El dictamen de un juez federal logre retener una aeronave de un país extranjero por más de dos meses y poner en peligro la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, precipitando un clima de enemistad y animadversión.
Esta acción de judicialización de carácter político está especialmente dirigida contra Venezuela en el marco de la operación de secuestro y robo de sus activos patrimoniales en el extranjero, donde el Boeing 747 de Emtrasur se agrega al registro de confiscaciones ilegales que abarcan 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, la filial de PDVSA en EE.UU., Citgo, la empresa petroquímica filial de Pequiven en Colombia, Monómeros, entre otros recursos de la República Bolivariana de Venezuela.
La aprobación de la solicitud hecha por el juez Villena implica una desventaja adicional para Venezuela.
Las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela cuentan con limitaciones y obstáculos de tipo legal y diplomático para defender legalmente los bienes soberanos retenidos y congelados en el extranjero, lo cual supone una instrumentalización política, adrede, de dichas limitaciones para sacar ventaja.
En definitiva, en tanto acciones enmarcadas en el Lawfare (guerra judicial) contra Venezuela, ahora capítulo Argentina, se busca inhabilitar la defensa legal por parte de Venezuela.
Estos gestos inamistosos debilitan el espíritu de colaboración y entendimiento respetuoso concebido en el marco de relaciones integrales que Argentina ha suscrito y que comparte con Venezuela, en instancias como UNASUR y CELAC, entre otros organismos multilaterales.
Con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela por EE.UU., esta maniobra busca alinear a Argentina, disciplinando su política exterior para forzar que colabore con la campaña de sanciones “ilegales” y así quebrantar el ciclo de recomposición geopolítica del continente a lo interno de la CELAC, generando divisiones y enfrentamientos entre referentes simbólicos del organismo.
El absurdo legal promovido por EE.UU. y la complicidad del juez Villena y la fiscal Incardona de Argentina confirman que se trata de una maniobra política para romper la acumulación del clima de confianza entre Venezuela y Argentina, con miras a debilitar el viraje a la izquierda en la región.
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