La sombra del fraude electoral no solo se cierne sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras; se ha convertido en la matriz de una preocupante ofensiva represiva y de persecución política que amenaza con desmantelar la poca institucionalidad democrática que le queda al país centroamericano.
Lo que comenzó como denuncias de irregularidades se ha transformado en una sistemática agenda de control de los órganos electorales y de control, delineando un golpe directo a la autonomía de las instituciones y la voz disidente.
La narrativa oficial, que coronó a Nasry Asfura con el 40.27% de los votos frente al 39.39% de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha sido desde el inicio un castillo de naipes. Nasralla, la principal voz opositora, no tardó en calificar el proceso como un “fraude fraguado”, señalando la manipulación de al menos “10,000 urnas, equivalentes a 2 millones de votos”. Su denuncia más contundente apunta a la inexplicable “caída” del sistema de conteo de votos (TREP) a las 3:24 a.m. del 4 de diciembre, para reaparecer con datos alterados que beneficiaban al oficialismo.
Curiosamente, en este entramado de cuestionamientos, la injerencia pública del expresidente Donald Trump, en apoyo a Asfura, añade un inquietante matiz internacional a la ya compleja situación interna.
Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaraba a Asfura ganador, y la misión de Observadores Electorales por Honduras (OEH 2025) optaba por una versión edulcorada que descartaba el fraude masivo —aunque admitiendo “ajustes aritméticos menores” en el 0.3% de las actas—, el Ministerio Público iniciaba investigaciones por manipulación de resultados en el escrutinio de las primarias, requiriendo a personas por alterar actas.
Una señal de que el humo de la irregularidad no era solo una invención de la oposición.
Sin embargo, la verdadera dimensión de la persecución política se hizo evidente con el ataque frontal a los pilares de la institucionalidad. Marlon Ochoa, consejero electoral por el partido Libre, se ha convertido en el rostro más visible de esta arremetida.
Sus valientes denuncias de un “megafraude electoral” en los comicios de 2025 le valieron la suspensión de su cargo y un juicio político impulsado por un Congreso que, a todas luces, parece decidido a eliminar cualquier voz discordante.
Ochoa no ha dudado en calificar este proceso como una “ofensa brutal contra la democracia hondureña”, denunciando un intento del bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) de “encubrir el golpe electoral” y de consolidar un control absoluto de las instituciones.
La ofensiva legislativa no se detuvo ahí. El Congreso Nacional de Honduras ha desatado una purga sin precedentes, configurando un golpe directo a la democracia.
La destitución de seis altos funcionarios de los órganos electorales y de control –Marlon Ochoa y Karen Rodríguez del CNE; Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Suyen Muñoz, comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia– es un movimiento orquestado para asegurar un dominio político total.
Este patrón de acciones represivas no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia que comenzó el pasado 23 de marzo con el juicio político, exprés y sin garantías, contra el fiscal general Johel Zelaya, un proceso que concluyó en menos de 48 horas.
Dos días después, se anunció un nuevo juicio político para destituir a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien terminó presentando su renuncia bajo una presión insostenible.
La actual arremetida profundiza la ruptura del orden democrático en Honduras.
En un país que ya carga con el peso de crisis institucionales y fraudes electorales en 2013 y 2017, la manipulación del último proceso, donde dos consejeras declararon de forma ilegal al presidente y a otros funcionarios sin el conteo total de votos, solo ha cimentado la desconfianza.
La destitución simultánea de figuras clave del árbitro electoral y de instancias de control institucional apunta a un objetivo claro: reconfigurar el sistema para asegurar un dominio político sin contrapesos, debilitando la independencia de los órganos encargados de velar por elecciones libres y justas.
Este nuevo episodio eleva las alertas sobre el riesgo de una deriva autoritaria, en la que el control de los organismos electorales se convierte en pieza central para consolidar un esquema de poder.
La censura y la persecución política se erigen como las herramientas para silenciar a quienes se atreven a denunciar y a defender la verdad.
En este contexto, la voz de figuras como Marlon Ochoa se vuelve esencial, un faro en la oscuridad de la represión.
La invisibilización que se plantea respecto al proceso que vive Honduras, forma parte de una política que se viene aplicando en distintos países como El Salvador y Ecuador, donde la operatoria de las mafias ligadas al crimen organizado penetran en las instituciones bajo un manto político para avanzar sobre las disidencias que muestran los verdaderos planes de dominación y colonialismo de quienes buscan perpetuarse en el poder, a costa de la democracia.
Oscar Rotundo* Analista político. Director Editorial PIA Global.
Foto de portada: afp_tickers
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