***Pero mientras el clan gobernante mantiene el Estado de Excepción para amenazar y reprimir al pueblo y acumular riquezas, la lucha popular sigue su curso ascendente.
El Gobierno dice que el Estado de Excepción, que cumple tres años, es para combatir la delincuencia. Sin embargo, para lo que ha servido es para reprimir a la población y manejar millones de dólares sin tener que rendir cuentas.
¿Acuerdo con las pandillas?
Abundan los indicios de un acuerdo entre el Gobierno y los grupos pandilleros, para que estos bajen los asesinatos a cambio de prebendas: empleo público, no captura de cabecillas, no extradición a Estados Unidos de delincuentes, y otras.
Se anuncia a 86 mil pandilleros presos, pero la Fiscalía General de la República dice que ha incautado 4 mil 565 armas, 4.8 millones de dólares y 21 mil 630 celulares1 .
Eso quiere decir que la mayoría de los pandilleros no han sido despojados de los recursos, y al momento de su captura estaban desarmados y sin celulares.
¿Acuerdo con las pandillas?
Tres años de Régimen de Excepción Apropiación de recursos públicos El Estado de Excepción le sirve de “excusa” al Gobierno para no rendir cuentas sobre millones de dólares que maneja.
En 2020, en el marco de la pandemia por COVID-19, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (FOPROMID) recibió más de mil millones de dólares.
El Gobierno no ha rendido cuentas de eso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso al Gobierno un acuerdo para que publique los nombres y nacionalidades de quienes les venden al Estado y sobre los contratos de venta.
Eso significa que hay muchos indicios de corrupción pública que pueden poner en riesgo el pago del préstamo con el FMI.
La Asamblea Legislativa y los ministerios tienen información reservada sobre sus recursos, o sea, no rinden cuenta del dinero que reciben y gastan.
Persecución política Amparado en el Estado de Excepción, el Gobierno de Bukele y su grupo:
1. Persigue y encarcela a dirigentes de organizaciones comunitarias y a líderes de comunidades.
El caso más reciente se dio en la comunidad La Floresta, donde fueron apresados 23 dirigentes y pobladores comunitarios y se emitió orden de captura contra una abogada y un abogado que defienden derechos de la población.
2. Desaloja a vendedoras y productores de zonas urbanas y rurales donde el clan empresarial gobernante monta negocios libres de impuestos, como sucedió, por ejemplo, en el centro de San Salvador.
3. Amenaza a gente de comunidades para que no en acciones de repudio al Gobierno, como las marchas, concentraciones, caminatas, entre otras.
1.https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-asamblea-plenaria-gobierno/1204076/2025/
https://equipomaiz.org.sv/inicio/quehacer-formativo/como-formamos-hoy/editoriales-sobre-temas-de-interes/la-pagina-de-maiz/
