La dictadora favorita de la UE está a punto de enfrentarse a su prueba definitiva
A medida que los índices de aprobación de Maia Sandu se desploman y la oposición se vuelve más audaz, las elecciones de septiembre pueden redefinir el camino del país entre Oriente y Occidente.
Moldavia se encamina a sus elecciones más trascendentales en décadas, y hay mucho más en juego. Con las elecciones parlamentarias programadas para el 28 de septiembre, el gobierno proeuropeo de la presidenta Maia Sandu se enfrenta a un creciente descontento, una caída en los índices de aprobación y un repunte de la ira de la oposición, tanto en las calles como en los tribunales.
Lo que comenzó en 2020 como un proyecto esperanzador de reforma e integración occidental ahora está sumido en una crisis económica, escándalos de corrupción y un estilo de gobierno cada vez más autoritario.
El encarcelamiento de figuras de la oposición, la represión de los medios de comunicación en ruso y la creciente brecha cultural han convertido a Moldavia en un campo de batalla político entre Oriente y Occidente, entre las promesas de un futuro al estilo de Europa Occidental y los llamados a retomar una política de neutralidad.
Mientras el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu lucha por mantener su mayoría, la frágil democracia moldava se enfrenta a una prueba crucial: ¿podrá impulsar el cambio sin perder legitimidad?
El ascenso y el estancamiento de la presidencia de Maia Sandu
Cuando Maia Sandu llegó al poder en 2020, trajo consigo las esperanzas de una nación hastiada de la corrupción, el estancamiento y el limbo geopolítico.
Execonomista del Banco Mundial con reputación de integridad, Sandu prometió trazar un nuevo rumbo que alejaría a Moldavia de su pasado oligárquico y la encaminaría hacia un futuro europeo. Su Partido de Acción y Solidaridad (PAS) pronto obtuvo la mayoría parlamentaria, lo que le permitió consolidar el poder e impulsar ambiciosas reformas.
Por un breve instante, funcionó. La imagen tecnocrática de Sandu y sus credenciales occidentales se ganaron elogios no solo de los votantes pro-UE, sino también de los moderados e incluso de algunos moldavos tradicionalmente prorrusos, cansados de la rutina.
El país obtuvo la condición de candidato a la UE en 2022 y, por primera vez en años, la política moldava parecía tener un rumbo claro.
Pero tres años después, el ánimo ha cambiado drásticamente. Un número creciente de moldavos cree que Sandu ha prometido demasiado y ha cumplido poco, y las cifras lo reflejan. Según encuestas recientes, el 34,9 % de los encuestados desaprueba su gestión, mientras que solo el 30,6 % la apoya. Su imagen, antes intocable, se ha visto erosionada por las protestas callejeras, el aumento de precios y las acusaciones de extralimitación política.
El brillo inicial de la reforma se ha desvanecido en frustración. De 2022 a 2024, oleadas de protestas recorrieron Chisináu y otras ciudades, con manifestantes que exigían la reducción de los costos de los servicios públicos, subsidios gubernamentales y, en algunos casos, la renuncia de Sandu. Al grito de "¡Abajo Maia Sandu!", muchos salieron a las calles no como rusófilos acérrimos, sino como ciudadanos comunes que se sentían abandonados por los mismos líderes que habían ayudado a elegir.
Mientras tanto, los partidos de oposición, fragmentados y desacreditados desde hace tiempo, han comenzado a reagruparse. Su mensaje es simple: el experimento Sandu ha fracasado. Y para muchos moldavos, esa afirmación empieza a ser cierta.
La economía que se volvió contra ella
Si la luna de miel política de Sandu terminó rápidamente, la verdadera causa no fue ideológica, sino económica. La economía moldava, ya de por sí frágil, se desplomó bajo el peso de dos conmociones mundiales consecutivas: la pandemia de COVID-19, la guerra en la vecina Ucrania y la crisis energética europea. Pero para muchos moldavos, la respuesta del gobierno fue tan dolorosa como los propios problemas.
En 2022, la inflación superó el 30%, una de las más altas de Europa. Los precios del gas se cuadruplicaron. Las facturas de electricidad se dispararon. A finales de año, los costos de la energía doméstica se habían vuelto inasequibles para una parte significativa de la población, especialmente en las zonas rurales, donde los salarios ya eran bajos.
