Más que un caso individual, revela cómo el lawfare se instala como una forma de disciplinamiento que no requiere pruebas extraordinarias, sino relatos eficaces, sostenidos también por silencios cómplices.
o recuerdo con precisión en qué año conocí a Jorge Glas. En esos años, el trabajo en el gobierno de Rafael Correa era absorbente, sí, pero también profundamente maravilloso: había una sensación constante de estar construyendo algo tangible, de ver resultados que se materializaban casi de inmediato en obras, en políticas, en cambios reales de la vida de la gente.
Todo ocurría con una intensidad difícil de explicar, una mística que atravesaba cada jornada y que volvía secundarios los calendarios y las fechas exactas. Por eso no ubico a Jorge Glas en un día preciso, sino en ese pulso colectivo, en esa energía compartida donde el trabajo no era solo trabajo, sino una convicción profunda de que Ecuador podía ser distinto.
No era un perfil mediático; más bien, era reconocido por ser un hombre técnico, de gestión. Cuando llegó la persecución judicial y con ella, la mediática, esa misma condición —la de no haber construido una figura pública desde la exposición, sino desde la ejecución— terminó pesando.
Jorge David Glas Espinel construyó una trayectoria que lo llevó de la gestión pública a la vicepresidencia durante el gobierno de Rafael Correa.
Ingeniero eléctrico de formación por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), inició su paso por el Estado en el ámbito de las telecomunicaciones, un sector clave en la modernización institucional de esos años.
Antes de ocupar cargos de mayor visibilidad política, desarrolló una carrera técnica vinculada a la gestión de empresas públicas estratégicas: fue gerente del Fondo de Solidaridad, organismo que administraba activos en áreas como energía y telecomunicaciones, y desde ahí tuvo incidencia en la conducción de empresas como Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y otras entidades vinculadas a sectores estratégicos.
Ese recorrido lo posicionó como un operador técnico dentro del gobierno, especializado en la articulación de proyectos de infraestructura y en la gestión de áreas consideradas prioritarias para el desarrollo, lo que posteriormente lo llevaría a asumir el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
Su vínculo con Rafael Correa, sin embargo, no comenzó en la política. Ambos se conocieron en su juventud en Guayaquil, a través de grupos de boy scouts, donde forjaron una relación cercana desde muy temprano.
Su trayectoria en los sectores estratégicos lo llevó a la vicepresidencia, primero en 2013 y luego a la reelección en 2017, de la mano de Lenín Moreno. Con un supuesto discurso “anticorrupción”, Moreno marcó rápidamente distancia del proyecto político del que provenía, reconfigurando alianzas y abriendo un escenario de confrontación que tendría consecuencias directas sobre figuras centrales de ese proceso, entre ellas Jorge David Glas Espinel.
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Jorge David Glas Espinel construyó una trayectoria que lo llevó de la gestión pública a la vicepresidencia durante el gobierno de Rafael Correa
Lo que comenzó entendiéndose, erróneamente, como una “pelea de compadres” o una tensión entre el nuevo presidente y su antecesor, Rafael Correa, terminó revelándose como algo más profundo: la constatación de que Moreno nunca perteneció realmente a ese proyecto, sino que lo utilizó como plataforma para llegar al poder y, una vez ahí, trabajó para desmontarlo desde dentro.
En ese proceso, Glas Espinel no solo representaba una continuidad política, sino también un obstáculo incómodo: era uno de los cuadros con conocimiento directo de la arquitectura del Estado que se había construido, con capacidad de sostener ese rumbo y, al mismo tiempo, con legitimidad interna dentro del correísmo.
Su permanencia no solo contradecía el nuevo relato político, sino que dificultaba el reacomodo de alianzas y el giro del gobierno, convirtiéndolo en una figura que, más que desplazada, debía ser neutralizada por completo.
Rápidamente, Lenín Moreno comenzó a desmontar el andamiaje político que había heredado de la Revolución Ciudadana, mientras pactaba con medios, sectores empresariales y operadores institucionales, para redefinir el equilibrio de poder. En ese proceso, Glas Espinel fue progresivamente aislado: primero marginado de funciones, luego despojado de atribuciones clave dentro de la vicepresidencia y, finalmente, convertido en el centro de un relato que necesitaba responsables visibles para sostener el viraje político.
La construcción de un caso
En octubre de 2017, Glas fue detenido “preventivamente” e ingresó por primera vez en prisión en la Cárcel 4 de Quito, un centro de detención ubicado en la capital ecuatoriana destinado principalmente a exfuncionarios y personas procesadas por delitos de alto perfil.
