***Consecuencias de un sistema político y económico fallido.
Resumen
Ecuador se encuentra, nuevamente, en una encrucijada compleja.
Los intentos por impulsar un tímido neodesarrollismo llegan a su fin, con la declinación de las reservas petroleras.
Un neoliberalismo rampante se impone desde hace varios años, abriendo la puerta al retorno de la oligarquía agroexportadora, que comparte / disputa espacios con los capitales provenientes del crimen organizado, infiltrado prácticamente en todas las instituciones del Estado.
En este contexto, cuando la violencia criminal ha estallado, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa, ha sido declarar un conflicto interno armado, con la consiguiente militarización de la sociedad y un creciente acercamiento a los EEUU, entregando una base militar a ese país.
En este contexto, cargado de violencias múltiples, se leen las pretensiones de reelección de un presidente interino, mientras todo indica que en Ecuador se consolida un narco-estado.
El análisis se completa con la revisión de la economía víctima del austericidio neoliberal, que pasa factura en lo social, productivo, energético e incluso en la seguridad ciudadana.
El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un “servicio” al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce manuales de derecho penal, códigos penales y, por tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las penas; produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias (…)
El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y, provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas.
El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población.
Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas “compensaciones” naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas “útiles” de trabajo. -Carlos Marx, Elogio del crimen [1]
De un tímido neodesarrollismo al neoliberalismo rampante
Con el gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana” parecería que concluyó la era del poder político vinculado a la extracción petrolera que se inició en 1970 con la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara (Acosta 2012).
Contando con importantes ingresos fiscales −del petróleo y del endeudamiento externo− se impulsó una activa modernización del Estado; fueron dos periodos, no necesariamente iguales, en los que se aceleró la búsqueda del “desarrollo” (Acosta 2018).[2]
Con la crisis de los precios de las commodities del 2014 y la declinación de las reservas petroleras se produjeron cambios económicos y políticos. Tan es así que, ya en los últimos años del gobierno de Correa, y en el escenario de la baja de los precios de las materias primas, el impulso neodesarrollista se debilitó.
Y desde ese año 2014, el régimen correísta, que se había distanciado inicialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, empezó a retornar a las redes y prácticas económicas de dichos organismos multilaterales. Incluso se pudo hablar de un Correa neo-neoliberal:
Mientras el viejo neoliberalismo apartaba y reducía al Estado para que los grandes capitalistas exploten libremente, el nuevo neoliberalismo fortalece al Estado y le reúne con el gran capital −local y transnacional− para explotar a trabajadores y Naturaleza. Así, Correa −y su gobierno− ha instaurado una suerte de neoliberalismo transgénico con la intervención del Estado: una fase superior del neoliberalismo a la cual llamaremos neo-neoliberalismo (Acosta y Cajas-Guijarro 2017).
En ese lapso, como sucedió en toda América Latina, los diversos gobiernos neoliberales y progresistas convergieron en un punto fundamental: la ampliación sistemática de los extractivismos, cobijados por lo que Maristella Svampa (2013) definió como el Consenso de los Commodities. Extractivismos que consolidan las tendencias rentistas en el aparato productivo y en el mismo Estado, así como las redes clientelares en lo social y el autoritarismo en lo político. Todo en medio de un escenario en donde la corrupción y las violencias afloran, no solo como una consecuencia de estos exacerbados extractivismos −petrolero, minero, forestal agroexportador de monocultivo, pesquero−, sino que configuran una condición necesaria para su expansión.
Así, tampoco sorprende, que en toda Nuestra América, independientemente del signo político de los gobiernos, la criminalización, persecución y represión a las defensoras y los defensores de la Madre Tierra, así como a líderes y lideresas populares, y a los movimientos indígenas portadores de visiones y propuestas superadoras de la Modernidad del capital, haya sido una constante.
Con Lenín Moreno, el presidente impuesto por Rafael Correa, se completó el retorno al neoliberalismo convencional.
Empezó un proceso de achicamiento y desinstitucionalización del Estado que había crecido con la ampliación de políticas sociales, con la introducción de competencias regulatorias y sobre todo con una importante inversión pública en infraestructura energética, vial, hospitalaria y educativa; eso sí, sin que se haya logrado la tan promocionada transformación de la matriz productiva (Acosta y Cajas-Guijarro 2017a).
El gobierno de Moreno se inició con una consulta popular en febrero del 2018, que dio luz verde para cambiar las autoridades principales de las funciones de control y fiscalización del Estado. Contrariamente a lo que gran parte de la sociedad esperaba, la transición política no amplió la democracia en el país, sino que condujo al mencionado proceso de debilitamiento del Estado, con el pretexto de su descorreización. La corrupción dentro de las estructuras estatales no solo que continuó, sino que se amplió y profundizó en ese y en los subsiguientes gobiernos.
Antes de la crisis sanitaria, el gobierno de Moreno intentó eliminar los subsidios a los combustibles para cumplir con las directrices del FMI; y lo hizo de manera brutal en octubre del 2019, duplicando el precio de la gasolina, entre otras medidas. La respuesta popular no se hizo esperar: sectores populares liderados por el movimiento indígena, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la cabeza, paralizaron el país e inclusive lograron que el régimen de marcha atrás en algunas de sus pretensiones neoliberales.
Así se logró parar el alza de la gasolina, que obviamente iba afectar la economía de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano en beneficio de los tenedores de la deuda externa, pues bien sabemos que ese grupo saca tajada directa de las políticas fondomonetaristas.
En el contexto de este levantamiento, el gobierno de Moreno desató una política de persecución a las organizaciones sociales y una brutal represión en las calles, que dejo muertos, heridos y personas que perdieron uno de sus ojos por el uso de balas de goma. La violación de los Derechos Humanos registrada en la revuelta social fue documentada y denunciada por diversos organismos nacionales e internacionales.
El último año y medio de su gobierno, Moreno enfrentó la pandemia del Covid-19 con un Estado debilitado incapaz de responder a la emergencia, lo que provocó una de las peores crisis sanitarias a nivel mundial, con miles de enfermos y fallecidos por el virus, muchos de ellos abandonados en las calles de Guayaquil.
Mientras gran parte de la población sufría los efectos de la pandemia sanitaria y la desatención del Estado, este gobierno priorizaba el pago de la deuda externa alcanzando un Acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI; y, así, desde entonces, los sucesivos gobiernos encontraron en el Fondo una suerte de prestamista de última instancia como tabla de salvación de la dolarizada economía (Acosta, Cajas-Guijarro y Jácome 2021).
La debacle económica fue de gran magnitud, una de las peores en la región. El manejo neoliberal frenó las inversiones sociales e incluso el desempeño del aparato productivo. No sorprende, entonces, que este gobierno haya terminado su periodo con una aceptación del 9%, una de las más bajas del último periodo democrático.
El banquero Guillermo Lasso asumió la Presidencia en mayo del 2021.
Él llegó a la segunda vuelta electoral gracias a un abierto fraude al candidato del movimiento indígena y popular, Yaku Pérez. Y se impondría en la segunda vuelta gracias al voto anticorreísta, que no aglutina únicamente votos de la derecha.
Su gestión arrancó con una efectiva política pública de vacunación, que le otorgó un margen de aceptación popular en los primeros meses de gobierno.
Sin embargo, al mantenerse el manejo neoliberal, en ese periodo se agudizaron aún más los efectos de la austeridad fiscal fondomonetarista, transformada en una verdadera pandemia. Y desde entonces Ecuador enfrenta los efectos de un tremendo austericidio en varios ámbitos: productivo, social, energético, servicios públicos; incluso sentido en la creciente inseguridad, en la medida que ni siquiera se cumplían los presupuestos estatales para enfrentar el crimen organizado.
Esta doble pandemia provocó una aguda recesión. Con una economía en profunda crisis y en el marco de la desinstitucionalización política, las redes del crimen organizado se fortalecieron y rápidamente se infiltraron en el aparato de justicia y en el propio gobierno del banquero Lasso, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como denunció el embajador norteamericano y como se va demostrando en varios procesos judiciales.
Con la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la administración de las cárceles fue entregada al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), manejado por la Policía. Paulatinamente los centros penitenciarios se convirtieron en territorios de las bandas, desde donde éstas operaban sus negocios criminales, incluyendo el del narcotráfico.
También el negocio de las extorsiones se consolidó dentro y desde las cárceles, la población penitenciaria se convirtió en la primera víctima de este crimen, cuyas familias tienen que pagar por piso, comida, alimentos, traslados, tramitación, etc., a las bandas que articulan tanto a la delincuencia civil cuanto a la delincuencia policial.
Es en este escenario donde se produjeron las primeras masacres carcelarias, al tiempo que la violencia del crimen organizado saltaba a las calles hasta terminar sitiando a toda la sociedad.
