****La desigualdad aumenta y “nuevos” ricos surgen en El Salvador, cada vez más endeudado con organismos internacionales, mientras Bukele privilegia a una casta, acalla denuncias de corrupción y despide a trabajadores por luchar contra sus recortes presupuestales.
Es el régimen proscriptivo y de excepción en su segunda fase ofensiva de ataque económico.
Con más de cinco años de gobierno y su segundo mandato en curso, la “nueva visión de El Salvador" proyectada por Nayib Bukele no llega, ni llegará, para las masas salvadoreñas, lo más profundo de su plan de ataque político y económico contra la clase trabajadora salvadoreña apenas comienza.
En sus comunes discursos, Bukele oscila entre apelar a la necesidad de un cambio de visión de El Salvador, invitar a la población a imaginar un país próspero, seguro, libre de corrupción y con una economía dinámica, a advertir que “toca a todos sufrir” con “medicina amarga” antes de “curar la economía”; tensa la cuerda con un pueblo que lo votó por mayoría y espera mejoras económicas que no llegan a su bolsillo.
Pero no son todos los que sufren, intocable frente a la crisis, una nueva casta política surge con beneficios fiscales bajo el régimen de excepción impuesto hace dos años y nueve meses, mientras la crisis en ascenso castiga a la mayoría de la población.
Detrás del enfoque pragmático, del discurso optimista y futurista que presume seguridad, reducción de la deuda pública e independencia fiscal, se sostiene un gobierno comprometido con la banca y los organismos financieros internacionales y un modelo profundamente neoliberal que profundiza los problemas estructurales.
Bukele desmonta programas sociales, congela salarios, elimina miles de puestos de trabajo de empleados públicos y recorta presupuestos y prestaciones, mientras financia la militarización al extremo de duplicar las fuerzas armadas del país.
Esta realidad es apenas un poco de lo que representa el ultraderechista Bukele en El Salvador y como parte del fenómeno internacional de las “nuevas” derechas ultraliberales, que se aplauden entre sí en sus conferencias de “acción política conservadora”, subordinadas a la agenda neoliberal de Estados Unidos. Aunque él diga lo contrario.
Más deuda externa y recortes públicos Bukele carga sobre la clase trabajadora
Más de 6,3 millones de habitantes en El Salvador viven bajo la economía dolarizada -desde 2001- y dependiente de Estados Unidos, con un ingreso económico de remesas que representa el 24% del PIB [1] y el comercio a través del CAFTA [2].
En junio de 2024 la deuda pública del país alcanzó más de US $30 mil millones, según datos del Banco Central, más US $10,365 millones de deuda al fondo de pensiones, que viene saqueando el gobierno y dejando sin capacidad la seguridad social, en sólo 10 meses de 2024 tomó de esta reserva US $1,922 millones.
Pero los planes del gobierno no representan ni un alivio parcial a la carga histórica de crisis y endeudamiento sobre las y los trabajadores.
Durante su primer mandato Bukele comprometió al país en créditos con la banca privada y todos los organismos financieros que pudo, el FMI, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).
Sus compromisos con el capital financiero internacional perpetúan la transferencia de riqueza del quinto país más empobrecido de América Latina hacia los centros de poder económico y subordinan al país a nuevos ciclos de deuda pública que pagarán la clase trabajadora y el pueblo salvadoreño.
Esta política económica proyecta nuevas décadas de miseria y desigualdad para las masas salvadoreñas, como el golpe presupuestal para 2025, anunciado falsamente como un éxito de financiamiento completo y sin emisión de deuda de gasto corriente.
El 17 de diciembre, la Asamblea Legislativa con control absoluto de Nuevas Ideas aprobó con 57 de 60 votos una partida de US $9.662.9 millones para el Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales de 2025.
