- El gobierno ataca a Naciones Unidas por su informe sobre matanzas en medio de las protestas pacíficas –
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, publicado en la primera semana de diciembre de 2021, señala con suficientes argumentos que se cometieron graves agresiones contra las movilizaciones realizadas durante el Paro Nacional que comenzó en abril de 2021 y se prolongó por casi tres meses en más de 850 municipios de Colombia.
Otro informe independiente que cuenta con el visto bueno de la OACNUDH hace la relación de abusos en ocasión del paro de septiembre de 2020 indicando que en Bogotá se perpetró una masacre por parte de fuerzas de la Policía Nacional.
Voceros del gobierno de Iván Duque Márquez se han precipitado al acusar a la representante en Colombia Juliette de Rivero, de hacer manipulaciones políticas y de favorecer campañas de desprestigio de la fuerza pública, e incluso de trasgredir las funciones o misionalidad que le corresponde a la OACNUDH en Colombia. (Duque I, 14/12/2020)
Contrasta esta reacción del gobierno con editoriales de medios de comunicación masiva que valoran la seriedad del informe en cuestión y del llamado a hacer los correctivos de fondo para que estas practicas de uso desmedido de la fuerza estatal no se repitan en Colombia. (El tiempo, 15/12/2021)
Las afirmaciones están sustentadas en 1501 reuniones con funcionarios, testigos y víctimas, en la cuidadosa revisión de registros de medicina legal y de 2414 videos de registro en vivo y en directo de los acontecimientos violentos en ocasión de las protestas.
De modo que no son afirmaciones a la ligera sino constataciones de hechos que ya son de dominio público y que ahora están analizados por una instancia independiente respaldada por la comunidad internacional.
Lo primero que debería hacer el gobierno es tomar en serio estos informes. La Oficina de Naciones Unidas ha verificado:
- 48 casos de homicidio de civiles en medio de las protestas, la mayoría de responsabilidad de la Policía Nacional. Dos casos más corresponden a policías asesinados y otros 13 siguen en estudio;
- además, se han documentado 62 hechos de violencia sexual y decenas de casos de racismo;
- centenares de acciones de agresión desproporcionada para dispersar manifestaciones causando más de 1600 heridos;
- decenas de intervenciones injustificadas contra bloqueos transitorios de vías sin mediar el debido diálogo;
- a eso se suman, según datos de Temblores ONG, 88 lesiones oculares de las cuales el 79% por acción de los agentes de la fuerza pública. La Fiscalía ha documentado 72 casos de esas lesiones oculares.
- 531 personas fueron detenidas en medio de las protestas y llevadas en secreto de reclusión sin seguir los procedimientos legales, lo que ha sido calificado
como una forma de secuestro por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
- 384 agresiones de periodistas durante el cubrimiento de las protestas sociales, dentro de las que se encuentran agresiones físicas, amenazas, detenciones ilegales,
- La criminalización de la protesta incluye 744 casos de judicialización a manifestantes y la acción continuada de persecución a activistas de lo que se conoció como Primera Línea.
- Este informe incluye hechos de violencia contra 1721 integrantes de la Policía, el daño a más de 2492 bienes públicos, a 2049 bienes privados, la violencia sexual contra una agente de la Policía y el asesinato de dos miembros de la fuerza pública.
El Ministro de Defensa y el propio presidente de la República han reaccionado bruscamente contra el informe y contra el que se refiere a los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 cuando a juicio de Naciones Unidas la acción policial causo 11 muertes de manifestantes en lo que calificó de masacre en Bogotá.
Hechos similares de asesinato colectivo de manifestantes ocurrieron en Cali el 30 de abril y primeros días de mayo cuando se masacró a jóvenes y pobladores en Siloé.
En los registros de INDEPAZ se encuentran la masacre de Cali (2021) y la de Bogotá (2021). El general Jorge Luis Vargas Valencia ha dicho que la Policía Nacional no ha dado orden de matar y diría que tampoco de cometer masacres.
Pero la cuestión en debate es si el entrenamiento del ESMAD y de otras fuerzas policiales destinadas a reprimir manifestaciones ha sido permisivo con procedimientos que conllevan el riesgo de daño a manifestantes.
Centenares de heridos y muchas decenas de muertos por la brutalidad policial no pueden considerarse hechos aislados de responsabilidad individual ni ajenos a la responsabilidad de los mandos que están al frente de las operaciones, de los mandos superiores y de las autoridades civiles que tienen responsabilidad constitucional y legal de dirigir a la fuerza pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado la conexión entre el abuso de la fuerza contra la protesta social y las políticas y orientaciones que ubican a los manifestantes y realizadores de paros y bloqueos como terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra e incluso como cómplices de grupos armados organizados como el ELN y los residuales post Farc.
La Canciller y Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez ha preferido pronunciarse criticando a Naciones Unidas que avala el informe independiente sobre los hechos de septiembre de 2020, indicando que “se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”. (MLR,14/12/2021).
En otro comunicado la Canciller pone el énfasis en las medidas de reorganización de la Policía Nacional para evitar que se presenten en el futuro abusos en el uso de la fuerza pública. Para ella son suficientes los correctivos que se han introducido en protocolos y que se pretenden con la ley de reforma a la Policía Nacional.
No reconoce sin embargo la responsabilidad institucional por los homicidios, heridos y victimas de la brutalidad policial.
En esta postura del gobierno no caben las recomendaciones de la CIDH sobre desmilitarización de la Policía ni las propuestas de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de disolver el ESMAD, adscribir la policía al ministerio del Interior y desterrar toda política y discurso que lleva a tratar la protesta como ataque a las instituciones, a la seguridad nacional o como riesgo de infiltración de criminales.
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Por Camilo González Posso – Presidente de Indepaz
Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2021
