Julio de 2026. Los archivos Epstein siguen filtrándose. Donald Trump —presidente en funciones, con acusaciones documentadas de agresión sexual que él mismo describió con sus propias palabras en el famoso audio del Access Hollywood— ocupa la Casa Blanca. Y en California, un senador demócrata acaba de votar en contra de una ley que habría prohibido a personas registradas como delincuentes sexuales postularse a cargos públicos.
Los hechos, primero, porque importan: el proyecto AB 2753, impulsado por la asambleísta Esmeralda Soria, buscaba impedir que cualquier persona en el registro de delincuentes sexuales de California pudiera ocupar cargos electos —desde consejos escolares hasta la legislatura estatal. Pasó sin problema en la Asamblea. Llegó al Comité de Elecciones del Senado y ahí murió, con un voto 2-1-2.
El senador Scott Wiener —demócrata, progresista, presidente del comité— votó en contra. Su argumento: la ley era demasiado amplia. El proyecto murió.
¿Es el peor momento político posible para defenderla? sí.
Porque mientras este debate ocurre en Sacramento, en el resto del país la conversación gira alrededor de los archivos Epstein —esa red de abuso sexual de menores que involucra a poderosos de ambos partidos y que la administración Trump prometió liberar completamente, aunque los documentos siguen apareciendo en cuentagotas, con nombres cuidadosamente protegidos.
Una red donde el propio Trump fue mencionado en testimonios, donde su relación con Jeffrey Epstein está documentada fotográfica y públicamente durante años, antes de que ambos "se distanciaran".
¿A qué personajes estará intentando proteger? Probablemente nunca lo sabremos .
Lo que sí se puede decir, sin especular, es esto: vivimos un momento en que el debate sobre quién puede o no ejercer poder público está contaminado por la hipocresía sistémica de ambos partidos.
La derecha que convirtió la "protección de los niños" en bandera electoral lleva años protegiendo a figuras documentadas en los archivos Epstein.
La izquierda progresista que dice defender a las víctimas vota en contra de leyes que les parecen imprecisas, sin ofrecer una alternativa concreta.
Y en el centro de todo esto, el caso que inspiró AB 2753: Rene Campos, en Fresno, se declaró culpable en 2021 de un delito relacionado con pornografía infantil y después intentó postularse a un cargo local. Sin ninguna ley que lo impidiera.
La pregunta que nadie en el establishment político de ningún partido quiere responder directamente:
¿Por qué en 2026, con los archivos Epstein abiertos y con un presidente acusado de agresión sexual, sigue siendo tan difícil aprobar una ley que impida a delincuentes sexuales condenados ocupar cargos de poder sobre comunidades con niños?
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