El jueves, 10 de junio, culmina la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- a Colombia.
La visita ha generado una enorme expectativa tanto a nivel nacional como regional, la cual se desarrolla después de que en un inicio, el gobierno antipopular de Iván Duque, haya decidido negarle la entrada al país a la delegación interamericana, en un intento de tapiñar las fuertes imágenes de terrorismo de Estado, que se suscitan y repiten a lo largo y ancho del territorio colombiano en una base diaria. Tal parece que el Estado colombiano, aupado por el paramilitarismo y la parapolítica, dos distintivos particulares del uribismo, quiere mantener la desligitimada imagen de que “en Colombia se respetan los Derechos Humanos”. Esto después de haber insistido en jugar la Copa América en Colombia, para desviar la atención del pueblo dentro y fuera del territorio hacia el fútbol y lejos de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, casi queriendo imitar a la dictadura de Videla en Argentina, anfitriona del Mundial de Fútbol en 1978.
Iván Duque, pupilo estelar del uribismo y la ultra derecha colombiana y continental, negaba la entrada de la misión de la CIDH el 24 de mayo, por medio de declaraciones de la vicepresidenta y actual canciller delegada, Marta Lucía Ramírez.
La vicepresidenta emitía esta negativa directamente desde Washington, al momento de reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Así mismo, Almagro se reuniría con una delegación de congresistas del partido uribista Centro Democrático, entre lxs cuales figuraba la política ultra conservadora María Fernanda Cabal. Además de Almagro, la delegación pasó a reunirse con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi y su presidenta, Antonia Urrejola Noguera, la cual se encuentra actualmente en Colombia, encabezando la visita de la comisión. Entre lxs comisionadxs presentes en territorio se encuentra también Edgar Stuardo Ralón, abogado guatemalteco y representante de la ultra derecha empresarial en Guatemala, además de cercano a gremios de sectores industriales, financieros, agrícolas y comerciales en el país centroamericano. En esta ocasión, la vicepresidenta Ramírez se desempeñó como anfitriona de la comisión interamericana en su visita a Colombia. Tras la reunión del gobierno con la CIDH el día de ayer, Ramírez aseguraba que “Colombia no es un país violador de los Derechos Humanos”.
El gobierno se esmeró en presentar a la CIDH una imagen del estallido social, distinguiendo entre el legítimo derecho a la protesta pacífica y los bloqueos, criminalizando estos últimos como “amenazas a la vida”. Al mismo tiempo, el gobierno se deslindaba de toda colaboración con y reconocimiento a grupos paramilitares, declarando que existen grupos minoritarios “criminales […] que se han dedicado a causar la muerte de tantas personas.” Una vez más, y al igual que en el Ecuador en el contexto con la visita de la CIDH respecto al Paro Nacional de Octubre 2019, un Estado niega toda responsabilidad por las graves y sistemáticas violaciones a Derechos Humanos cometidas en nombre de sostener el estatus quo. La guerra interna contra el pueblo parece adquirir contornos renovados, en contubernio con la parapolítica y los brazos armados de la oligarquía, grupos civiles de choque dedicados a la limpieza social, con el beneplácito del Estado burgués.
La visita de la CIDH, la cual se desarrolla desde el pasado martes, se concentró en Cali, Popayán, Bogotá y Tuluá, al mismo tiempo de suscitarse tiroteos, y un panorama de violencia generalizada justamente en Cali, Popayán, Barranquilla y Bogotá. Tal parece ser que la presencia de la CIDH no incomoda ni obstaculiza en lo más mínimo al Estado colombiano, mientras este sigue amedrentando, mutilando, violando y asesinando en la calle, en las noches y a plena luz del día, frente y tras cámaras que evidencian que la muerte profesada por la oligarquía es sistemática y se dirige expresamente contra el pueblo. Tan solo el día de ayer, se reportaban al menos 5 muertes en Cali, al mismo tiempo de más de 56 heridxs en Bogotá.
En este contexto, es fundamental resaltar que la CIDH, como cualquier organismo parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-, dista de ser imparcial. La comisión, creada en 1959 por medio de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, se desempeña como organismo de consulta frente a la OEA en materia de Derechos Humanos, además de tratar casos puntuales de violaciones a Derechos Humanos a nivel continental. La CIDH ha atendido casos en Perú respecto a masacres bajo la dictadura de Fujimori, además de haber tenido un papel protagónico en el esclarecimiento de responsabilidades respecto a violaciones sistemáticas a Derechos Humanos en las dictaduras en Argentina, Guatemala y El Salvador.
En términos generales, tanto los lineamientos de la OEA y por consiguiente, también de la CIDH, se encuentran acorde al canon liberal que resalta la presunta defensa de la democracia, en contra de aquellos regímenes que le son contrarios a la hegemonía de EE.UU. en la región. Por consiguiente, Luis Almagro, como máximo representante del “Ministerio de las Colonias” de EE.UU., tergiversa y relativiza el discurso de una supuesta protección a Derechos Humanos, al sancionar y practicar injerencia directa en procesos políticos y sobre todo electorales en Venezuela, pero tratar con distancia y pasividad las violaciones de Derechos Humanos en Chile o actualmente en Colombia. Cuando se trata de condenar a regímenes considerados autoritarios o antidemocráticos, la OEA y el SIDH no han demorado ni dudado en actuar y presionar por todos los frentes posibles a un cambio de política o incluso de régimen, como en el caso del golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019.
Este posicionamiento corresponde a la maquinaria ideológica anticomunista materializada por el macartismo en los años 50as, en plena Guerra Fría, discurso que pasó a revivir bajo las condiciones históricas actuales y ante la revitalización del bloque neoliberal autoritario en la región. La CIDH practica injerencia constante en Venezuela y Cuba, sin que ninguno de los Estados sea miembro del sistema institucional interamericano.
La propia CIDH tiene su sede en Washington, al igual que la OEA, al mismo tiempo de recibir un cuarto de su financiamiento de EE.UU., aliado dorsal de Colombia y principal responsable de la “profesionalización” de las FF.AA. y la Policía de Colombia, además de brindar más de 10 mil millones USD en asistencia y cooperación militar en el marco del Plan Colombia. Las escenas de muerte en la que se encuentra sumida Colombia desde hace un mes y medio, son inconcebibles tanto fuera de la política imperialista de EE.UU. como del uribismo. Ambos representan los brazos político militares que mantienen la parapolítica en Colombia.
A pesar de contar con la visita de la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos en el continente, la muerte sistemática al pueblo por parte del Estado colombiano no ha cesado ni se ha menguado en estos últimos días. La violación deliberada y estructural no solo al derecha a la protesta, organización y libertad de prensa, sino al mismo derecho a la vida, se evidencia como fundamental en mantener el orden capitalista, por medio de la política de choque neoliberal, entre la que figura el trato militar a la protesta social. En esta ecuación, tanto la CIDH, como la OEA, terminan siendo simples espectadores de las masacres que se suscitan en Colombia día tras día, por ya más de 45 días consecutivos. En definitiva y ante la inoperancia o complicidad silenciosa de la CIDH, la maquinaria de muerte impuesta por la oligarquía político-paramilitar parece perpetuarse en Colombia, frente a un pueblo que le ha perdido el miedo a las balas, tras décadas de violencia perpetua, ejecutada en forma de crímenes y terrorismo de Estado.
