La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -conocida como Sala IV- declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por el periodista de CRHoy.com Jason Ureña, contra el presidente de la República Rodrigo Chaves, por las declaraciones que emitió el mandatario en enero pasado, cuando llamó a los comunicadores “sicarios políticos”.
El cuerpo de magistrados condenó, además, al Estado, al pago de costas y perjuicios del proceso, que deberán tramitarse en ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo. Se declara parcialmente con lugar el recurso.
Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas por separado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo, indica el por tanto de la Sala.
“La Sala Constitucional determinó que ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios, no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos.
Al respecto, también considera este Tribunal que las conferencias de prensa, en especial las televisadas, han resultado de gran utilidad para los Estados Democráticos, no obstante, la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa, de ahí que por unanimidad los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente para efectos indemnizatorios”, indicó el alto tribunal por medio de un comunicado de prensa. Ataques
El caso se remonta a los ataques del mandatario, el pasado 9 de enero en la conferencia de prensa celebrada en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en San José, donde ratificó la permanencia de la entonces ministra Joselyn Chacón Madrigal, tras el escándalo por pagarle a un trol para atacar a comunicadores de este medio que cubrían la labor de la jerarca.
En esa oportunidad, el presidente de la República describió al periodista recurrente como “maldito” y “canalla”, además calificó su labor periodística como sicariato político y asesinato mediático por publicar notas relacionadas con el trabajo de la exjerarca
“… en un discurso que sobrepasa por mucho los límites del debate democrático y que constituye un ataque furibundo a la libertad de expresión, por cuanto genera un efecto amedrentador, atemorizador, que provoca autocensura, amén de que implica un desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales (art. 1 y 29 Conv. ADH), que recaen sobre todo funcionario estatal”, reza el documento presentado este 17 de enero.
Según el amparo, los funcionarios del más alto rango, justificaron los ataques, cometiendo así ellos mismos una violación al ejercicio de la libertad de expresión y a la protección de los comunicadores.
“En otros términos, es la normalización de la violencia verbal contra un periodista, algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación de respeto y de garantía de los derechos fundamentales”, señaló en esa oportunidad.
Además, sobre la importancia del caso, el periodista agregó: “De previo a exponer el fundamento legal del presente recurso de amparo, es necesario indicar que el panorama actual y los hechos amparados ameritan una intervención enérgica de la Sala Constitucional en resguardo de los valores democráticos que sostienen nuestro régimen jurídicopolítico”.
“Esta es una cuestión que trasciende afiliaciones partidistas o partidarias, ideas o ideologías políticas, agendas personales, grupales o gremiales, pues toca aspectos esenciales que hacen de nuestro país una democracia plena, sólida, estable, reconocida y admirada como tal a nivel regional y mundial”.
“Este amparo somete a conocimiento del alto Tribunal Constitucional una conducta reincidente por parte del señor Presidente de la República, que obedece a una estrategia clara y voluntaria, emprendida desde su campaña política, consistente en atacar a algunos medios de prensa, llegando incluso a prometer la destrucción de dos de ellos”. Condenas Esta no es la primera condenatoria que recibe el Estado por las violaciones del presidente al libre ejercicio periodístico en el país.
El primero fue el sonado caso del cierre del Parque Viva, a través de órdenes sanitarias firmadas por la entonces ministra Chacón.
Dicho cierre fue anulado por el Tribunal Constitucional, en octubre pasado, como “defensa de la libertad de prensa pilar esencial de toda democracia”, al considerar que el cierre representó un ataque a este derecho.
En esa oportunidad, el recurso fue interpuesto por varios periodistas del periódico La Nación propiedad del Grupo Nación al que pertenece también el Parque Viva. Libertad de prensa Precisamente, este tipo de ataques del Gobierno a los periodistas, provocó el desplome que tuvo el país en el más reciente Índice de libertad de prensa de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras.
El país cayó 15 puestos en el ranking, al pasar de la posición 8 a la 23 (de 180 países). “La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina.
No obstante, ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el ejecutivo restringió el acceso a la información pública”, indica el documento, disponible en la página web de la red.
Los fallos de la Sala Constitucional también fueron tomados en cuenta en el estudio, luego de que los magistrados hayan respaldado la libertad de prensa en varias oportunidades.
Además, han obligado a varias entidades a facilitar la información a los medios, como en el caso del Ministerio de Salud.
“A pesar de los intentos del ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones.
El periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia”, concluye.
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