Dos meses después, en diciembre, fue condenado a seis años por asociación ilícita en el caso vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, en el que no se presentaron pruebas materiales directas que acrediten que recibió sobornos; no existen transferencias bancarias, contratos firmados por él ni documentos que demuestren de forma fehaciente una entrega de dinero. El proceso se construyó principalmente sobre testimonios de terceros, en particular de intermediarios y exfuncionarios.
Fue gerente del Fondo de Solidaridad, organismo que administraba activos en áreas como energía y telecomunicaciones, y desde ahí tuvo incidencia en la conducción de empresas como Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y otras entidades vinculadas a sectores estratégicos
En esa misma línea, su defensa ha sostenido que la figura de asociación ilícita permitió establecer responsabilidad penal sin necesidad de probar un acto individual concreto de corrupción. A ello se suma el argumento de que, en su calidad de ministro coordinador de sectores estratégicos, su rol no implicaba la adjudicación directa de contratos, sino la articulación de políticas y proyectos.
Con la sentencia en firme, en octubre de 2018 fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, uno de los complejos penitenciarios más grandes y duros del país, marcado por el hacinamiento, la violencia estructural y el deterioro de las condiciones de vida. Ese traslado no solo implicó un cambio de lugar, sino un salto cualitativo en las condiciones del encierro.
En ese momento, cuando el proceso comenzaba a endurecerse, también hubo gestos que no pasaron por tribunales ni comunicados oficiales. Ya no recuerdo con exactitud quién me los entregó. Fue durante un viaje de trabajo del presidente Rafael Correa a España, en el que yo participaba, cuando me hicieron llegar dos rosarios bendecidos por el Papa Francisco: uno para Jorge David Glas Espinel y otro para su madre, una mujer profundamente religiosa.
Me correspondió entregarlos a su entonces esposa, en un contexto que no pasaba desapercibido: ella estaba siendo vigilada por la policía ecuatoriana, de una forma casi burda, como detectives de una mala película, demasiado evidentes como para no notarlos. No era una operación de alto riesgo ni nada parecido, pero sí un recordatorio incómodo del momento que se estaba viviendo.
Tampoco fue un acto público ni un posicionamiento. Pero sí un momento que contrastaba con todo lo demás. Mientras el caso empezaba a endurecerse y a cargarse de tensiones y disputas, aparecía un gesto mínimo, casi silencioso, que no buscaba incidir en el proceso, pero que, por un instante, le devolvía su humanidad.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Jorge David Glas Espinel, al considerar que su vida e integridad personal estaban en riesgo, tanto por sus padecimientos de salud como por el contexto de violencia en las cárceles del país.
En 2020, mientras seguía privado de libertad, llegó una segunda condena: ocho años por cohecho en el caso “Sobornos 2012–2016”, dentro de un proceso en el que la justicia ecuatoriana sostuvo la existencia de una estructura de financiamiento ilegal desde el Estado hacia el proyecto político de Rafael Correa. Para entonces, el viraje político impulsado por el gobierno de Lenín Moreno ya no solo era público, sino irreversible; el correísmo había dejado de ser el eje del gobierno —si es que alguna vez lo fue— para convertirse en su principal adversario.
Las alertas no se detuvieron ahí. En los años siguientes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que su detención presentaba elementos de arbitrariedad y recomendó su liberación, incorporando también preocupaciones sobre el deterioro de su salud y las condiciones de riesgo en las que permanecía recluido.
En octubre de 2017, Glas fue detenido “preventivamente” e ingresó por primera vez en prisión en la Cárcel 4 de Quito, un centro de detención ubicado en la capital ecuatoriana destinado principalmente a exfuncionarios y personas procesadas por delitos de alto perfil
Ese deterioro fue, precisamente, el argumento central de los recursos judiciales que vinieron después. En abril de 2022, ya durante el gobierno de Guillermo Lasso, un juez le concedió un habeas corpus argumentando vulneraciones a su derecho a la salud y a la integridad personal, lo que le permitió salir de prisión. Pero ese fallo no solo abrió un debate jurídico, sino que dejó en evidencia que, más allá del cambio de administración, existía una continuidad política. Tanto el gobierno anterior como el de Lasso buscaban desmontar el proyecto político asociado al correísmo, y en ese marco, el caso de Jorge Glas ocupaba un lugar central.
No se trataba de un alegato abstracto. Jorge Glas presenta un cuadro de salud complejo, con afectaciones graves a la salud mental, incluyendo depresión severa y crisis recurrentes, que han requerido atención médica.
A ello se suman signos de deterioro físico, incluyendo pérdida de peso y episodios asociados a desnutrición durante su reclusión.