Al día siguiente y luego de tres años de negociaciones, el 18 de diciembre el gobierno acordó con el FMI el esperado salvataje de US $1.4 mil millones, que según el organismo respalda el compromiso con la agenda gubernamental de reformas estructurales, entre ellas una ambiciosa reforma fiscal, y espera catalice nuevos créditos con organismos internacionales para un paquete de financiamiento combinado de US $3,5 millones durante los 40 meses del programa.
La ofensiva presupuestal contempla la reducción de fondos en el sector salud, de educación, justicia, agricultura y se prevé el despido de al menos 11,115 empleados públicos el próximo año.
Según datos del Congreso, el presupuesto educativo del 2025 será de US $1.537,7 millones con un recorte de US $31 millones y el presupuesto a la salud de US $1.170,3 millones con un recorte de US $92 millones.
El gobierno desfinancia sectores públicos fundamentales, lo que apunta al fortalecimiento del sector privado ante la falta de servicios negados por el Estado, a despojar derechos como salud y educación y a profundizar el desempleo y la desigualdad.
Además, a pesar de las protestas y en medio de las fiestas de fin de año, la Asamblea Legislativa derogó la ley que prohibía la explotación minera en El Salvador desde 2017 -por sus daños medioambientales- y aprobó la Ley General de Minería Metálica a solicitud de Bukele, que incursionará en el extractivismo con la exploración, explotación, extracción y procesamiento de recursos de la minería metálica en el suelo y subsuelo del país, incluido territorio marítimo.
Ambición que según expertos afectará áreas protegidas la cuenca del río Lempa, donde se encuentran la mayoría de los depósitos de oro y plata del país.
En su disputa por la hegemonía con los partidos tradicionales, la última década Bukele logró empatizar con el hartazgo de millones de salvadoreños de la violencia y la miseria, cuestionó el establishment, las privatizaciones y promete buscar atraer inversión privada para transformarla en bienes públicos [3], pero por más retóricas con que busque enmascarar la realidad actúa con alta eficiencia neoliberal y aunque sus mentiras aún no caen a la vista de miles de salvadoreños, están a la luz de sus políticas que irremediablemente se enfrentan al desgaste.
Bukele deja a 23,000 familias sin sustento y consolida a “nuevos” ricos de El Salvador
Las movilizaciones de trabajadores y sindicatos los últimos meses cuestionan el golpe económico contra el pueblo salvadoreño y el ataque a organizaciones sindicales, denuncian la destrucción masiva de puestos de trabajo y el congelamiento salarial, que buscan liquidar el derecho a la estabilidad laboral, beneficios sociales, conquistas y derechos laborales en todo el país, donde actualmente el trabajo formal no supera el 30% [4].
El Movimiento de Trabajadores Despedidos denuncia al gobierno de Bukele como una fábrica de despidos por las más de 23,000 plazas estatales que ha eliminado desde 2019, en empleos de gobierno y municipalidades del país. Ésto ocurre en instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería, Hacienda, Cultura, Educación Ciencia y Tecnología, de Bienestar Magisterial, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y los más recientes en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, con trabajadores de todo el país notificados del despido un día antes de navidad.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora denuncia que al menos 1,983 personas fueron despedidas en dos meses, desde la “Marcha Blanca” del 19 de octubre contra los recortes a la salud y educación, de éstos 263 son de trabajadores de la salud, incluidos 28 representantes del Sindicato de los Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SIMPAS).
El Frente Magisterial Salvadoreño confirmó el despido de 13 docentes más que también se movilizaron por el derecho a la salud de la población, en defensa de la educación pública y contra el ataque a los derechos laborales.
La protesta social y de trabajadores en El Salvador continúa, pero ha sido inhibida y debilitada por la represión, el régimen de excepción ampara la criminalización contra activistas, trabajadores y sindicalistas en lucha, que no tienen nada que ver con pandillas, detenidos y encarcelados arbitrariamente [5].
La organización defensora de derechos humanos, Socorro Jurídico, registra el encarcelamiento de 170 activistas y 35 sindicalistas, criminalizados y bajo injusto proceso, además de la desaparición y muerte de trabajadores [6].
