Más de un siglo después de 1898, el estatus político no resuelto de la isla continúa alimentando una lucha por la soberanía, la democracia y la autodeterminación económica.
Durante más de un siglo, Puerto Rico ha ocupado un espacio político que Estados Unidos prefiere no examinar con detenimiento. No es ni estado ni nación.
Sus residentes son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar por el presidente de la isla. Su delegado en el Congreso puede hablar, pero no emitir su voto final.
El Congreso conserva la máxima autoridad.
Esa ambigüedad no es accidental. Es estructural.
Y es la base sobre la que se asienta el movimiento independentista puertorriqueño.
Una herencia colonial
Puerto Rico se convirtió en posesión estadounidense en 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense.
Desde entonces, se ha clasificado como territorio no incorporado, lo que significa que la Constitución se aplica solo parcialmente y el Congreso ostenta plenos poderes en virtud de la Cláusula Territorial.
Aparece en el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2. Dice:
“El Congreso tendrá la facultad de disponer y dictar todas las normas y reglamentos necesarios respecto al territorio u otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos…”
Esa única frase es la base constitucional de la autoridad del Congreso sobre los territorios estadounidenses, incluido Puerto Rico.
En 1917, el Congreso otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Sus partidarios la presentaron como una medida de inclusión.
Sus críticos la vieron como un acto de reclutamiento y control.
El problema de fondo seguía sin resolverse: ¿Quién gobierna a Puerto Rico?
El movimiento independentista moderno surgió a principios del siglo XX, principalmente a través del Partido Nacionalista Puertorriqueño, liderado por Pedro Albizu Campos.
En las décadas de 1930 y 1950, los enfrentamientos entre nacionalistas y autoridades respaldadas por Estados Unidos se intensificaron, incluyendo la Masacre de Ponce de 1937 y el Levantamiento de Jayuya de 1950.
En 1954, activistas nacionalistas abrieron fuego en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para dramatizar el estatus de Puerto Rico.
La respuesta federal fue rápida y severa. Se encarceló a líderes. La vigilancia fue generalizada. La lucha armada se desvaneció, pero la demanda política de soberanía no.
Desde 1946, el rostro electoral de la independencia ha sido el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Durante décadas, el partido solo obtuvo un apoyo mínimo. Sin embargo, la cuestión de la soberanía nunca desapareció.
¿Qué impulsa el movimiento hoy?
Hoy en día, la independencia tiene menos que ver con la revuelta armada y más con la legitimidad democrática y la autodeterminación económica.
En primer lugar, está la simple cuestión de la igualdad política.
El estatus territorial significa que el Congreso puede invalidar las decisiones locales.
El ejemplo más reciente es PROMESA, la ley federal de 2016 que creó una junta de control fiscal para gestionar la deuda de Puerto Rico.
Esta junta, no elegida por los puertorriqueños, tiene la autoridad de sustituir a los funcionarios electos de la isla.
Para los independentistas, esto fue una confirmación: Puerto Rico no tiene autoridad final sobre su propio presupuesto. La democracia sin soberanía es condicional.
En segundo lugar, existe frustración económica. La crisis de deuda de Puerto Rico desencadenó medidas de austeridad que incluyeron el cierre de escuelas, recortes a las pensiones y reducciones en la financiación universitaria.
Muchos independentistas argumentan que la estructura económica de la isla está limitada por la legislación federal, desde las regulaciones navieras bajo la Ley Jones hasta las limitaciones a la política comercial y la autonomía fiscal.
Sostienen que el estatus territorial fomenta la dependencia en lugar del desarrollo. Independientemente de si se acepta o no esta tesis, la experiencia vivida de la austeridad ha profundizado el escepticismo sobre el statu quo.
En tercer lugar, el huracán María de 2017 marcó un punto de inflexión político. La respuesta federal fue ampliamente criticada por lenta e inadecuada.
Miles de personas murieron tras el paso de la tormenta. Para muchos puertorriqueños, María expuso la vulnerabilidad de ser un territorio: dependiente de tomadores de decisiones distantes durante una crisis de vida o muerte.
¿Quién se opone a la independencia?
La oposición proviene de dos bandos principales.
El primero favorece la estadidad. Quienes la defienden argumentan que la plena igualdad política requiere convertirse en el estado número 51.
En lugar de soberanía, buscan la integración plena: derecho al voto en las elecciones presidenciales , representación igualitaria en el Congreso y paridad en los programas de financiación federal.
La estadidad ha obtenido mayorías en plebiscitos recientes, aunque la participación y la estructura de la votación han sido cuestionadas.
Los partidarios de la estadidad advierten que la independencia podría traer inestabilidad económica, problemas monetarios y pérdida del apoyo federal.
El segundo grupo prefiere alguna forma de Estado Libre Asociado (ELA) reforzada o libre asociación: mayor autonomía sin una separación total.
La libre asociación otorgaría soberanía a Puerto Rico mientras se negocian acuerdos económicos y de defensa específicos con Estados Unidos, similares a los acuerdos con las naciones insulares del Pacífico.
Ambos bandos se preguntan si la independencia puede conseguir un apoyo mayoritario.
El cambio generacional
Lo que ha cambiado en los últimos años es el tono y la intensidad.
Los puertorriqueños más jóvenes, marcados por la crisis de la deuda, la austeridad, los escándalos de corrupción y la vulnerabilidad climática, están menos apegados a las estructuras partidistas tradicionales.
Muchos ven el acuerdo territorial como un limbo permanente.
La diáspora puertorriqueña, casi tan grande como la población de la isla, también influye en el debate. La migración plantea preguntas incómodas: ¿Por qué se van tantos? ¿Qué significa la ciudadanía si la oportunidad exige partir?
La independencia, antes considerada marginal, ahora forma parte de una conversación más amplia sobre la descolonización, la justicia económica y la integridad democrática.
¿Cuales son sus posibilidades?
Aquí está la cruda realidad: la independencia no cuenta actualmente con el apoyo mayoritario.
La estadidad suele obtener mejores resultados en las encuestas. La inercia federal sigue siendo fuerte.
El Congreso ha mostrado poca urgencia por resolver la cuestión del estatus.
Pero la historia rara vez se mueve en línea recta.
Los movimientos independentistas cobran fuerza cuando se intensifican las contradicciones estructurales: crisis económica, desastre climático, humillación política, impaciencia generacional.
Puerto Rico ha experimentado las cuatro.
El éxito depende de tres factores: Si la independencia puede construir una coalición amplia más allá de su base tradicional.
O bien la estadidad se estanca en el Congreso, dejando a los votantes desilusionados.
Si las condiciones económicas empeoran bajo restricciones territoriales.
El movimiento independentista perdura no por su hegemonía, sino porque la cuestión del estatus sigue sin resolverse.
La situación política de Puerto Rico —ciudadanía sin plena representación, autonomía sin soberanía— es inherentemente inestable.
En algún momento, Estados Unidos tendrá que responder una pregunta que ha postergado desde 1898:
¿Es Puerto Rico un territorio permanente, un estado futuro o una nación con derecho a gobernarse a sí misma?
Hasta que esa cuestión no se resuelva honestamente, el movimiento independentista persistirá, no como nostalgia, sino como una acusación.
Por Sharon Kyle
Sharon Kyle es la editora de LA Progressive y una veterana defensora de los derechos civiles y la democracia. Exprofesora de derecho, escribe y da conferencias sobre raza, poder y las fuerzas estructurales que configuran la democracia estadounidense. https://linktr.ee/laprogressive
