La Consejera especial de la secretaría general de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, expresó ayer su preocupación por la situación de persecución y violencia que sufren algunos sectores de la población latinoamericana.
Durante la presentación de su informe anual ante el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Wairimu Nderitu subrayó la preocupación del organismo por la situación de los pueblos indígenas en Brasil y Ecuador, y la de los refugiados venezolanos en los países limítrofes.
“En la región de las Américas, me preocupa especialmente la situación de los pueblos indígenas.
En Brasil, Ecuador y otros países, hago un llamamiento a los gobiernos para que protejan a las comunidades en riesgo y garanticen la rendición de cuentas por los crímenes cometidos”, sostuvo Wairimu Nderitu.
En Brasil se registra hoy el nivel más alto de asesinatos contra las poblaciones indígenas de los últimos 20 años.
Según el Consejo Misionero Indígena, en 2019 fueron asesinadas 135 personas pertenecientes a las comunidades originarias brasileñas, la mayor parte de ellas en el marco de conflictos por la tierra.
En 2018 hubo en Ecuador un gran levantamiento indígena contra algunas medidas impuestas por el gobierno de Lenin Moreno para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Durante la represión contra las protestas fueron asesinadas siete personas.
Wairimu Nderitu se expresó también acerca de los ataques xenófobos sufridos por los más de 5 millones de refugiados venezolanos que viven en alguno de los países de América Latina: “la discriminación y el discurso de odio contra las poblaciones desplazadas, como en el contexto de Venezuela, sigue siendo una gran preocupación para mi oficina.
Un párrafo aparte fue luego dedicado a la situación colombiana.
Recientemente, una coalición de Ong locales elaboró un informe en el que denuncian 75 asesinatos sucedidos durante las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque comenzadas el pasado 28 de abril.
Según las organizaciones civiles, 44 de ellos se atribuyen a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que la mayoría del resto de los casos están vinculados a actividades paramilitares.
La violencia en Colombia sin embargo es un fenómeno cotidiano hacia los ex combatientes de las Farc, quienes adhirieron a los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016, y contra los defensores de derechos humanos y del ambiente.
En lo que va del 2021 fueron asesinados 27 ex guerrilleros desmovilizados, y 83 líderes sociales en el país.
“También quisiera destacar el papel fundamental de la justicia transicional en Colombia para asegurar que la paz pueda prevalecer, y la necesidad de una respuesta inmediata a la violencia contra los derechos humanos activistas y excombatientes”, sostuvo Wairimu Nderitu
https://larsenfede.wordpress.com/2021/06/30/preocupacion-internacional-por-la-violencia-en-brasil-ecuador-y-colombia/