Su condición exige tratamiento continuo y el suministro diario de medicamentos. Su defensa ha denunciado de manera reiterada que en prisión ese tratamiento no ha sido garantizado de forma adecuada, lo que agrava su estado y lo coloca en una situación de riesgo.
En mayo de 2022, la Corte Provincial revocó la decisión y ordenó su regreso a prisión, devolviéndolo al mismo entorno que organismos internacionales ya habían advertido como riesgoso. La rapidez de la apelación y la contundencia de la reversión reflejaron una línea de acción estatal coherente con ese objetivo político. Sin embargo, la reacción institucional no se detuvo ahí.
El juez que había otorgado la libertad fue posteriormente investigado, suspendido y finalmente destituido por el Consejo de la Judicatura. Aunque formalmente la sanción se justificó por faltas disciplinarias, los márgenes de actuación judicial estaban condicionados. Otros jueces que adoptaron decisiones favorables a Glas también enfrentaron procesos disciplinarios.
En noviembre de 2022, Jorge David Glas Espinel obtuvo una nueva excarcelación bajo medidas cautelares. No era una salida definitiva, sino una medida condicionada, sostenida principalmente en su estado de salud. El proceso judicial seguía abierto y, con él, la posibilidad constante de revertir cualquier decisión.
En diciembre de 2023, ante la posibilidad de nuevas acciones judiciales en su contra y la falta de garantías, Glas ingresó a la Embajada de México en Quito y solicitó asilo. Permaneció ahí durante meses, en una situación irregular, sin estar detenido, pero sin poder salir; protegido jurídicamente, pero sin una resolución clara sobre su futuro.
El asilo le fue concedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 5 de abril de 2024. En medio de la tensión, AMLO defendió la decisión con una afirmación directa: “desde luego que tiene derecho al asilo (…) y hay que hacer valer el derecho de asilo”.
Horas después, fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron con violencia en la embajada mexicana para capturarlo, violando cualquier principio de derecho internacional. Ese mismo día, México rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano.
Jorge Glas presenta un cuadro de salud complejo, con afectaciones graves a la salud mental, incluyendo depresión severa y crisis recurrentes, que han requerido atención médica
En ese momento, el entonces presidente Daniel Noboa, impulsaba una consulta popular y referéndum convocados para el 21 de abril de 2024.
El proceso incluía preguntas centradas en seguridad, reformas institucionales y el fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado, en medio de una crisis de violencia sin precedentes en el país. La irrupción en la embajada para secuestrar a Jorge Glas era el golpe de opinión que necesitaba el junior presidente para “reafirmar su autoridad y mano dura".
Noboa defendió la operación señalando que Ecuador no permitiría la impunidad y que se actuaría conforme al orden jurídico nacional, aun frente a tensiones internacionales. Glas quedó atravesado no sólo por su dimensión judicial y diplomática, sino también por el calendario político de un gobierno inepto que se jugaba legitimidad en las urnas.
Tras su detención, Jorge David Glas Espinel fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil, marcada por el encierro casi total, la vigilancia permanente y la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad.
En ese contexto, su situación comenzó a volverse más frágil: su estado físico se deterioró de forma visible y, en abril de 2024, inició una huelga de hambre como forma de protesta tras su captura. Poco después fue hospitalizado.
Mientras el conflicto avanzaba en instancias internacionales, las relaciones diplomáticas quedaron congeladas: sin embajadores, sin canales políticos directos y con una tensión que pasó de lo bilateral a lo multilateral. En paralelo, la situación de Glas Espinel prácticamente no cambió en lo inmediato.
El deterioro siguio avanzando y meses después, fue nuevamente hospitalizado, ahora tras un intento de suicidio mediante la ingesta de medicamentos.
Por ello, expertos independientes de Naciones Unidas volvieron a pronunciarse sobre su caso, señalando posibles vulneraciones a su derecho a la salud, a la integridad personal e incluso a la vida, en un contexto donde la atención médica adecuada no estaba garantizada. Lejos de aliviarse, su situación judicial se endureció. En 2025 llegó una nueva condena: trece años por peculado, en el caso de la reconstrucción de Manabí, un proceso relacionado con el uso de recursos públicos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Salvo excepciones, como la de Gustavo Petro, que ha intentado, con matices y límites, poner sobre la mesa la dimensión política del caso, o algunas posiciones desde México que han señalado la gravedad de lo ocurrido
Nuevamente, condenado sin pruebas que acrediten que Glas se haya beneficiado personalmente de esos recursos ni que haya intervenido de forma concreta en la adjudicación o ejecución de contratos específicos, repitiendo un patrón ya visto en causas anteriores: la utilización de estructuras amplias de responsabilidad para imputar penalmente sin demostrar un acto individual preciso.