Para febrero del 2023, la presencia del narcotráfico en la política del país llega a su nivel más alto con la denuncia del portal La Posta sobre vínculos del gobierno de Lasso con la mafia albanesa, a través de su cuñado Danilo Carrera.[3]
Es importante destacar la actuación sesgada de la Fiscalía General en varios casos. Así, en el Caso Encuentro no investigó los delitos de narcotráfico señalados en el Caso León de Troya, lo que deja en la impunidad acusaciones graves de tráfico de drogas que alcanzaban al gobierno del banquero. Tampoco el presidente Lasso fue investigado por los Pandora Papers, una denuncia formulada por varios periodistas de diversos medios de comunicación en el mundo, que develaron los depósitos en los conocidos “paraísos fiscales” de algunas personalidades políticas: una de ellas, el banquero-presidente, algo que está prohibido constitucionalmente en Ecuador para quienes ejercen alguna función pública.[4]
A la emergencia sanitaria, superada con el exitoso periodo de vacunación, le sobreviene una profunda crisis económica producto del impacto económico de la pandemia del Covid-19 y la también mencionada pandemia neoliberal, que aumentó el costo de sostenimiento de la vida, incrementó el desempleo y el crecimiento acelerado de la inseguridad. Esta situación llevó la tensión a otro levantamiento popular en junio del 2022, también liderado por el movimiento indígena, que obligó al régimen a sentarse en una mesa de negociación.
Es pertinente indicar que, previo a este levantamiento popular, el gobierno junto con la Fiscalía montó un falso positivo judicial contra el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, a cuyos integrantes se les acusó de estar preparando una guerrilla en el Ecuador.
Cabe precisar que esta persecución se da en el marco de la construcción de una narrativa política centrada en la contradicción correísmo-anticorreísmo, que es la que va a articular el conflicto político electoral, principalmente, desde el año 2021.
Los acuerdos logrados en la mesa de negociación no se cumplieron. Al igual que en el gobierno de Moreno, en el de Lasso se desató una feroz represión y se impulsó una intensa persecución a las organizaciones sociales y sobre todo a la dirigencia de la CONAIE, a quienes se les acusaba de estar financiados por el narcotráfico.
Es importante resaltar que esta acusación se extiende masivamente a otros grupos sociales que defienden tanto los Derechos Humanos como los de la Pacha Mama, tal como se constata cuando, por el ejemplo, el régimen de Noboa reprime a los comuneros para imponer la minería metálica en la provincia de Cotopaxi; una actividad que, en todas sus formas, se caracteriza por su masiva inconstitucionalidad e ilegalidad (Acosta y Cajas-Guijarro 2020). Es más, la minería ilegal propiamente dicha, en la que se insertan los capitales del narcotráfico, se expande con la complicidad de las propias autoridades y con frecuencia de las mismas empresas “legales”.
La conflictividad social y la inusitada crisis de violencia ocurrida en las cárceles y calles del país, que incrementó la inseguridad social a todas las esferas de la vida social a niveles nunca registrados −convirtiendo al Ecuador en el país más inseguro de América Latina en 2023−, debilitaron la confianza ciudadana en el gobierno del banquero, agravando la crisis de legitimidad política.
En medio de esta compleja situación, en febrero de 2023 el gobierno de Lasso buscó fortalecerse con una consulta popular centrada en los temas de seguridad y la militarización del país, que se presentaba como indispensable.
El tiro le salió por la culata al régimen en un contexto de denuncias que lo vinculaban con el crimen organizado y con la amenaza de un juicio político para destituirlo. Literalmente acorralado, Lasso se adelanta a la Asamblea, decreta la “muerte cruzada” y llama a elecciones generales anticipadas, como manda la Constitución.
El proceso electoral que siguió a la decisión de Lasso se complicó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del 2023, magnicidio que trastocó el escenario electoral. La Revolución Ciudadana (RC) fue acusada por varios sectores de la derecha de ser la responsable del crimen. Así, con un resultado inesperado, pasó a la segunda vuelta electoral, junto a Luisa González de la RC, el heredero de la corporación Noboa, Daniel Noboa Azin, quien se impondría finalmente.
El nuevo presidente se posesionó el 23 de noviembre de 2023 en el contexto de una grave crisis de seguridad provocada por el avance de la violencia criminal, así como por el desempleo creciente, la falta de salud y educación, y una crisis energética, que bien pudo ser evitada.
El deseo manifiesto de buscar la reelección en el año 2025, expresado por parte del presidente Noboa al inicio de su gestión, abrió tempranamente la puerta a un periodo electoral prolongado. Considerando esta particularidad se debe analizar la gestión de Noboa, que pretende ser reelegido, lo que permite anticipar que no se trataría simplemente de un gobierno de transición.
Retorno de la oligarquía agroexportadora en versión “narco-neoliberal”
La República del Ecuador nace con una economía primario-exportadora de productos agrícolas, particularmente cacao y luego banano. Esta modalidad de acumulación, que articula al país al mercado internacional, caracteriza nuestra situación de dependencia a lo largo de toda la historia republicana, inclusive con la exportación de petróleo.
Durante el siglo XX hubo algún intento de salir de esta economía… sin lograr los resultados anunciados, como fue la industrialización vía sustitución de importaciones, sobre todo en los años setenta.
En 1972, cuando se empezó a explotar el petróleo amazónico con una importante intervención del Estado, a nivel político se abre un patrón de dominación diferente al tradicional de los grupos oligárquicos ligados a la economía importadora y agroexportadora. Surge una clase de poder económico y político articulada a la administración del Estado petrolero que difiere en algunos aspectos del poder de la vieja oligarquía.
Las élites de la etapa petrolera, sobre todo al inicio, resultaron mayormente modernizantes; buscaron fortalecer a la burguesía nacional ligada a la industria, eso sin que en ningún momento se haya debilitado el poder del capital bancario, ni se haya roto con el poder agroexportador.
Es más, como ya había sucedido en décadas anteriores, muchas fracciones del capital superaron sus diferencias fusionándose, inclusive a nivel familiar (Acosta 2012).
En la actualidad, cuando las reservas petroleras declinan[5] y el mundo acoge el mandato del Consenso de la Descarbonización −en palabras de Breno Bringel y Maristella Svampa (2023)−, el Ecuador, atrapado en la trampa de un exacerbado extractivismo y con su economía dolarizada, sobrevive gracias a un financiamiento de triple origen: las remesas de las personas que han tendido que escapar de esta crisis sostenida para trabajar en otros países, los elevados montos de narco-dólares y los condicionados créditos del FMI.
Para el 2024, el Ecuador se ha convertido en uno de los primeros países exportadores de cocaína a Europa.
El portal especializado InsightCrime los ha definido como una “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa”. Según varios expertos, en los últimos años ha sufrido un cambio profundo: ya no es un país “de tránsito” de la droga, sino uno en el que se la almacena, se la exporta e incluso se la procesa (Pérez 2024).
La droga sale del Ecuador de múltiples formas y por diversos canales.
Sin embargo, son las exportaciones de productos agrícolas, principalmente banano, la forma más usada. Así, muchos productos de exportación legales se convierten en una especie de vehículos de transporte.
Hasta el 31 de octubre, solo en el año 2024 se han incautado 246 toneladas de droga, cifra que es un indicador de la cantidad de alcaloide que sale de los puertos del país (La República 2024).
En el Ecuador, el poder de negociación de la cocaína se encuentra sobre todo en la comercialización y el lavado de activos. Es evidente que las mafias extranjeras que operan en el país deben haber hecho alianzas o han sometido a las empresas agroexportadoras más grandes y con mayor experiencia. Valga decir que la Corporación Noboa controla el 75% de las exportaciones de banano y es la única empresa conocida por dejar sus productos en los puertos de lo más grandes mercados del mundo, con su propia flota naviera.
En términos reales, los dólares que mueve el crimen organizado se han convertido en un pilar de la economía nacional, protagonismo que coincide en gran medida con el retorno del poder político oligárquico, con una variación determinante dada por el narcotráfico que podría cualificarlo.
Según la revista Multiplica: las economías criminales mueven miles de millones de dólares en Ecuador, socavando la economía formal, corrompiendo las instituciones y alimentando la violencia.
El narcotráfico es el principal mercado criminal en Ecuador, se estima que lava entre 2.400 millones y 6.000 millones de dólares anualmente en el país, seguido de la extorsión y cobros ilegales por protección que bordearon las 6.000 denuncias en 2023, un crecimiento del 300% con respecto a 2022.
Por otro lado, el tráfico de bienes, el contrabando y falsificación de mercancías tienen un impacto de 2.000 millones de dólares, que representa el 15% del PIB industrial del país.
Adicionalmente la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre y la pesca ilegal son otros problemas importantes. La minería ilegal representa un lavado de dinero de hasta un 5% del PIB. A esto se suma que la fragilidad institucional y la permeabilidad al crimen organizado del Estado dificultan la lucha contra actividades ilícitas (Consultora Multiplica 2024).
El saldo es que el narcodólar sostiene tanto la dolarización como la economía de este pequeño país andino, que atraviesa una crisis muy compleja, como veremos al concluir estas rápidas reflexiones.
Así las cosas, junto a las exportaciones totales del país, de alrededor de 35.000 millones de dólares anuales, habría que considerar el aporte de los dólares del crimen organizado, que podrían bordear un volumen equivalente al 15% del PIB.
Los otros dos rubros importantes en relación al PIB son el ingreso petrolero, que representa el 12%, y las remesas acercándose al 6% del PIB.
