06/09/2020.- Esta semana Washington ha redoblado sus sanciones contra la Corte Penal Internacional, el tribunal que investiga presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán y por Israel en los territorios ocupados palestinos.
Los ataques muestran la precariedad del sistema judicial internacional cuando intenta perseguir a los países más poderosos.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el miércoles que EEUU ha decidido incrementar la presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI) e imponer nuevas sanciones sobre dos de sus más altos funcionarios, la fiscal jefe Fatou Bensouda y Phakiso Morchochoko, responsable de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación de la CPI. Pompeo proclamó que el tribunal es una institución "corrupta" e "ilegítima".
"EEUU nunca ha ratificado el Estatuto de Roma que creó el tribunal, y no toleraremos sus intentos ilegítimos de someter a su jurisdicción a (ciudadanos) estadounidenses", dijo Pompeo. El secretario de Estado agregó que cualquier persona o entidad "que apoye materialmente a esos individuos también se arriesga a recibir sanciones".
Las declaraciones de Pompeo no pueden sorprender a quien haya seguido la evolución de la CPI, una institución que tiene por misión perseguir los crímenes de guerra y contra la humanidad. Washington piensa que eso está bien cuando se hace con ciudadanos de otros países pero no de EEUU o Israel.
Hace unos años, un periodista árabe ya señaló con acierto que la CPI "es un tribunal para negros y morenos".
En marzo EEUU impuso restricciones de visado para algunos funcionarios de la CPI, y el miércoles se anunciaron más restricciones para otros funcionarios "implicados en los esfuerzos de la CPI para investigar personal de EEUU". Previamente, mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump autorizó la imposición de sanciones contra funcionarios de la CPI que investigan presuntos delitos de guerra cometidos por personal estadounidense e israelí.
La orden ejecutiva de Trump, discutida y coordinada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, prevé la congelación de cuentas bancarias de los funcionarios de la CPI y les prohíbe a ellos y a sus familiares entrar en EEUU. Estas medidas han sido criticadas por la Unión Europea, pero los europeos no pueden hacer nada para impedir las sanciones ni la presión sobre el tribunal de La Haya.
Aunque el decreto presidencial no menciona específicamente a Israel, en varias ocasiones se refiere a "aliados" de EEUU que no forman parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI en 1998. EEUU e Israel son los dos miembros más destacados del pequeño grupo de países que rechazó al tribunal, mientras que 123 países aprobaron su establecimiento.
El mismo miércoles, poco después del anuncio de Pompeo, la CPI condenó las sanciones calificándolas de "otro intento de interferir con la independencia judicial y de la fiscalía de la CPI en su crucial trabajo de hacer frente a crímenes graves que atañen a la comunidad internacional tal como se ordena en el Estatuto de Roma".
"Estos actos coercitivos, dirigidos a una institución judicial internacional y a sus funcionarios, carecen de precedentes y constituyen un ataque grave contra el tribunal, el sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma y el estado de derecho en general", señaló la declaración de la CPI.
En diciembre de 2019 la fiscal Bensouda comunicó su intención de abrir una amplia investigación sobre las violaciones que Israel comete contra los palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, y la Franja de Gaza. Después de una prolongada investigación preliminar, Bensouda dijo que "existe una base razonable para proceder con una investigación de la situación de Palestina", unas palabras que inmediatamente fueron criticadas por americanos e israelíes.
Un informe divulgado en enero sostiene que la investigación se centrará en supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel en la guerra de Gaza de 2014, el desplazamiento de civiles israelíes a territorios palestinos ocupados en la guerra de 1967, y los disparos de los soldados israelíes contra manifestantes palestinos durante las protestas que se desarrollaron en los últimos meses a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza.
La CPI también está investigando alegaciones de abusos por parte de tropas y agentes de los servicios de inteligencia americanos en Afganistán. En junio último Pompeo instó a sus aliados occidentales a que bloqueen la investigación de la CPI, mientras que Israel en más de una ocasión ha dicho que la CPI carece de jurisdicción sobre el estado judío puesto que Palestina no es un estado soberano.
Distintas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han criticado las posiciones de Estados Unidos e Israel en los últimos meses. "La administración Trump tiene un conocido modelo de comportamiento de atacar a las instituciones multilaterales, en lugar de hacer el trabajo a veces difícil pero necesario de unirse a ellas, sostenerlas, y trabajar para mejorarlas", dijo Daniel Balson, de Amnistía Internacional.
Por su parte, Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch, dijo que las sanciones anunciadas por Pompeo constituyen una "perversión (…) con la que se quiere dejar de penalizar a los abusadores de derechos y cleptócratas, y perseguir a quienes se encargan de perseguir los crímenes internacionales".
Aunque la actitud hostil de EEUU contra las organizaciones internacionales no es nueva, desde la entrada de Trump en la Casa Blanca se ha redoblado: "No vamos a cooperar con la CPI. No vamos a asistir a la CPI. No vamos a sumarnos a la CPI. Vamos a dejar que la CPI se muera por sí misma. Después de todo, y a pesar de sus intentos y objetivos, la CPI ya está muerta para nosotros", dijo en 2018 el entonces consejero para la Seguridad Nacional John Bolton.
EUGENIO GARCÍA GASCÓN
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