Ese mismo año, su entorno volvió a tensarse. En enero de 2025 fue retirado del centro penitenciario ante alertas sobre posibles riesgos contra su vida dentro del sistema carcelario.
Poco después, fue trasladado nuevamente a una prisión de máxima seguridad, esta vez en Santa Elena, que hacía parte del nuevo esquema carcelario del gobierno ecuatoriano, inspirado en el CECOT de Nayib Bukele; un sistema más aislado, más opaco y, por ende, más susceptible de violaciones a los derechos humanos.
Desde su defensa, el énfasis empezó a ser otro: ya no solo la legalidad del proceso, sino su supervivencia. Denunciaron deterioro físico, pérdida de peso, falta de atención médica adecuada. Y, sin embargo, no hacía falta que lo dijeran: su estado era visible. Todas y todos lo vimos a través de las fotos que circulaban en los medios. Un cuerpo cada vez más frágil, consumiéndose en tiempo real.
En diciembre de 2025, un nuevo intento judicial buscó cambiar su situación. Un habeas corpus fue presentado con el argumento de que su salud requería hospitalización urgente.
El juez lo negó. No había, dijo, vulneración de derechos constitucionales, y tampoco consideró necesaria la hospitalización. La decisión no solo cerró esa vía, sino que marcó el punto en el que el caso empezó a desplazarse. Ya no se discutía únicamente su libertad, sino si podía sostenerse en esas condiciones.
Ese giro se hizo evidente pocos meses después. El frente judicial no se ha cerrado, pero ha cambiado de eje. Este pasado 2 de abril de 2026, en Santa Elena, debía reinstalarse la audiencia del habeas corpus correctivo presentado a favor de Jorge David Glas Espinel.
No se trataba de su libertad, sino de algo más básico: sus condiciones de detención y el acceso a atención médica. Sin embargo, la diligencia volvió a dilatarse, bajo el argumento de que su abogado no se había conectado a la sesión, una versión que fue desmentida por la defensa.
Cuando se apagan los argumentos jurídicos y se vacían de sentido las sentencias, lo que queda es una vida, la de Jorge David Glas Espinel. Un hombre que se deteriora en prisión, que necesita medicación diaria, que ha atravesado crisis de salud física y mental, y que sigue encerrado no solo por un expediente, sino por una decisión política sostenida en el tiempo, que es parte de una secuencia de gobiernos de derecha que, tras la ruptura con el correísmo, no solo buscaron desmontar un proyecto político, sino reordenar el país en función de otros intereses, privados, claro. Cada uno a su manera, con distintos lenguajes y estrategias, pero con el objetivo de abrir paso a un modelo donde el Estado se repliega y los intereses corporativos voraces avanzan.
El lawfare no es una consigna, es una práctica. Es la utilización del sistema judicial como herramienta de disciplinamiento político. No necesita pruebas extraordinarias, sino narrativas eficaces.
No ha habido una posición regional sostenida, articulada, capaz de disputar la narrativa dominante, y así, entre pronunciamientos aislados y silencios diplomáticos, el caso fue perdiendo centralidad, deslizándose lentamente hacia el olvido. Un hombre solo frente a una maquinaria política y judicial que lo excede
En medio de todo eso, el silencio. Porque el lawfare no se sostiene solo con jueces y medios de comunicación cómplices: se sostiene también con omisiones. Con la falta de pronunciamientos claros, sostenidos, colectivos. Con una diplomacia que muchas veces prefiere no incomodar, incluso frente a casos que evidencian a todas luces persecución política y vulneración de los derechos más básicos. También con los silencios incómodos de las y los propios, con sectores cobardes de su propio espacio político que han optado por omitir su defensa para acomodarse en el nuevo tablero de poder.
Salvo excepciones, como la de Gustavo Petro, que ha intentado, con matices y límites, poner sobre la mesa la dimensión política del caso, o algunas posiciones desde México que han señalado la gravedad de lo ocurrido. Pero ni siquiera esas voces han logrado romper el cerco. Porque no ha habido una posición regional sostenida, articulada, capaz de disputar la narrativa dominante, y así, entre pronunciamientos aislados y silencios diplomáticos, el caso fue perdiendo centralidad, deslizándose lentamente hacia el olvido. Un hombre solo frente a una maquinaria política y judicial que lo excede.
“El mundo tiembla: un hombre inocente está en la cárcel”, dijo el expresidente Rafael Correa refiriéndose a su compañero, pero sobre todo, amigo. Tal vez de eso se trata todo esto. De nombrarlo, de recordarlo. Porque detrás de todo esto hay una vida y una familia que sigue esperando.
Jorge, no te olvidamos.