Todo en un ambiente de complicidades diversas con las élites políticas y empresariales del Ecuador. Basta ver cómo la acción y los capitales del crimen organizado está presente −directa o indirectamente− en la banca, grandes exportadores, inmobiliarias, empresas comercializadoras e inclusive en ámbitos de la economía popular. Además, están a la orden del día los delitos contra la administración pública que se dan por la evasión tributaria y diversas formas de contrabando.
Hay que destacar que la riqueza generada por los negocios del capital criminal −muchos de ellos nucleados por el narcotráfico− se infiltra cada vez más en el resto de la economía; tan es así que ya no se puede hacer una diferenciación entre economía criminal y formal, pues se estima que al menos un 75% del narco-lavado fluiría en la economía considerada como formal, sobre todo a través del sistema financiero. Y esa conjunción de intereses incide en las decisiones del gobierno y del Estado relacionadas con la defensa de sus negocios.
Estos actores criminales cuentan con los recursos y mecanismos (sobornos, chantajes, estructuras militares, medios de comunicación, tecnología, etc.) para influir sobre las políticas que aseguren su riqueza.
De forma vertiginosa han surgido los “señores de la guerra”, mafias locales conectadas con las internacionales y un importante y cada vez más grande sector de la clase política que hace uso de la coerción privada y los dineros de las drogas para acceder a los cargos del Estado (Velasco, Duncan y Lopera 2018).
En un tiempo acelerado, la poca institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano ha sido extremadamente debilitada, en la medida que el capital de la droga y del crimen organizado se toma el país. Mientras que la institucionalidad estatal naufraga, inclusive como resultado del anticipado fracaso de la militarización de la sociedad, la delincuencia de todo tipo se expande; una situación que no encontrará salida intentando derrotar militarmente al narcotráfico (empeño que, por lo demás, no ha sido exitoso en país alguno).
En el proceso de traslados de la mercancía −desde las fronteras con Colombia y Perú, países productores de cocaína, hasta los puertos marítimos y fluviales por donde sale la mercancía hacia Europa y también a los Estados Unidos− las economías de las ciudades que se encuentran en las rutas se ajustan a las necesidades de dichas actividades delictivas. Particularmente Esmeraldas y Durán han sido copadas por los grupos de delincuencia organizada. Los negocios ilícitos que se extienden a más del tráfico de drogas son el tráfico de armas y de personas, las extorsiones y los secuestros, tanto como la minería ilegal propiamente dicha.
En las ciudades más grandes se consolida una suerte de narco-oligarquía ligada al lavado del dinero a través constructoras inmobiliarias, venta de autos, entre otras actividades, sobre todo comerciales, cuyos negocios se viabilizan muchas veces intermediados por el sistema financiero, cabe insistir. Todo este complejo entramado de actividades delictivas socava la economía formal, corrompe las instituciones del Estado y alimenta las violencias.
El narcotráfico parece que ha dado la oportunidad a las viejas oligarquías agroexportadoras para abrirse a un nuevo y muy lucrativo negocio y acumular nuevos capitales a través del lavado y del mayor flujo de dinero, a más de la exportación de droga.
Se trata de un excelente giro de negocios que funciona mejor para aquellas oligarquías que ya tenían el control de territorios de producción, de puertos, de rutas marinas, de contactos comerciales y de mercados para el traslado y ubicación de sus productos.
Al parecer, los exportadores de banano no solo que se han adaptado rápidamente a los nuevos negocios emergentes para enriquecerse en una nueva escala, sino que han logrado apoderarse del gobierno y del Estado central.
La riqueza de las oligarquías agroexportadoras, en la medida que declina la época petrolera, parece que vuelve a tener el peso regional y nacional aprovechando / articulando sus negocios con el narcotráfico, en especial. ¿Será que los “gran banano” −herederos de los “gran cacao”− están en camino de convertirse en los “gran cocaína”?
No es casualidad que todas las incautaciones de droga en cajas de banano no hayan servido para procesar a ninguna agroexportadora bananera, ni que ninguna de las denuncias de lavado en el sistema financiero nacional haya abierto una investigación seria a los dueños de los bancos. La Fiscalía parece que mira para otro lado, deja hacer y deja pasar los negocios de la droga que hoy son los que sostienen la economía del país. Todo indica que el capital del narcotráfico, sumado al de la vieja oligarquía, sería suficiente para virar las relaciones de fuerza a su favor e influenciar en las instituciones de decisión, control y coercitivas de la sociedad.
Las pretensiones de reelección de un presidente interino
Recordemos que, en un primer momento, Noboa estableció un entramado de alianzas con sectores tradicionales de la política como los socialcristianos y los correístas: dos grupos políticos que trabajan de forma coordinada desde hace varios años.
En la mira tenía la búsqueda de una consolidación política para asegurar una mínima gobernabilidad y, así, su reelección. La presidencia de la Asamblea recayó en manos de los socialcristianos y la primera vicepresidencia en mano de los correístas.
Con esta alianza Noboa consiguió los votos en la Asamblea Nacional para aprobar la primera ley económica urgente de su gobierno: “Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”, que introdujo incentivos para la generación de empleo y la inversión; igualmente consolidó el sistemas de zonas francas y amplió el sistema de alianzas público-privadas, que ya introdujo el correísmo; con esa misma ley se condonaron multimillonarias deudas tributarias a los grandes grupos económicos −incluyendo al Grupo Noboa, uno de los mayores deudores al SRI−, tal como sucedió anteriormente, dos veces en el gobierno de Correa y una en el de Moreno.
También con el apoyo del socialcristianismo y el correísmo, el presidente impulsó la “Ley de Competitividad Energética”, a la que bautizó solemnemente como “Ley No Más Apagones”; con esta se quiso abrir la puerta a las inversiones privadas en el sector eléctrico; ley que fue reformada poco después, en pleno racionamiento de electricidad, para beneficiar aún más a dichas inversiones.
Valga recordar que esta ley no libró al país de los apagones.
A las dos leyes económicas de carácter urgente se sumó otra que conllevó el incremento del IVA del 12 al 15% −así como la elevación e introducción de otros impuestos−, en un ejercicio legislativo en el que varios bloques parlamentarios −nuevamente, correístas y socialcristianos− permitieron que este proyecto legal entre en vigencia por “el ministerio de la ley”: cuando un proyecto de carácter urgente no es tratado en treinta días en Asamblea, su texto se asume como aprobado.
En este punto cabe anotar un hecho que marcará el resto de la gestión noboísta.[6] A inicio del año 2024, el presidente Noboa, presionado por la caída de su popularidad en medio de un recrudecimiento de la violencia criminal, optó por decretar el conflicto armado interno o conflicto armado no internacional.
Y desde entonces, asumiendo el papel del “duro del barrio”, ha profundizado la militarización de la sociedad, asegurándose el respaldo de la fuerza pública; llegando inclusive a atropellar normas mínimas de convivencia internacional, como sucedió con la invasión policial a la embajada de México, contando con el respaldo de los medios de comunicación hegemónicos.
Noboa, en definitiva, esgrimiendo como discurso la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, construye un escenario con el que quiere establecer mejores términos de negociación con otras facciones del capital, al tiempo que se asegura el apoyo de los Estados Unidos.
Pocos meses después de declarar el conflicto interno armado, convocó a una consulta popular en abril, desplegando el discurso de la seguridad y la militarización para enfrentar al crimen organizado.
Obtuvo un resultado satisfactorio en las nueve preguntas vinculadas a la seguridad y una doble derrota en las preguntas de corte neoliberal, con las que quería profundizar la flexibilización laboral y retornar al sistema de arbitrajes internacionales para favorecer a las inversiones extranjeras, prohibido en la Constitución.
En un gobierno autoritario y arbitrario no sorprende que se quiera buscar mecanismos para incumplir el mandato popular en estas materias. Así, por ejemplo, a la empresa minera Lumina Gold Corp., que explotaría la mina Cangrejos, se le quiere ampliar el acuerdo de protección de sus inversiones.
Pasada la consulta, su partido Alianza Democrática Nacional (ADN) buscó fortalecer su presencia en la Asamblea y recurrió a la vieja práctica de la compra de legisladores para hacer crecer el número de sus asambleístas, en perjuicio de los socialcristianos, los correístas y Construye.
ADN pasó, así, de 17 a 25 asambleístas, transformándose en la segunda fuerza legislativa después del correísmo. Para este momento, Noboa ya había consolidado su poder político y se había transformado en competidor de la mayor fuerza política electoral: el correísmo.
El reconocimiento del conflicto armado interno le otorgó vía libre para declarar estados de excepción y, así, ampliar la militarización del país y el control de una sociedad sumida en la violencia y el miedo.
Su alianza con los grandes medios de comunicación le permite posicionar un discurso que favorece su imagen en función de su pretendida reelección. En paralelo, el gobierno financia un cerco mediático en las redes sociales para tener el mayor control ideológico de la población. Igualmente, con el acercamiento y la entrega de nuevos privilegios a las dos fuerzas coercitivas del Estado, Noboa se aseguró frente a posibles escenarios de conflictos sociales por la subida del IVA o el incremento del precio de la gasolina; conflictos que han permanecido sorpresivamente ausentes si tenemos en consideración la reacción popular del 2019 y del 2022.
