industrial zombificado bien podría ser la agenda real detrás de una operación que, después de lo ocurrido el 3 de enero, no puede tomarse como un bluff lleno de testosterona.
https://www.diario-red.com/articulo/america-latina/que-haciendo-realmente-ee-uu-venezuela-sismos/20260703220322072421.html
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