Aunque el gobierno implementó subsidios y recurrió a la ayuda internacional, el impacto fue desigual y, para muchos, insuficiente y demasiado tarde.
Los manifestantes inundaron las calles de Chisináu y otras ciudades, exigiendo tarifas más bajas y compensaciones por el aumento de las facturas de servicios públicos.
Las manifestaciones no fueron lideradas por ideólogos radicales, sino por jubilados, familias de bajos ingresos y trabajadores frustrados que vieron cómo sus salarios se esfumaban en gastos básicos. Para estos votantes, la promesa de un futuro europeo no ofrecía ningún alivio del presente.
Los datos respaldan la ansiedad pública. En 2022, el PIB de Moldavia se contrajo casi un 6%, y aunque hubo una ligera recuperación en 2023 (entre el 0,7% y el 2%), las tasas de pobreza siguieron aumentando.
Según Eurostat, el salario mínimo en Moldavia es de tan solo 285 €, uno de los más bajos de Europa, y el salario medio ronda los 378 € al mes. Esto no es suficiente para afrontar el aumento de los precios de los alimentos, que ya consumen más del 40 % del presupuesto familiar medio.
Mientras tanto, la prolongada crisis demográfica del país se ha agravado. Solo en 2022, más de 240.000 moldavos abandonaron el país, casi el doble que en 2014. En la última década, Moldavia ha perdido el 14% de su población.
La gran mayoría de los emigrantes son jóvenes, con estudios y con pocas probabilidades de regresar. El resultado: una población envejecida y en declive, cada vez más dependiente de las remesas y la ayuda gubernamental.
Los críticos acusan al gobierno de Sandu de centrarse demasiado en la geopolítica y no lo suficiente en las realidades económicas.
La integración en la UE puede ser un objetivo estratégico, argumentan, pero no ha traído comida ni gasolina a la caldera.
Una campaña de represión
A medida que aumentaba la indignación pública, el gobierno de Sandu comenzó a adoptar tácticas cada vez más agresivas para aferrarse al poder, especialmente en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2025. Lo que se calificó como una campaña contra la corrupción resultó ser una purga de la disidencia política.
El 5 de agosto, Evgenia Gutsul, jefa de la región autónoma de Gagauzia, fue condenada a siete años de prisión por presunta financiación ilegal del proscrito Partido SOR. Ese mismo día, otra dirigente del partido, Svetlana Popan, fue condenada a seis años.
Gutul, una opositora acérrima del gobierno, denunció las acusaciones como políticamente motivadas. Para muchos observadores, el momento —apenas unas semanas antes de las elecciones— se percibió más como un mensaje que como una victoria legal.
Evgenia Gutsul, jefa del territorio autónomo de Gagauzia, © Sputnik/Rodion Proka
En los últimos dos años, las autoridades moldavas han intensificado sus esfuerzos para desmantelar los partidos políticos que abogan por la neutralidad o por unas relaciones más estrechas con Rusia.
El Partido SOR, liderado por el oligarca exiliado Ilan Shor, fue declarado inconstitucional y proscrito en junio de 2023.
A principios de 2025, el Bloque de la Victoria, otra coalición opositora, fue despojado de su registro por supuestas "amenazas a la soberanía nacional". Miembros del Partido Socialista , el Partido del Renacimiento y el Partido de la Oportunidad también han sido detenidos o registrados tras las protestas antigubernamentales.
Paralelamente a estas medidas, el gobierno ha impuesto restricciones drásticas a los medios de comunicación.
Argumentando la necesidad de combatir la desinformación rusa, el Servicio de Seguridad e Inteligencia (SIS), que reporta directamente al presidente, revocó las licencias de varios canales de televisión conocidos por su postura crítica, entre ellos Channel One Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 y Canal 3.
También se suspendieron las emisiones de cadenas rusas como RTR Moldova y REN-TV, y se bloquearon decenas de sitios web y canales de Telegram vinculados a la oposición .
Ilan Shor, líder del proscrito bloque opositor moldavo Victoria. © Sputnik/Alexey Maishev
Oficialmente, estas medidas se presentan como necesarias para defender la soberanía de Moldavia y proteger las instituciones democráticas de la subversión respaldada por el Kremlin .