Como el sindicalista Giovanni Antonio Aguirre López, encarcelado ilegalmente en 2022 tras denunciar corrupción en la alcaldía de San Salvador, que cuenta con tres órdenes de liberación y actualmente está desaparecido.
O el dirigente sindical Hever Chacon, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes del Comercio de El Salvador (Festices), fallecido en el penal de Santa Ana y cuyo caso fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los casos más recientes de represión son las recientes detenciones de trabajadores de la construcción de la Dirección de Obras Municipales (DOM), detenidos tras manifestarse por el pago de un mes de salario y el aguinaldo adeudado.
Esta realidad de autoritarismo y negación de derechos contrasta con enriquecimiento y bonanza para un sector de la burguesía, que se fortalece bajo los privilegios otorgados por el gobierno y aprovecha la opacidad reinante, como denuncian investigaciones periodísticas de Redacción Regional y Focos TV o El Faro, causa de indignación del presidente, que exhiben a la casta familiar Bukele por adquirir en cinco años tierras para la siembra cafetalera, propiedades de lujo, predios y construcciones históricas en zonas turísticas y el Centro Histórico, con valor de US $9.2 millones.
Más casos de funcionarios de gobierno que igualmente se enriquecen aceleradamente de la adquisición inmobiliaria, hotelera y turística con beneficios bancarios millonarios y su instalación comercial sin estudios de impacto ambiental.
Los planes de gentrificación avanzan hacia la generación de zonas comerciales en el país con ganancias para la nueva casta, a costa del desalojo de miles de vendedores ambulantes y del despojo directo a comerciantes que se negaban a dejar sus locales y fueron criminalizados y amenazados con el régimen de excepción.
En éstos y otros casos además los recursos públicos están a disposición de empresas privadas, más los beneficios fiscales -como la operación del diario oficialista El Salvador-.
A pesar de la millonaria propaganda del gobierno que busca censurar e inhibir las expresiones opositoras de trabajadores, sectores en lucha y activistas independientes, en El Salvador hay miles de inconformes, que resisten o protestan a la embestida de Bukele.
Por ello y ante el totalitarismo que pretende el Estado, compartimos las denuncias y las luchas de quienes resisten, pero creemos que debe estar presente la idea de que el gobierno irremediablemente se enfrenta al desgaste ante la realidad de millones de salvadoreños y salvadoreñas golpeados por sus políticas y a ellos les decimos que es posible una lucha anticapitalista y una perspectiva distinta a la que fanfarronean los discursos oficiales, una perspectiva propia de los trabajadores, los campesinos pobres y del conjunto de los explotados.
[1] Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la Oficina Nacional de Estadística y Censos de El Salvador, 1.62 millones de salvadoreños reciben remesas del exterior, el 98% provenientes de Estados Unidos, que representa el 25.66% de la población.
[2] El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA, está vigente en El Salvador desde el 2006 y concluye en enero de 2025, por lo que se contempla una posible renegociación de éste con el nuevo gobierno de Trump.
[3] Durante la presidencia de Bukele El Salvador ha sido el país Centroamericano con menor inversión extranjera, según organismos internacionales por factores de incertidumbre jurídica, fiscal, económica, democrática y la falta de transparencia gubernamental.
[4] Según el estudio económico para América Latina y el Caribe 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
[5] Bajo el régimen de excepción se encarcela a cualquiera bajo supuestas denuncias anónimas que les criminalizan con cualquier cargo que los vincule a delitos comunes.
[6] Socorro Jurídico Humanitario registra la muerte de 354 personas encarceladas, a consecuencia de la represión o en circunstancias desconocidas y 33 de ellas por negligencia médica.
https://www.laizquierdadiario.com/Con-crisis-eliminacion-de-empleos-y-deuda-publica-castiga-Bukele-al-pueblo-de-El-Salvador
