Según un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW), actualmente hay cerca de 2 700 menores de edad en EE. UU. condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Muchos de ellos no han cumplido los 14 años.
Otros 2 500 reclusos fueron condenados a esa sanción extrema cuando todavía eran menores de edad y, como si no bastaran estas cifras para demostrar la extrema brutalidad del sistema de justicia de ese país, más de 10 000 niños y niñas se encuentran confinados en prisiones para adultos.
Algunos estados han establecido entre los diez y los 13 años como la edad mínima para que un menor sea juzgado como mayor de edad.
En el mes de junio de 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito.
Sin embargo, cuatro años más tarde, los magistrados plantearon que esa posibilidad de libertad condicional debería ser reservada solo «para los casos cuyos crímenes no reflejaran una permanente incorregibilidad».
Por otro lado, la activista de la HRW, Elizabeth Calvin, estima que en California más del 42 % de los jóvenes sentenciados son hispanos, el 32 % afroamericanos y el resto «blancos».
El artículo 37 de la Convención de la onu sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo EE. UU. y Somalia, prohíbe expresamente la imposición de esa condena a niños y a niñas.
Resulta interesante conocer que la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 fue firmada por EE. UU. a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en «circunstancias excepcionales», lo que les dejó las manos libres para continuar con la inhumana práctica de recluir de por vida a adolescentes.
No debemos olvidar las terribles imágenes de los niños migrantes encerrados en verdaderos campos de concentración en la frontera sur de ese país, sin atención médica adecuada, apenas protegidos por mantas de emergencia, durante la administración de Donald Trump.
No fue hasta el año 2005 que el Tribunal Supremo de EE. UU. prohibió las ejecuciones de menores de edad.
En la era moderna, 22 reos fueron ejecutados por crímenes cometidos cuando tenían menos de 18 años de edad, según Death Penalty Information Center (DPIC).
Un ejemplo de esa barbarie fue la ejecución en la silla eléctrica del pequeño George Stinney, de 14 años.
El niño murió el 10 de junio de 1944, pero 70 años después las autoridades judiciales admitieron que se le habían violado sus derechos y que era inocente.
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