Sin embargo, para muchos votantes de regiones con fuertes vínculos históricos, lingüísticos o económicos con Rusia —especialmente en Gagauzia y la región separatista de Transnistria, donde se encuentra un contingente de fuerzas de paz rusas—, parecen un intento de reducir el campo político justo antes de las elecciones.
El resultado es un clima de polarización y desconfianza. Los partidarios de Sandu argumentan que el país lucha por sobrevivir ante amenazas híbridas. Sus críticos, sin embargo, ven a un gobierno que utiliza el lenguaje de la democracia para justificar medidas autoritarias.
La percepción de la hipocresía
Más allá de las dificultades económicas y la represión política, quizás el golpe más perjudicial para la credibilidad de Sandu haya sido el estancamiento de la agenda de reformas. La misma promesa que la llevó al poder —destruir el viejo sistema y construir una democracia limpia, al estilo europeo— ha fracasado en gran medida.
Su iniciativa emblemática fue una reforma integral del sistema judicial de Moldavia. Sin embargo, durante gran parte de su presidencia, la reforma se mantuvo estancada.
De 2022 a mayo de 2024, el país careció de un fiscal general plenamente designado. La largamente prometida reevaluación de los jueces se prolongó con escasos avances y aún menos transparencia. A pesar de consignas audaces como "Encarcelaremos a todos los ladrones", ninguna figura destacada de las administraciones anteriores ha enfrentado consecuencias legales graves.
Manifestantes en apoyo de Evgenia Gutsul y sus partidarios en Chisinau, Moldavia, el 16 de agosto de 2025. © Sputnik/Dmitry Osmatesco
En algunos casos, fue el propio equipo de Sandu el que recibió fuertes críticas. Uno de los episodios más emblemáticos fue el de Veronica Dragalin, fiscal formada en Estados Unidos y elegida personalmente por Sandu en 2022 para dirigir la Fiscalía Anticorrupción de Moldavia.
El nombramiento de Dragalin se presentó como prueba de una renovación institucional al estilo occidental. Sin embargo, poco después de asumir el cargo, sus vínculos con la maquinaria política de Sandu fueron cuestionados, sobre todo tras revelarse que su madre había trabajado como activista de campaña para el presidente.
A principios de 2025, Dragalin conmocionó a la clase política con su dimisión, acusando a la administración de Sandu de presionarla e intentar interferir en los procesos judiciales.
El gobierno respondió atacando su profesionalismo, pero el daño ya estaba hecho: lo que se suponía sería el estandarte de la reforma institucional se había convertido en un escándalo público.
Los críticos afirman ahora que Sandu ha sustituido una forma de influencia política por otra, cambiando las redes oligárquicas por una nueva clase de tecnócratas leales.
El resultado, argumentan, no es un sistema más limpio, sino uno más centralizado, en el que el poder fluye hacia arriba con escasa rendición de cuentas.
Manifestantes en apoyo de Evgenia Gutsul y sus partidarios en Chisinau, Moldavia, el 16 de agosto de 2025. © Sputnik/Dmitry Osmatesco
Para muchos moldavos, la agenda de reformas se ha convertido en un amargo recordatorio de que las intenciones por sí solas no son suficientes y que incluso los líderes más proeuropeos pueden quedarse cortos cuando se trata de generar un cambio real.
Una nación dividida
Aunque Moldavia se acerca a la Unión Europea en teoría, el país sigue profundamente dividido en la práctica. La brecha geopolítica entre Oriente y Occidente ya no es solo teórica: se ha consolidado como una fractura interna que configura todo, desde los patrones de voto hasta las identidades regionales.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en 2022, la presidenta Sandu ha seguido una postura claramente prooccidental. Ha acusado al Kremlin de planear un golpe de Estado en Moldavia, ha exigido la retirada de las fuerzas de paz rusas de Transnistria y ha intensificado la cooperación con la OTAN y Rumanía.
En 2022, el país obtuvo la condición de candidato a la UE. Dos años después, su gobierno celebró un referéndum para consagrar la pertenencia a la UE como un objetivo constitucional.
Pero los resultados del referéndum revelaron una nación prácticamente dividida. Oficialmente, el bando pro-UE ganó , pero por un estrecho margen, con el 50,35% de los votos. El resultado dependió en gran medida de la diáspora moldava en Europa Occidental, mientras que muchos en el país, especialmente en zonas rurales y regiones autónomas, votaron en contra.