El joven Noboa, heredero de la mayor oligarquía del país, no ha dudado en perseguir a toda persona y empresa que pueda significar una amenaza a su poder político y económico. Así desterró, persiguió, amenazó y congeló temporalmente a su vicepresidenta para que no asuma la Presidencia mientras él entra oficialmente en la campaña para su reelección, rompiendo abiertamente la Constitución y el Código de la Democracia. Por igual, amenazó y persiguió judicialmente al alcalde correísta de Guayaquil Aquiles Álvarez. En contubernio con la función electoral, impidió la participación de Jan Topic en la contienda electoral −un candidato con posibilidades de restarle votos− y le retiró a su empresa Telconet el título habilitante para el manejo del cable submarino de internet. Igualmente consiguió que, en el Consejo Nacional Electoral, Construye y Pachakutik no inscriban sus listas de asambleístas nacionales. Inclusive pretende poner en vigencia una ley negada en la Asamblea Nacional: la Ley de Alivio Financiero, conocida también como “ley anti-pillos”. Y como en épocas anteriores, no ha faltado la persecución a periodistas críticos e inclusive a exfuncionarios del mismo gobierno, como sucede con la exministra de Energía.
En este momento electoral también se inscribe la pretensión de eliminar los aportes estatales para los partidos políticos, aprovechando su indudable desprestigio; pretensión que ayudaría a consolidar el poder electoral de las chequeras interminables, sean de las oligarquías, de los grupos extractivistas transnacionales y del mismo crimen organizado, a la cabeza el narcotráfico.
Cabe destacar, en un punto aparte, su acción a favor de intereses mineros transnacionales, para lo que no ha dudado en irrespetar abiertamente el mandato popular expresado en las consultas de Girón (2019) y Cuenca (2021), ambas en la provincia del Azuay. Igualmente, resulta decidora su posición para incumplir con el mandato popular que masivamente exigió la suspensión de la actividad petrolera en el Bloque 43 o ITT en el Yasuní (2023), algo que el candidato presidencial Noboa apoyó públicamente.
Todas estas arbitrariedades han provocado que algunas voces de la derecha política, económica, ideológica y comunicacional −nacional e incluso internacional− se pronuncien en contra de Noboa, pues su gestión afectaría a las dinámicas del “libre mercado”, al derecho a la propiedad privada, a la estabilidad jurídica del país que aleja la inversión privada nacional y extranjera, etc. Hasta qué punto estas expresiones de inconformidad puedan afectar la imagen del mandatario, favoreciendo a otra candidatura de la tendencia, es algo que no se puede anticipar con claridad.
No hay duda de que la confrontación entre diversas facciones del capital está abierta, en un ambiente en donde el capital del crimen organizado parece ser otro actor más. En conclusión, todo indicaría que el proyecto de la oligarquía agroexportadora de la familia Noboa, presente en muchas actividades económicas dentro y fuera del país, tiende a una concentración extrema del control político y económico nacional, para disputar espacios de poder y negocios a otros grupos capitalistas ligados al comercio internacional, a la industria, a actividades extractivas, a las comunicaciones… en un ambiente en el que pesa cada vez más el negocio del crimen organizado.
Ecuador, un narco-estado en ciernes
En un país tomado por el capital criminal, muchos especialistas y periodistas de investigación, incluso fuera del Ecuador, comienzan a hablar de un narco-estado. Todo el tejido de relaciones de poder, articuladas al narcotráfico y a la economía criminal, puede ser el indicio de que en el Ecuador se va configurando la imposición hegemónica de una “nueva” oligarquía ligada cada vez más a la exportación de cocaína, al crimen organizado, que acelera la destrucción del Estado de derechos. Como se planteó al inicio, el poder de la modernizante oligarquía petrolera, siempre vinculada a la vieja oligarquía, podría haber llegado a su fin.
En suma, Noboa buscaría consolidar un grupo de poder de élites oligárquicas reducido, muy cercano al conglomerado empresarial de su familia ampliada, para controlar no solo el gobierno, sino los medios de comunicación, tanto como los órganos de control y fiscalización del Estado. De hecho, se registra una disputa del poder entre las viejas oligarquías agroexportadoras y algunos grupos burgueses modernizadores, en un escenario cada vez más contaminado por las redes del narcotráfico y del crimen organizado de alcance transnacional.
Así las cosas, no debería sorprender si los grupos criminales organizados logran poner −si no lo han hecho ya− candidatos para todo tipo de elección, financiar campañas e inclusive puedan cambiar el tablero político con actos criminales. Al controlar los recursos del Estado e influir en varios ámbitos de la vida de la sociedad, esta suerte de narco-oligarquía procura destruir organizaciones sociales, tejidos comunitarios, movimientos políticos e inclusive economías lícitas.
A manera de hipótesis para el debate se puede decir que, en el contexto de debilitamiento del Estado de derechos provocado por los gobiernos de Moreno y Lasso, se producen los primeros signos del retorno de la oligarquía agroexportadora en un contexto de avance y consolidación del narcotráfico, cuyos primeros pasos ya se dieron anteriormente, incluso mediados por las cambiantes condiciones de un negocio de alcance transnacional.
Es posible que se asista a la trasmutación de los grupos de grandes agroexportadores en “nuevas” oligarquías vinculadas al tráfico de cocaína, con capacidad de estructurar sus propios partidos políticos y financiar campañas electorales. Oligarquías que en la búsqueda del poder del Estado no rehúyen al uso de la violencia del crimen organizado para alterar la institucionalidad electoral, llegando a eliminar candidatos para dignidades locales e incluso nacionales, como fue el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. El asesinato de funcionarios estatales incómodos, como alcaldes, jueces, fiscales, asambleístas, etc., es una práctica que podríamos definir como propia de un narco-estado. Y, por cierto, a más de la indudable incidencia del narco-dólar en la economía, la acción sesgada de la justicia sería otra de sus manifestaciones.
La narco-oligarquía, al igual que la oligarquía, no es una categoría que haga referencia a una clase social como tal, sino a grupos de poder político que por su capital económico ejercen violencia, control, opresión y dominio. Grupos que desarrollan un entramado de relaciones entre oligarcas, jefes militares y policiales, diversos operadores estales (en particular en la justicia) y dueños de medios de comunicación, con fuerte dependencia económica y con el ejercicio de la violencia criminal de la amenaza, el chantaje, la extorsión, la judicialización y el asesinato. Además, esta narco-oligarquía cuenta con diversos vasos comunicantes con otros grupos del crimen organizado. Es posible que el poder económico de la narco-oligarquía haya trascendido a los niveles más elevados de la política nacional con Noboa: hipótesis que se pone a discusión en este texto.
Noboa, un prototipo de Mikele
La violencia criminal que ha azolado al Ecuador los últimos años, y particularmente la trasmisión en directo de la toma del TC Televisión en enero del 2024 por un grupo del crimen organizado, generó un trauma en el inconsciente colectivo que ha sido utilizado para las estrategias de campaña electoral del gobernante, empeñado en la aplicación de políticas de securitización. Lamentablemente, como se ha visto en América Latina, junto al trauma del martirio, la explotación y la violencia, los sectores populares tienden a conservar una singular manera sumisa de corte colonial para relacionarse con los oligarcas y sus valores, como son el dinero y el poder, sinónimos de éxito. Ya casi no sorprende que quienes sufren en carne propia los efectos de políticas económicas empobrecedoras sean los que voten mayoritariamente por los gobernantes que las aplican y que los resultados de las elecciones, objetivamente a favor de los intereses de esas oligarquías, se consigan con un discurso que incluso ataca a esas oligarquías.
La exposición pública del presidente y su familia impone una estructura social jerárquica propia de la ideología de las clases oligárquicas de América Latina. La imagen de Daniel Noboa junto a su adinerada familia re-instituyen el poder simbólico de una vida basada en la exhibición del lujo y de la arrogancia que ha caracterizado a la oligarquía, en este caso con el modelo estadounidense de la ciudad de Miami donde nació el presidente y sus hijos. Esta particular familia busca ponerse como referente de la sociedad ecuatoriana en una simulación caricaturesca de una monarquía.
Así vemos cómo una parte significativa de la sociedad celebra las exposiciones de Noboa en el TikTok, aun cuando la mayoría de las veces estas sean ofensivas para la misma sociedad. El uso de muchos productos culturales de la estética narco como la música, el machismo, el sexismo, la vulgaridad, etc., ha sido recurrente en la comunicación política de los últimos tiempos, incluyendo la de Noboa.
La extrema explotación de los estratos más empobrecidos de la sociedad a través de los grupos del crimen organizado, en especial articulados al negocio del narcotráfico, contribuyen a la conformación de un poder político-económico paralelo, centralizado y machista, en torno al cual se ampara la población más marginada en una relación de pura supervivencia. Relación que comprende sumisión y fidelidad absoluta, y que trasciende el plano económico-material al ideológico-religioso, con todo lo que representa la cultura en torno a la muerte. Es más, de acuerdo a Fernando Carrión −uno de los mayores estudiosos de la materia−, los veintidós grupos delincuenciales, vinculados de una u otra manera a los cárteles y bandas internacionales, ofrecen opciones de empleo y de supervivencia a unas cincuenta mil personas (Carrión 2024).
