Según indepaz, se han perpetrado 59 masacres y hasta el momento de 2022 han sido asesinados 110 líderes sociales y 31 excombatientes de las Farc.
La violencia paramilitar sigue derramando sangre y causando estragos en Colombia. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que las masacres, el asesinato sistemático de líderes sociales y el genocidio de excombatientes del grupo guerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan a un ritmo horrible.
En los últimos días, el país fue testigo de una de las peores matanzas del año y del gobierno del gobierno saliente del presidente de extrema derecha Iván Duque.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 20 ciudadanos fueron asesinados en seis masacres entre el 24 de julio y el 2 de agosto. Cinco líderes sociales y cinco excombatientes también fueron asesinados en el mismo período.
El alarmante número de muertes es una de las cifras de muertes más altas registradas durante una semana este año.
La masacre más reciente fue perpetrada el 1 de agosto en la zona rural del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, donde tres jóvenes habrían sido asesinados después de haber sido retenidos durante algún tiempo por un grupo armado ilegal.
Según INDEPAZ, esta fue la masacre número 59 del año. En estas masacres, al menos 208 colombianos han sido masacrados.
El 2 de agosto, el INDEPAZ informó del asesinato del líder campesino José Luis Quiñones en el municipio de Tamalameque, departamento del Cesar. Según los informes, fue asesinado en su casa por hombres armados desconocidos que entraron por la fuerza en la tarde del 2 de agosto.
Quiñones fue miembro de la Comisión de Diálogo para el Sur de Bolívar, El Centro y Sur del Cesar, el Magdalena Sur y Procesos de Santander (CISBCSC), organización afiliada a la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y al Congreso de los Pueblos (CdP). Estaba involucrado en el proceso de recuperación de tierras en la finca rural de Matarredonda justo antes de su muerte.
La CNA condenó el asesinato de Quiñones y responsabilizó al gobierno conservador. "Este vil acto fue perpetrado por agentes encubiertos del Estado que actuaron en nombre de los paramilitares y a favor de los terratenientes de la zona", dijo la CNA en un comunicado..
La CNA también denunció que "diversos actos de persecución, estigmatización y asesinatos de líderes sociales se han llevado a cabo de manera sistemática" en el departamento del Cesar.
Recordó que los reconocidos líderes campesinos y políticos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, que eran miembros del mismo proceso, también fueron asesinados a principios de este año.
La CNA llamó a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos "a pronunciarse en contra de estos abusos y exigir que el Estado colombiano y el gobierno en funciones garanticen la protección de las comunidades y nuestros líderes".
Denunció que las autoridades "han denunciado a los responsables de estos actos brutales sin llevar a cabo los correspondientes procesos de investigación y enjuiciamiento en su contra".
Según INDEPAZ, Quiñones fue el líder social número 110 en ser asesinado en 2022, y el 1.337 desde la firma de los acuerdos de paz de La Habana en noviembre de 2016.
El 2 de agosto, el INDEPAZ también denunció el asesinato del exguerrillero de las FARC Rigoberto López Vallejo en el municipio sanmiciliano del departamento de Putumayo.
Fue asesinado por individuos armados la noche del 31 de julio. López fue parte del proceso de reincorporación y fue registrado en el programa yarí Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del gobierno.
El Partido Comunes, que surgió después del desarme de las FARC como parte de los acuerdos de paz, condenó su asesinato, afirmando que era "claramente parte de un plan sistemático para exterminar a los firmantes de paz. No es casualidad que en un mes, 10 de ellos hayan sido asesinados".
Horas antes de condenar el asesinato de López, el Partido Comunes había denunciado el asesinato de otro firmante de la paz, Idelber Gómez Solano, quien también se encontraba en proceso de reincorporación. Fue asesinado en el municipio de Puerto Caicedo en Putumayo.
"La última semana de Duque en el cargo comienza con el asesinato de Idelber Gómez Solano, la víctima número 259 del sabotaje del gobierno a la implementación de los Acuerdos de Paz. Qué dolor seguir despidiéndonos de seres humanos, con familias y sueños, que querían que Colombia viviera en paz", tuiteó el partido.
En la madrugada del 1 de agosto, el Partido Comunes denunció y criticó el asesinato del excombatiente Wiston Antonio Mosquera en el municipio Bello del departamento de Antioquia. "¡Detengan los asesinatos! Tres asesinatos en un día... ¡Duque es culpable por acción y omisión!", dijo el partido.
Posteriormente, en un comunicado, el Partido Comunes llamó a "la comunidad internacional, a la ONU, a la CIDH y a las organizaciones de derechos humanos en Colombia y en el mundo a denunciar el exterminio al que están siendo sometidos la paz y sus defensores, y a mostrar solidaridad en la demanda de medidas urgentes para detener este estado de masacre permanente".
También llamó al gobierno de izquierda entrante y al presidente electo Gustavo Petro "a priorizar la protección integral de la vida de los firmantes de paz y líderes sociales".
Según el INDEPAZ, con el asesinato de López, el número de excombatientes asesinados en 2022 llegó a 31, y a 337 desde la firma de los acuerdos de paz. El Partido Comunes informó de que 342 excombatientes habían sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz.
El INDEPAZ publicó un informe el 2 de agosto detallando cifras que muestran el empeoramiento de la situación en Colombia con el aumento de la violencia durante los últimos cuatro años del gobierno duque.
El INDEPAZ informó que entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2022, 957 líderes comunitarios afrodescendientes e indígenas, ambientalistas, activistas de derechos humanos, defensores de la tierra y líderes campesinos y sociales fueron asesinados en diferentes departamentos por grupos paramilitares y narcotraficantes que operan en el país.
Además, durante este período, 261 signatarios de la paz fueron asesinados. Además de estos asesinatos, 1.192 personas fueron asesinadas en 313 masacres.
El instituto informó que durante dicho período, 2.366 personas fueron amenazadas y 555 fueron secuestradas. También informó que durante el gobierno duque se registraron 220 casos de desaparición forzada, 446 incidentes de confinamiento de civiles, 545 eventos de desplazamiento forzado masivo y 29 mil 634 casos de extorsión.
La Defensoría del Pueblo emitió 178 alertas tempranas relacionadas con la violencia en varias partes.
INDEPAZ también presentó en números cómo se intensificó la violencia estatal en el país durante el gobierno de Duque. La organización denunció que la Policía Nacional cometió 421 homicidios durante el mandato de Duque.
También detalló que durante el paro nacional contra las políticas de austeridad de Duque, entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021, 83 personas fueron asesinadas: 44 a manos de las fuerzas de seguridad, 96 sufrieron lesiones oculares, 35 fueron agredidas sexualmente, 66 fueron incriminadas judicialmente, 898 denunciaron intervenciones violentas y 1.747 sufrieron violencia física.
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