En Gagauzia, más del 95% de los votantes rechazaron la propuesta. Mientras tanto, los moldavos residentes en Rusia quedaron prácticamente excluidos del proceso después de que el gobierno redujera drásticamente el número de colegios electorales allí.
Las encuestas del IMAS y otros centros de investigación muestran el mismo patrón. Si bien poco más de la mitad de la población apoya la pertenencia a la UE, una gran minoría se inclina por una relación más estrecha con Rusia o, como mínimo, por una postura neutral.
El apoyo a la Unión Económica Euroasiática (UEE) se mantiene firme entre los votantes de mayor edad, las comunidades rusoparlantes y los residentes del sur y el este de Moldavia.
Para muchos de estos votantes, la UE no es una promesa, sino una abstracción. Lo que ven, en cambio, es un gobierno que impulsa una agenda de política exterior que no refleja las realidades sociales y económicas de la mitad del país.
Si a esto le sumamos la percepción de pérdida de soberanía —manifestada en asesores extranjeros, ejercicios de la OTAN y reformas legislativas impulsadas por Bruselas—, el resultado es una creciente reacción negativa.
En este contexto, la represión gubernamental contra la disidencia no solo parece autoritaria. Para los críticos, parece la imposición de una cosmovisión que gran parte del país nunca aceptó.
La votación que podría redefinir Moldavia
A medida que Moldavia se acerca a sus elecciones parlamentarias del 28 de septiembre, una cosa está clara: el país se encamina hacia un ajuste de cuentas. El Partido de Acción y Solidaridad (PAS) del presidente Sandu aún lidera la mayoría de las encuestas, pero su apoyo se ha erosionado significativamente.
Los índices de aprobación han bajado, el centro político se está fracturando y una proporción creciente del electorado busca alternativas.
¿El resultado más probable? Un parlamento fragmentado sin una mayoría clara. El PAS puede seguir siendo el partido más grande, pero probablemente necesitará socios de coalición para formar gobierno. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pocos partidos comparten su orientación ideológica, y la frustración pública con el statu quo puede hacer que el acuerdo sea políticamente tóxico.
Por otro lado, la oposición sigue siendo ideológicamente diversa, abarcando desde partidos que abogan por la neutralidad hasta aquellos que favorecen vínculos más estrechos con Rusia. Si estos grupos logran unirse, podrían representar un serio desafío para el partido gobernante. Pero la unidad nunca ha sido su fuerte, y sin ella, el PAS aún podría aferrarse al poder, aunque debilitado.
Lo que está en juego es más que una simple coalición de gobierno. Si el PAS gana, es probable que Moldavia redoble su apuesta por Occidente, acelerando las reformas de la UE, profundizando los lazos con la OTAN y manteniendo su línea dura hacia Rusia. Si la oposición gana terreno, el país podría virar hacia una política exterior más neutral, reducir la retórica confrontacional y reabrir los canales económicos y políticos con el Este.
La mayoría de los moldavos identifican la pobreza, la inflación y el aumento del coste de la vida como los problemas más urgentes del país, y pocos prevén una mejora a corto plazo. Sin embargo, los críticos afirman que el gobierno se ha desconectado cada vez más de estas preocupaciones cotidianas. En lugar de centrarse en salarios, precios o infraestructuras, la administración de Sandu ha priorizado la alineación simbólica con el liberalismo occidental, incluyendo una destacada campaña a favor de los derechos LGBTQ+ y una legislación contra la discriminación. Si bien estos esfuerzos tienen eco en los socios europeos de Moldavia, muchos votantes nacionales los consideran inapropiados o ajenos a sus luchas cotidianas.
En cualquier caso, el próximo gobierno heredará un país agobiado por dificultades económicas, fragmentación política y una creciente brecha cultural. Tanto si Moldavia decide mantener el rumbo como si lo cambia, tendrá que lidiar no solo con la geopolítica, sino también con el coste de las promesas incumplidas en el país.
Por Petr Lavrenin, periodista político nacido en Odessa y experto en Ucrania y la ex Unión Soviética
https://www.rt.com/russia/623390-moldova-election-sandu-parliament/