Esta narco-oligarquía se consolidaría en el marco de una economía primario-exportadora que va generando una dependencia adicional con la exportación de cocaína y otras formas de delitos propios del crimen transnacional, que termina contaminando toda la economía del país. Una relación dependiente que estará sujeta a los vaivenes del mercado internacional −en este caso, de estupefacientes−, como ha sido tradicional con los otros productos de exportación. Este manejo económico −ahora con el narco-dólar− explica también el retraso tecnológico e industrial del país, en la medida que predomina el rentismo.
A diferencia de la idea de modernización capitalista de carácter nacional de la dictadura militar desarrollista y neodesarrollista del progresismo, esta narco-oligarquía, que ahonda más y más las lógicas rentistas de la economía, tan propias de los extractivismos, parece no tener ningún interés en una modernización capitalista (González Castro 2015).
Es más, las Fuerzas Armadas, que en la época del gobierno nacionalista militar impulsaban el desarrollo del país en base a la administración de la bonanza económica petrolera,[7] hoy han sido reducidas al papel de policías, en el mejor de los casos, y de guías penitenciaros, en el peor, o incluso de guardia pretoriana de las empresas mineras y petroleras. Se pervierte y debilita a las FF.AA. en su institucionalidad y su credibilidad. Ya no se trata de la institución más fuerte y confiable del Estado; desde una posición sumisa y a la vez en tanto actor de la vida política establece una relación con los gobiernos, de quiénes reciben prebendas para garantizar su fidelidad. Y en este escenario, cuando las Fuerzas Armadas asumen tareas de represión policial los atropellos a los Derechos Humanos afloran por doquier; la desaparición forzosa de cuatro niños en Guayaquil provocada por militares y luego su asesinato, son apenas una muestra −dolorosa e indignante, por cierto− de lo que está sucediendo en este Ecuador militarizado.
Es posible hablar de un pacto colaborativo entre Noboa y los militares que se consolida en la declaratoria de guerra interna y la consulta popular de abril de 2024, con las que, como se anotó antes, se consolida la militarización de la sociedad. Este es un acuerdo que desbarata la frágil institucionalidad de las FF.AA. y excluye a la mayoría de la sociedad, pues la convierte en aparato de represión social para garantizar los privilegios de las oligarquías que controlan la economía y las decisiones gubernamentales.
Las repercusiones de esta creciente militarización de la sociedad deben ser leídas a la luz de las duras y fracasadas experiencias mexicana y colombiana. Como certeramente anota el jurista y docente universitario Luis Córdova Alarcón: “el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles” (Vaca 2024). Más militarización de la sociedad conducirá a menos democracia.
Mientras tanto, varios representantes de los grupos dominantes, en términos generales, ven la hora para profundizar las estructuras de dominación, exigiendo que Noboa se transforme en una suerte de Mikele, una sumatoria de Milei, en lo neoliberal autoritario, y Bukele, en lo represivo autoritario.
Noboa, el oligarca del siglo XXI servil al Imperio
En medio de la contienda electoral, el presidente Daniel Noboa parece que intenta retroceder la historia. Pretende volver a abrir la puerta a bases militares extranjeras. Esta pretensión no es nueva. Diversos grupos de la derecha sumisa no se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta. Es más, no han dudado en sostener una campaña de acusaciones en contra de esta decisión, con la que sin escatimar mentiras pretenden convencer a la sociedad que allí estaría el origen del auge del narcotráfico (Acosta 2024).
En la actualidad, con una sociedad agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para dar ese paso impulsando una reforma constitucional, puesto que la Carta Magna en su artículo 5 prohíbe bases militares extrajeras en territorio ecuatoriano, que fue declarado territorio de paz.
Al abrir la puerta al retorno de bases militares para combatir el narcotráfico, como reza el mensaje oficial, se consolida el escenario bélico para enfrentar al crimen organizado y a las bandas delictivas: el libreto rector de la gestión de Noboa. En este empeño, la militarización de la sociedad asoma como el eje central, aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada. Y se quiere completar este proceso con el establecimiento en el Ecuador de bases norteamericanas, cuyas tropas ya pueden circular libremente por el territorio nacional, como se verá más adelante.
Sin minimizar estos elementos, el tufillo del oportunismo electoral o de una simple cortina de humo para ocultar el fracaso gubernamental en materia de seguridad ciudadana queda flotando en el aire.
Vale recordar que la base norteamericana en Manta, en los diez años de su presencia, no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Los envíos de droga se triplicaron. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos por parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como se demostró en un informe del INREDH[8] en el año 2016. Las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes ecuatorianos.
Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto −o sea, ocho meses− y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos, en un escenario en el que aumentaron los bares, discotecas y cabarets. Es más, las tropas allí instaladas, que gozaban de privilegios diplomáticos, consumían escasos productos locales.
También cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, país en el que en la actualidad ya existen siete bases y van por una octava, sin que se haya logrado parar el narcotráfico; es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan cinco bases militares norteamericanas y una sexta, que proyecta un control espacial, está en camino. El imperio norteamericano cuenta con cerca de un millar de bases e instalaciones militares en el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico, sin que se haya restringido la expansión de la droga.
La sumisión a Washington como política de Estado aparece como una constatación cada vez más clara en el régimen de Noboa. Su guerra interna empata con las pretensiones de los Estados Unidos, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo aprovechando situaciones críticas de sus vecinos del sur.
Recordemos que a fines del siglo pasado, durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando el Ecuador vivía una de sus mayores crisis, de forma reservada se permitió la instalación de la Base de Manta. Algo similar aconteció en 1941, cuando se toleró la arbitraria instalación de bases yanquis en Salinas y en Baltra, en el archipiélago de Galápagos, con el país hundido en una profunda depresión política, con parte de su territorio ocupado por tropas peruanas, en medio de la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, cuando las potencias imperialistas disputan a dentelladas espacios de control en el mundo, el entorno que alimentan las urgencias imperiales del coloso del norte se ha agudizado. No son casuales las visitas de la jefa del Comando Sur, que no solo ofrece la “colaboración” militar, sino que resalta, sin rodeos, la importancia estratégica de los recursos naturales de los países suramericanos. Por aquí cabe ubicar este intento de abrir nuevamente el país a bases militares estadounidenses.
Lo que ahora sorprende es que, en realidad, si damos crédito a las palabras del embajador norteamericano Todd Chapman, expresadas hace cinco años en una entrevista pública, con las nuevas tecnologías ya no serían necesarias bases para combatir el narcotráfico. Además, hoy existen acuerdos que harían innecesaria la instalación de bases con el fin que propone Noboa.
Un poco de memoria reciente no estaría mal. En el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la embajada norteamericana se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”; el cual no solo no resolvió la cuestión del narcotráfico en el país vecino, sino que de diversas maneras es también uno de los causantes de la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.
En línea con dichas intenciones, en junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre los dos países. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”. En mayo del año 2023 se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En septiembre se alcanzó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, en un ambiente en el que pesa la pérdida de soberanía por la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar – CONVEMAR, adoptada durante el correísmo. Estos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional.
A continuación, en octubre del 2023, también a espaldas de la sociedad como sucedió con la Base de Manta, se suscribió el ”Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que también recibió luz verde por parte de la Corte Constitucional. Lo preocupante es que la Corte determinó que este no constituía un acuerdo militar, sino más bien solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaba debate alguno en la Asamblea. Y este acuerdo fue ratificado por el presidente Noboa, cuyo gobierno aprobó el 10 de diciembre del 2024 el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular y el Instructivo para la Aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos: de esta manera se operativiza el establecimiento de una base militar en las Galápagos para “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas conexas entre los grupos narcoterroristas vinculados a los cárteles internacionales”.
Antes de concentrar la atención en esta intención de convertir a Ecuador en una suerte de protectorado de los EEUU, conviene señalar que los propósitos militares del mencionado acuerdo relacionado al estatuto de las fuerzas son muy amplios en términos de beneficios para las tropas foráneas. Basta revisar sus términos. El acuerdo se aplica a todo el personal militar, incluyendo al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades militares, incluyendo entrenamiento y “ayuda humanitaria”, dotándolos de una serie de privilegios e inmunidades. Se establecieron exenciones tributarias para las tropas norteamericanas. También se entregó el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se obvió la jurisdicción penal sobre ese personal; no solo eso, inclusive se aceptó la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Y, por cierto, esto es clave, se aseguró el libre movimiento de vehículos y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitan una base específica, pues pueden recorrer libremente todo el territorio nacional y acceder en la práctica a todas las instalaciones, bases y cuarteles de las fuerzas armadas ecuatorianas.
Intentar confundir el aporte militar de los EEUU con un simple apoyo policial, argumento que sirvió para que la Corte Constitucional de luz verde al acuerdo en mención, resulta una conclusión realmente audaz. Ese subterfugio legal sirvió para no cumplir con el claro mandato constitucional: artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Y ahora, en plena campaña electoral, se plantea esta reforma, que ya fue calificada por la Corte Constitucional, para sea aprobada en la Asamblea Nacional, tal como dispone el artículo 442 de la Constitución y luego en un referéndum.
Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los EEUU responden profundizando su lógica geoestratégica. Desean una vez más, como sucedió hace casi medio siglo, poner en marcha lo que podría ser visto como una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI,[9] para controlar “su patio trasero” con todas sus riquezas naturales. De esta manera las fuerzas armadas del Ecuador −así como de otros países de la región− asumen cada vez más papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia popular, llegando inclusive a perseguir a las comunidades que defienden sus territorios de la brutalidad de la minería o de otros extractivismos, que depreda páramos, selvas, manglares…
La pregunta que surge ahora −reconociendo además la nula efectividad demostrada por este tipo de bases para enfrentar el flagelo del crimen transnacional− es ¿cuál será la real intencionalidad de proponer su retorno más allá del afán electoral? En este momento el interés de Washington está en las Islas Galápagos, en línea con su confrontación con China, en particular. Recordemos que Guillermo Lasso ya negoció “la protección ambiental” de las islas cediendo parte de la soberanía nacional a través de un confuso canje de deuda externa. El archipiélago, además, desde el año 2019 en el gobierno de Lenín Moreno ha sido visto como una suerte de “portaviones natural” para aeronaves militares norteamericanas, complementado con los aeropuertos de Guayaquil y Manta. Las apetencias de los EEUU son conocidas, tienen historia.
Como para redondear esta breve reflexión, más allá de lo electoral, cabría anotar el claro posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a favor de objetivos e intereses norteamericanos, como sucede frente al genocidio del pueblo palestino, para mencionar apenas un ejemplo.
Una economía atrapada entre el austericidio fiscal y la narco-economía
El Ecuador que había dado señales de independizarse del yugo fondomonetarista en el año 2007, comenzó un largo y complejo proceso de retorno al FMI y sus condicionamientos de política económica desde el año 2014.
Entonces se solicitó la bendición de dicho organismo multilateral para colocar bonos en el mercado financiero internacional, inclusive cuando los precios del petróleo todavía mantenían niveles elevados, pues el gobierno de esa época requería mayores recursos para sostener la fachada de una economía exitosa.
El correísmo, que había dado señales claras de que quería superar la historia de la “deuda eterna”, asumiendo la propuesta de la sociedad civil para realizar una auditoría del crédito público, terminó por volver a las viejas prácticas del endeudamiento agresivo (Acosta y Cajas Guijarro 2018). Desde el 2009, el acreedor de moda fue China,[10] que sin bien no impone condicionamientos de política económica, asegura el pago de los créditos otorgados a través del acceso al petróleo, a minerales o a la construcción de obras públicas.
Ese endeudamiento agresivo se aceleró en los gobiernos siguientes. Así de mayo del 2017 a agosto del 2024, la deuda pública externa aumentó en 43.668 millones de dólares, pasando del 41,3% del PIB al 70,3%. Para agosto de 2024, la deuda pública total llegaba a 86.561 millones de dólares. En el año 2024 por capital, intereses y recargos habrá que pagar unos 8.800 millones de dólares, es decir, un 25% del Presupuesto General del Estado. Y como se señaló antes, ahora el mayor prestamista es el FMI.
Así, en estos tres gobiernos de exacerbado neoliberalismo, se han suscrito varios acuerdos con el FMI: Acuerdo de Servicio Ampliado (marzo 2019), Acuerdo de Facilidad Extendida de Financiamiento (septiembre 2020), renovación del Acuerdo de Facilidad Extendida (septiembre 2021, vigente hasta diciembre 2022), Acuerdo de Servicio Ampliado (mayo 2024, con una duración de 48 meses, hasta mayo 2028).[11]
Para colmo, los arreglos conseguidos en el gobierno de Moreno y de Noboa son insostenibles en el mediano plazo, en un ambiente de austeridad fiscal exacerbado −el mencionado austericidio, conocido como ajuste recesivo−, que no solo provoca pobreza y exacerba la inequidad, sino que bloquea la reactivación de la economía y, de paso, la capacidad de repago de las deudas contratadas. Además, a diferencia de lo que sucedía en el correísmo, estas nuevas deudas no contribuyen mantener en funcionamiento el aparato productivo aumentando los activos del Estado, pues se destinan para servir las mismas deudas contratadas. Así, en una economía estancada, la deuda pública, y sobre todo la deuda externa, no solo asfixia el gasto e inversión del sector público, sino que también destruye servicios públicos.[12]
El gobierno de Noboa se vanagloria de haber “salvado la dolarización” con su política económica, que hunde más y más en la recesión a la economía; de hecho, se profundiza la equivocada idea que sostener la dolarización debe ser la meta de todo el manejo económico. Incluso, sin rubor alguno Noboa habla de que se ha dinamizado la economía, cuando, en realidad, lo único que han mejorado son las reservas monetarias internacionales, que pasaron de 4.454 millones de dólares en diciembre de 2023 a 8.645 millones hasta noviembre de 2024, gracias al incremento de la deuda pública y a la reducción de la inversión pública; recuérdese que estas reservas aseguran el servicio de la deuda externa… y no son empleadas para la recuperación de la economía, ni siquiera para financiar el plan emergente del sector eléctrico que estuvo planificado en el año 2023, con el que el país se habría ahorrado los costosos racionamientos de electricidad. En realidad, la entrada y salida de dólares determina que en la economía exista la cantidad de dólares suficiente para mantener el sistema de dolarización, y no la reserva monetaria.
La recuperación de las exportaciones, otro punto que destacó Noboa, merece un análisis detenido. Para nada puede ser asumido como un logro gubernamental, pues los ingresos de los productos primarios ecuatorianos dependen en gran medida de los vaivenes en el mercado internacional. Además, para mencionar un tema, el aplaudido incremento de las exportaciones mineras no representa un beneficio neto para el país, pues gran parte de dichos ingresos son beneficios de las empresas que, además, no asumen los enormes costos ambientales y sociales. A la postre habrá que incorporar el cálculo de los efectivos ingresos fiscales, que en ningún caso cumplen con el mandato de la Constitución, en su artículo 408: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos,[13] en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. En línea con este tema, el gobierno noboísta, que busca suscribir nuevos tratados de libre comercio, está empeñado en abrir el territorio ecuatoriano a la megaminería, priorizando a los capitales canadienses en el marco de un TLC en ciernes.
Para sostener el servicio de la creciente deuda externa, los gobiernos neoliberales han procurado “poner la casa en orden”, es decir, reducir el déficit fiscal a como dé lugar. Así, entre 2023 y 2024, el déficit fiscal se redujo drásticamente de -2.871 millones a -358 millones de dólares. Esta reducción no provino del crecimiento económico, sino de recortes en inversión pública; así como del alza del IVA, nuevos impuestos, autoretenciones temporales del impuesto a la renta y ocasionales remisiones tributarias (perdón de deudas con el SRI), a lo que se añade el incremento del precio de la gasolina.
La reducción de la inversión del sector público es brutal. Si el año 2013 se alcanzó una inversión de 8.505.7 millones de dólares, al año 2019 llegó a una cuarta parte: 2.131.6 millones; el año 2022 fue de apenas 603.1 millones de dólares; para el año 2023, el valor de los contratos aprobados fue de 1.161 millones de dólares del codificado. Al cierre de diciembre de 2024, el gobierno de Noboa habría destinado 984 millones de dólares a proyectos de inversión pública, es decir, 54% de los 1.809 millones de dólares presupuestados, a pesar de que tuvo ingresos adicionales por más de 5.000 millones de dólares. En ministerios como Defensa y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica, la ejecución de la inversión fue menor al 30%. Este gobierno incrementó el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas en más de 300 millones de dólares en medio de la crisis eléctrica, pero para cerrar el año recortó ese aumento para reducir el déficit fiscal.[14]
En un complejo escenario para la mayoría de la población, la banca privada no dejó de acumular, incrementando sus ganancias en un 48% el año 2022; logrando en los dos años siguientes valores positivos, inclusive en el año 2024 en medio de la debacle económica. Por igual, se registraron nuevos records de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios: 6.338 millones de dólares en 2021, 6.664 millones en 2022, 6.904 millones en 2023; valores que superan largamente a los ingresos petroleros y que en su mayoría benefician a los grandes grupos económicos. Recordemos que el monto de impuestos no pagados, sobre todo por parte de los grandes grupos económicos, fue de 2.039 millones de dólares a octubre del 2023; gran parte de dicha deuda fue condonada por la mencionada “Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”.
El estancamiento económico, que comenzó a registrarse desde el año 2015 y que se agudizó con las pandemias del Covid-19 y la neoliberal, no ha resuelto el grave problema del desempleo, por el contrario lo ha agudizado. Esta situación desató una nueva estampida emigratoria. Si tomamos como punto de referencia el Darién, Ecuador ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Y tal como aconteció al inicio del milenio, las remesas volvieron a ser una bienvenida bocanada de oxígeno para la economía: el año 2021, alcanzaron los 4.362.6 millones de dólares; el 2022, 4.468.0 millones; el 2023, 5.447.5 millones; y para el 2024 se estima que habría superado los 6 mil millones.
