EEUU: La Doctrina Trump y el Nuevo Imperialismo MAGA

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Rafael Grossi funcionario de la ONU encubrió a Israel e Irán pagó el precio

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**El lenguaje ambiguo del jefe del OIEA ayudó a justificar una acción militar ilegal

Por Sasan Karimi , profesor adjunto de la Facultad de Estudios Mundiales y Política Internacional de la Universidad de Teherán, Director del Programa de la Red de Vigilancia Nuclear

Las acciones militares de Israel contra Irán han desestabilizado significativamente Oriente Medio, impulsadas por la preocupación por la capacidad nuclear iraní. 

Estos acontecimientos, arraigados en tensiones históricas, son irreversibles y han transformado la dinámica regional. 

Un documento clave que sirvió de pretexto para la agresión israelí fue una resolución adoptada por la Junta de Gobernadores (JdG) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

 Esta resolución se basó en un informe del director general del OIEA, Rafael Grossi, quien posteriormente intentó moderar sus implicaciones en una entrevista con Christiane Amanpour poco después del inicio de las hostilidades.

Desde que asumió el cargo, Grossi se ha encargado de implementar el estatuto del OIEA para garantizar la no proliferación nuclear. 

Sin embargo, sus informes han sido a menudo ambiguos, lo que ha suscitado dudas sobre el programa nuclear iraní, las cuales podrían interpretarse de diversas maneras.

 Los críticos argumentan que los informes, si fueron deliberadamente engañosos, podrían haber contribuido a la escalada de tensiones que desembocó en una guerra, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad de Grossi, incluyendo la posibilidad de que sea destituido o juzgado. 

El Estatuto del OIEA permite a la Junta de Gobernadores nombrar o destituir al Director General, y la considerable controversia generada por la información falsa o sesgada podría influir en dichas decisiones.

La limitación inherente de las inspecciones del OIEA es que no pueden confirmar definitivamente la ausencia de actividades nucleares no declaradas, ya que ningún organismo puede supervisar cada parte de un país. En cambio, el OIEA evalúa si se detectan desviaciones significativas en las zonas inspeccionadas. 

Esta limitación permite la especulación sobre lo que permanece desconocido, algo que Grossi ha enfatizado, contribuyendo a una narrativa que ha influido en los acontecimientos históricos. 

Si estos énfasis se basaran en afirmaciones inexactas o exageradas, podrían considerarse un abuso de autoridad, lo que alimentaría aún más las demandas de su destitución.

Históricamente, los directores generales del OIEA han desempeñado un papel constructivo en la diplomacia internacional. 

Durante las negociaciones del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el liderazgo del OIEA facilitó el progreso. 

Sin embargo, el mandato de Grossi, tras unas elecciones polémicas, ha centrado la atención en las incertidumbres del programa nuclear iraní, acentuando las dudas en lugar de resolverlas. 

Este enfoque contrasta con las inspecciones en otros lugares, donde se hace menos hincapié en incertidumbres similares. 

Irán representa más del 20 % de las inspecciones nucleares mundiales a pesar de representar solo el 3 % de las instalaciones nucleares del mundo, lo que significa que se inspecciona con una intensidad siete veces mayor que el promedio. 

Este escrutinio desproporcionado sugiere que las conclusiones sobre el cumplimiento de Irán podrían ser tan sólidas como las de otras naciones, a menos que existan pruebas claras de divergencia militar.

Solo la evidencia verificable de un programa nuclear militar justificaría una escalada. Una revisión de las repetidas entrevistas, declaraciones e informes de Grossi, en comparación con los de directores generales anteriores y las evaluaciones del OIEA de otras naciones, indica una reseguridad deliberada del programa nuclear iraní. 

Las acusaciones de que estos informes contenían falsedades han llevado a algunos a argumentar que las acciones de Grossi sirvieron de pretexto para el conflicto, lo que podría justificar su destitución o impedir su reelección.

 Esto se alinea con los intereses estratégicos de Israel y, en ocasiones, con los de Estados Unidos, posiblemente influenciados por la dinámica política en torno al nombramiento de Grossi.

La ambigua descripción de Grossi de las "intenciones" nucleares de Irán, inherentemente inverificables, proporcionó a Israel un pretexto para lanzar ataques militares, incluyendo actos terroristas y un ataque nocturno contra las instalaciones nucleares iraníes, sin pruebas de provocación iraní. 

Estas acciones ocurrieron mientras Irán y Estados Unidos se preparaban para la sexta ronda de negociaciones para la reactivación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), lo que interrumpió un proceso diplomático al que Israel se había opuesto sistemáticamente. Irán ejerció su derecho a la legítima defensa, amparado por el derecho internacional, en respuesta a la agresión israelí.

Posteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, persuadió al presidente estadounidense, Donald Trump, para que interviniera, lo que provocó días después ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Fordow e Isfahán, intensificando el conflicto. 

Las acciones tanto de Israel como de Estados Unidos violaron el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU), el estatuto del OIEA y su Protocolo Adicional. 

Estas violaciones han sentado un precedente peligroso, normalizando los ataques contra instalaciones nucleares que contienen material radiactivo y socavando las normas internacionales de no proliferación.

La falta de condena por parte de las organizaciones internacionales de la agresión inicial de Israel, sumada al papel de Grossi al proporcionar una base cuestionable para la misma, plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad e imparcialidad del marco jurídico internacional vigente, en particular en los casos que involucran a Israel. 

Las implicaciones más amplias de estos acontecimientos se extienden más allá de Irán, complicando la seguridad mundial y erosionando la confianza en las instituciones multilaterales. 

Si surge evidencia de que los informes de Grossi fueron intencionalmente falsos, podrían intensificarse las peticiones de su destitución o su procesamiento, lo que redefiniría el liderazgo y la credibilidad del OIEA.

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