Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República como máxima autoridad del Estado nicaragüense para velar por los intereses y los bienes que pertenecen al Gobierno y al Pueblo de Nicaragua, cumpliendo el Mandato que le confiere la Constitución Política de la República, convoca periódicamente a personas o instituciones sobre los cuales se conoce han incumplido con sus obligaciones ante el Estado y el pueblo de Nicaragua en relación a bienes, propiedades, sociedades y/o cualquier otra situación que lesione los patrimonios del Estado.
En este sentido, la Procuraduría General de la República conoció de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas del señor Bayardo Arce Castaño, que no cumplían, ni cumplen con lo establecido en nuestro marco legal.
Su asistente, el señor Ricardo Bonilla, quien aparecía operando esas transacciones y/o negociaciones, fue convocado por la PGR para rendir cuentas sobre lo conocido.
El señor Bonilla se negó a acatar la orden de la máxima autoridad del Estado para estos propósitos y, por lo tanto, fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional donde continúa siendo interrogado al respecto.
La Procuraduría General de la República procedió entonces a convocar al señor Bayardo Arce Castaño, quien aparecía como propietario de los bienes en cuestión, y le instruyó sobre su deber de responder la indagación patrimonial de la PGR, sobre lo cual el señor Arce se limitó a argumentar que todo eso le pertenecía, y por lo tanto, no tenía ninguna obligación de a la PGR o a sus investigaciones.
Ante su negativa, el señor Bayardo Arce Castaño es convocado nuevamente por esta Autoridad a presentar la documentación requerida y responder satisfactoriamente las preguntas que, cumpliendo con su deber constitucional la PGR realiza, respuestas que deben estar acompañadas por la documentación respectiva.
El señor Bayardo Arce Castaño hasta la fecha no ha consentido en presentarse como corresponde, desconociendo la autoridad constitucional de las instituciones del Estado nicaragüense.
Le recordamos que es deber de todo ciudadano respetar la Constitución y las instituciones establecidas para velar por los derechos, deberes y bienes de Nicaragua.
Incumplir o irrespetar estas obligaciones ciudadanas constituyen delitos graves que ameritan procesos.
Managua, 30 de julio de 2025
Procuraduría General de la República de Nicaragua