Con el fin simplemente de graficar la gravedad del momento concentramos nuestra atención en un sector del aparato productivo: el sector agropecuario. Un sector abandonado por neodesarrollistas y neoliberales, a pesar de su múltiple importancia. Basta recordar que genera un 30% del empleo a nivel nacional. A pesar del enorme potencial de dicho segmento productivo, la inversión pública agropecuaria en el periodo 2010-2022 nunca llegó ni al 2% del gasto del gobierno central. El deterioro es evidente en caminos vecinales, infraestructura de riego, silos para almacenamiento de cosechas, y qué decir del limitado acceso al crédito, a políticas de comercialización. Además, en ningún momento se ha tratado de poner en marcha la soberanía alimentaria, tal como ordena la Constitución. Esta permanente marginación del sector que sostiene la alimentación de la sociedad explica por qué la pobreza e indigencia, e inclusive la desnutrición, están tan concentradas en el área rural.
El saldo de esta evolución de la economía es angustioso. Lejos de superar el impacto del Covid-19, atrapada en este pandemonio neoliberal, la economía ecuatoriana enfrenta una situación inédita. No solo arrastra los problemas estructurales de su dependencia en tanto exportadora de materias primas, sino que está siendo estrangulada por la inseguridad y el conflicto armado interno, que ha afectado duramente las actividades vinculadas al turismo, ahuyentando aún más la siempre escasa inversión extranjera, que solo se concentra en el ámbito de los extractivismos minero y petrolero. A todo este cúmulo de problemas se suma el impacto de los racionamientos de electricidad, los que −muchas veces ejecutados sin una adecuada planificación− han provocado costos adicionales en diversas actividades de la economía y de la misma sociedad; pérdida de productividad y reducción de las horas de trabajo efectivas; afectaciones a la comercialización de productos perecederos. En consecuencia, Ecuador experimenta impactos negativos por las caídas en ventas y clientes, todo ello incrementa el desempleo, así como la pobreza. Los costos de estos racionamientos para la economía han sido estimados hasta en unos diez mil millones de dólares.
Como saldo de este desbarajuste, Ecuador podría ser el único país de la región con números negativos en la evolución de su economía al finalizar el año 2024 con un -0,4%, según el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) −el FMI con 0,3%−, la CEPAL con 0,8% y el Banco Central con 0,9%, presentan estimaciones optimistas, pero por igual preocupantes, si se considera que el crecimiento poblacional las supera largamente. En definitiva, estos valores, podrían ser aún peores considerando la suma de problemas acumulados, en los que tienen un puesto preponderante los racionamientos de electricidad, que incluso golpearon a varios sectores clave del aparato productivo. Y el año 2025, sin duda alguna, augura un escenario complejo, con un problema energético que podría repetirse, con un déficit fiscal que podría bordear los doce mil millones de dólares, y todo en medio de una economía que tendrá que asumir las medidas del populismo electoral de Noboa, como es el programa Jóvenes en Acción, que otorga una transferencia de 400 dólares mensuales por tres meses, o el congelamiento temporal de algunas tarifas eléctricas.
Antes de analizar brevemente las causas de los evitables racionamientos de electricidad, conviene dejar sentado un punto para el análisis político. En tiempos electorales −y el gobierno de Noboa vive en ese contexto desde sus inicios−, cuando rige lo que se conoce como el ciclo político de la economía,[15] no es común que se adopten medidas de carácter impopular, como subir impuestos o retirar subsidios. Justamente eso ha hecho Noboa. Subió el IVA e incrementó el precio de la gasolina, hechos que en otras ocasiones habrían provocado masivas protestas populares. Eso no sucedió. Es más, todo indica que con esas medidas de política económica impopulares no se afectó la aceptación del mandatario, algo que sí parece ocurrir con los racionamientos de electricidad. Aquí cabe dejar sentada la necesidad de revisar varias lecturas anteriores, que bien podrían necesitar una detenida reconsideración, por ejemplo, el impacto de lo que podríamos definir como “la democracia del tiktok”, es decir el peso de las redes sociales en donde la manipulación de los diversos grupos de poder −nacionales y extranjeros, legales e ilegales− tiene una creciente incidencia.
Enfrentando unos apagones evitables y deliberados
Mientras el país se hunde profundamente en la crisis, las respuestas oficiales resultan cada vez más torpes. Basta analizar lo que sucede en el sector energético. Los racionamientos de electricidad bien pudieron ser evitados. Lo grave es que, además, habría intenciones premeditadas para sacar tajada de esta dura situación, que parece previamente planificada… para forzar la total privatización de dicho sector.
El coro de privatizadores, con el respaldo de los grandes medios de comunicación mercantiles, empeñado en privatizar el sector eléctrico, repite cansinamente su mensaje: la culpa es del estatismo. Lo explican, sobre todo, achacando los problemas a la Constitución de Montecristi y al Mandato Constituyente número 15.
La realidad desnuda tanta falacia. Lo que vivimos este momento era evitable y fue deliberado. Al menos desde enero del año 2023, luego de haber escapado por un pelo de los racionamientos de electricidad el año anterior, se conocía que los estiajes serían mucho más complejos; un tema que se veía venir desde mucho antes. No solo eso, a inicios del 2023 se propuso un plan de acción para enfrentar el problema: dar mantenimiento a las plantas térmicas, reemplazar algunas que estaban obsoletas y adquirir los combustibles para su funcionamiento. Lo terrible es que, existiendo los recursos, no se hizo nada, ni se hace nada en serio, es decir a partir de una estrategia de corto, mediano y largo plazos.
La política económica neoliberal de “poner la casa en orden” a como dé lugar, tal como se anotó antes provocó un austericidio múltiple: social, productivo e inclusive energético. Y no solo que la lógica fondomonetarista alentó la inacción gubernamental, sino que de por medio está el afán de crear las condiciones para la privatización del sector eléctrico.
En esta coyuntura, culpar al Estado, asumiéndolo como un ente autónomo, es un engaño. Bien sabemos que el Estado, en la práctica, es “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”, como lo anotó hace mucho tiempo el Viejo Topo. En suma, comparar la gestión de los distintos gobiernos, teniendo como telón de fondo posibles errores en la gestión del sector y en la corrupción, no basta. Debemos entender cuál es sentido histórico de sus gestiones, sin caer en la trampa de la propaganda que trata de vender gato por liebre, una y otra vez, echándole sin más la culpa al Estado.
A quienes les tocaba asumir el reto era a los gobiernos, primero el de Guillermo Lasso, el banquero en Carondelet, y luego de Daniel Noboa, el pasante en Carondelet, sin olvidar a Lenín Moreno, quien llegó a la presidencia gracias a Rafael Correa. En la práctica, como comprobamos día a día, estos gobernantes no cumplieron con su obligación de atender de forma responsable las exigencias del sector energético. Y, en particular, el manejo del gobierno de Noboa, quien conocía de la gravedad del problema antes de su triunfo electoral, se ha caracterizado por la mediocridad, la improvisación e incluso la corrupción.
Recordemos que los actuales racionamientos de electricidad no son los primeros y −si no hay cambios en la política energética− no serán los últimos. Traigamos a la memoria algo de historia, cuando aparecieron racionamientos masivos al finalizar el gobierno de Rodrigo Borja (1992) por efecto del estiaje y la no conclusión de algunas obras en marcha; la respuesta del gobierno, a través del desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), fue concreta: instalar una serie de plantas térmicas para asumir los retos derivados de la crisis, mientras se avanzaba en la construcción de un par de plantas hidroeléctricas.
El nuevo gobierno conservador/neoliberal, a través de su presidente Sixto Durán Ballén aprobó dichos planes emergentes. Sixto incluso participó en la sesión del directorio del INECEL en la que se ratificó esa decisión. Sin embargo, su vicepresidente, Alberto Dahik, a través del secretario técnico en el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), desautorizó al presidente.
La (sin)razón neoliberal no aceptaba que esas obras sean asumidas por el Estado. Y desde ese momento se inauguró una época de irracionalidades sucesivas, todas inspiradas en la tozudez de la alquimia neoliberal que niega la capacidad de gestión estatal. De la torpe decisión de adelantar la hora −conocida como la hora sixtina−, para dizque ahorrar energía, se pasó a un intento de manejo del sector eléctrico con criterios de mercado liberalizado, con el fin de atraer al capital privado. La eficiencia, decían, sólo se la encuentra en el sector privado.
Aunque era una evidente torpeza, incluso se separaron las empresas de generación de las empresas de distribución. Las primeras tenían vedada su capitalización, lo que hacía que sus ingresos se dirijan a un Fondo de Solidaridad para financiar obras sociales; algo que nunca sucedió. Y a las empresas de distribución, como parte de este embrujado plan privatizador, se les impuso la venta de electricidad con una tarifa inferior a la de compra.
En este contexto, los racionamientos de electricidad se sucedieron año tras año, hasta 1996. Para superarlos se recurrió a la contratación de energía en extremo cara, suministrada por una serie de barcazas, como sucede en el gobierno de Noboa. El costo de tanta tozudez neoliberal fue enorme. Tan es así que dichos costos superaron largamente a los derivados del conflicto bélico del Cenepa en el año 1995, con impactos que afectaron gravemente a la economía ecuatoriana.
Recién con el inicio del siguiente gobierno, el de Rafael Correa, se volvió a plantear una visión integral del manejo del sector y se propuso una serie de pasos sólidos para enfrentar el reto energético. Incluso poco antes del carnaval del año 2007 se pudo parar Paute −la planta con mayor capacidad de generación−, cuyas turbinas estaban a punto de explotar porque los gobiernos anteriores no le habían dado el mantenimiento adecuado, sin que se llegue a los temidos apagones. Esto se logró gracias a una adecuada y oportuna campaña de ahorro de energía, que motivó una reacción positiva de la gente. Fueron días muy tensos mientras duraba la reparación, pero se demostró que sí se puede cuando hay preparación y no improvisación. Y no solo eso, quedó demostrado que una fuente energética muy potente es el uso eficiente de la energía: el nivel de despilfarro era y sigue siendo alucinante.
Lamentablemente, el gobierno de Correa no continuó con la política energética propuesta y se experimentaron costosos racionamientos en el año 2009-2010. Lo que vino después fue la construcción de varias e importantes plantas de hidroelectricidad, lamentablemente sin una adecuada planificación y en varios casos con graves denuncias de corrupción (Acosta 2024b; 2024c).
En definitiva, esta es una hora compleja. De estos racionamientos eléctricos se puede caminar a una situación que podría profundizar el manejo neoliberal del sistema, que prioriza el lucro a la vida misma. Tenemos como eje civilizatorio un sistema económico que sobreexplota y contamina sistemáticamente nuestra base de existencia. Una perspectiva para nada prometedora si se tiene presente que las recientes sequías en los Andes y la Amazonía, y las inundaciones en Valencia, así como la granizada en el desierto de Arabia Saudita −sin minimizar sus especificidades− tienen mucho en común. Sin embargo, no basta atribuir esta relación al cambio climático. Los cambios de clima se han dado una y otra vez en la larga historia de la Tierra. Ahora vivimos un colapso ecológico −muy complejo− que hemos provocado los humanos. Pero tampoco bastaría hablar de antropoceno, pues ese colapso −que también tiene su vertiente social− es producto del capitaloceno, basta tener presente que casi el 50% de la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 son causados por el 10 % más rico de la población mundial, mientras el 50% de dicho conglomerado humano, los pobres, es apenas responsable de un 10% de dichas emisiones.
Un par de conclusiones
En este complejo y conflictivo entorno habrá que considerar también los cambios geopolíticos mundiales. El mundo vive momentos en donde la desigualdad social se acelera, con una creciente expansión de las extremas derechas y de la cultura de la guerra, con el consiguiente impacto en las débiles institucionalidades democráticas. Mientras las potencias imperiales se disputan a dentelladas territorios, recursos −sobre todo los considerados como minerales estratégicos− e inclusive pueblos, en América Latina asoman cada vez más lejanas las posibilidades de una integración regional genuina. Una realidad que resulta en extremo preocupante con el surgimiento de movimientos de derecha extrema, negacionistas, supremacistas, exacerbadamente patriarcales y fundamentalistas, extractivistas a ultranza, que encuentran manifestaciones extremas con Donald Trump en el coloso del norte o Javier Milei en el extremo sur del continente. Y que en Ecuador podrían encontrar un eco andino con la reelección de Daniel Noboa.
En tres generaciones, la familia Noboa se posesiona como la más poderosa a nivel económico y político de todo el país. Tras cinco intentos fallidos de Álvaro Noboa para llegar a la administración del Estado, su heredero Daniel accede a la Presidencia de la República. La familia Noboa, oligarquía agroexportadora, hoy controla el gobierno, justo en el momento en que en el país se consolida el negocio del narcotráfico, con la cocaína como un nuevo producto de exportación.
Al cumplirse un año del gobierno del joven oligarca del banano, la conservadora revista inglesa The Economist bautizó al Ecuador como el nuevo narco-estado del mundo (Clapp 2024). Este bautizo confronta a la sociedad, le interpela a reconocer que su Estado se encuentra en un franco proceso de disolución. Justo durante la administración del joven oligarca, este país andino, anteriormente considerado una isla de paz, es presentado ante la opinión pública global como un narco-estado.
El Ecuador estaría manejado por una reconfigurada oligarquía agroexportadora, que disputa espacios de poder con otros grupos burgueses y oligarcas, que parece conviven abierta o encubiertamente con diversas facciones del crimen organizado. Es evidente que las redes del crimen organizado no solo han infiltrado el Estado, atraviesan varios segmentos del aparato productivo y extractivo, las estructuras empresariales, el sistema financiero y grandes sectores de la sociedad. Y ese crimen organizado, sobre todo en su versión transnacional, produce profundos cambios en Ecuador.
Cerremos este corto análisis recurriendo nuevamente a las palabras del Viejo Topo:
El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc.
El delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios.
El delincuente no produce solamente delitos: produce: además, el derecho penal y, con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y, además, el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una “mercancía”. Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional […]
El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas.
El delincuente vinculado al narcotráfico y en general al crimen organizado, en un contexto cada vez más internacionalizado, infiltrado más y más en las instituciones estatales, en los medios de comunicación mercantiles, en la misma sociedad y por cierto en la economía, produce nuevos mecanismos de acumulación del capital, lo que conlleva no solo más violencia sino nuevas formas de autoritarismo y corrupción para garantizar un sistema que vive de sofocar el mundo de la vida, de los humanos y de la Naturaleza.
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* Socióloga ecuatoriana. Profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador E-mail: bsierrf@puce.edu.ec. Colectivo de pensamiento crítico Comuna.
** Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros y artículos.
[1] Título de editor. Este texto escrito por Carlos Marx entre 1860 y 1862 se editó póstumamente, a modo de apéndice en Teorías de las Plusvalías, bajo el título “Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones”. Disponible en: https://n9.cl/r9tqe.
[2] Un tema para la discusión es el relacionado al “desarrollo”, que en la práctica resulta una suerte de fantasma depredador, pero cuya presencia se mantiene. El autor de este texto a través de varias aproximaciones propone una discusión al respecto como se puede leer en el artículo (Acosta 2018). “Casi 70 años persiguiendo un fantasma: el ´desarrollo´”.
[3] El enlace delincuencial, según el portal periodístico, se dio a través de Danilo Carrera y de Hernán Luque Lecaro, delegado de la Presidencia de la República ante el Directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre otros implicados cercanos al empresario Rubén Cherres, asesinado el 31 de marzo del 2023, quien fue el contacto con Dritan Gjika el albanés que lideraba gran parte del negocio de la cocaína en el país. Esta denuncia está documentada en el Caso León de Troya, que luego Fiscalía renombró Caso Encuentro, cuyo desenlace para noviembre de 2024 fue la sentencia de diez años de cárcel a Danilo Carrera como autor directo del delito de delincuencia organizada para obtener beneficios económicos mediante actos ilícitos en instituciones públicas. Consultar en Fiscalía General del Estado. https://www.fiscalia.gob.ec/.
[4] Este tema desató un intenso debate en Ecuador. Incluso se inició una investigación en la Asamblea Nacional. Su continuidad fue bloqueada por la acción del poder gubernamental y mediático, en contubernio con un grupo de legisladores, encabezados por el asambleísta Fernando Villavicencio. Sobre este tema se puede consultar el libro Los Paraísos de Pandora; capitalismo, corrupción, violencias (Acosta, Saltos y Sierra 2022).
[5] Ver en Carlos Larrea (2024).
[6] La autora y el autor de estas líneas abordaron este tema en el artículo: “De la excepción del Estado a la militarización: Ecuador 2024”, publicado en la revista Descolonialidad del Poder, Buenos vivires y Diálogo de saberes, núm. 2 (agosto/diciembre).
[7] Ver al respecto Kléver Bravo y Diego Pérez (2020). “El gobierno revolucionario nacionalista ecuatoriano del general Guillermo Rodríguez Lara (1972 -1976): liderazgo, transformaciones y claves sobre el sistema político ecuatoriano”.
[8] Ver al respecto Saavedra, Luis Ángel (2007). “¿Operaciones de avanzada o base militar operativa? Un análisis de la Base de Manta”.
[9] Consultar en Acosta (2024a); “El imperio contrataca en la mitad del mundo ¿Plan Cóndor del siglo XXI en marcha?”.
[10] Ver: “Correa afirma que ´no hay límite´ a endeudamiento con China” (2012). Sin Embargo [medio digital].
[11] La mayor parte de la información económica utilizada proviene del Banco Central y del Servicio de Rentas Internas. Algunos de los datos se obtuvieron del testimonio de la doctora Wilma Salgado en el Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza, sobre el impacto del FMI y del Banco Mundial, realizado en Quito, octubre 2024.
[12] No es para nada anecdótico que la mayor inversión impulsada por el gobierno de Noboa sea en cárceles de máxima seguridad en Archidona, provincia del Napo, y en Chanduy, provincia de Santa Elena (proyectos que son resistidos por las poblaciones de dichas regiones), en el primer caso de manera exitosa, parando la construcción de ese proyecto carcelario).
[13] En ese artículo de la Constitución se refiere textualmente a los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.
[14] Los ministerios con mayor ejecución presupuestaria fueron el Educación con el 80,6%, Vivienda con el 70,1% y el de Inclusión Económica y Social con el 69%.
[15] Consultar: Jürgen Schuldt, 1994.
Artículo publicado en la REVISTA ECUADOR DEBATE 123, del CAAP, diciembre 2024, Quito.
Disponible en https://caapecuador.org/2024/12/30/ecuador-debate-n-123/
