El político y empresario nicaragüense Enrique Quiñonez Tuckler, contradijo a la oposición que insiste en su discurso sobre ausencia de la libertad de expresión y movilización en el país centroamericano gobernado por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«La comunidad internacional tiene sus representantes diplomáticos aquí y ellos están clarísimos del discurso que estos opositores quieren vender y ni ellos mismos se creen. Yo no veo en ninguna Embajada de las representadas aquí a opositores pidiendo asilo político», dijo Quiñónez en el espacio Detalles del Momento, del Canal Seis de la televisión abierta.
Tales declaraciones del ex diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) tienen lugar en el entorno del caso judicial en que está imputada la opositora Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero y activos cuando encabezó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (identificada con el nombre de su madre, quien fuera presidenta de Nicaragua en el período 1990-1997).
En segundo término, el propietario de la Radio 800 y la empresa de transporte Nicabus, insistió en la existencia de medios de comunicación en los que a diario permiten a miembros de la oposición llegar a «despotricar» contra el Gobierno y no les sucede absolutamente nada.
«No he visto ni siquiera una sola empresa que se queje de amenazas [gubernamentales] para no darle pautas comerciales a cualquiera de las radios y canales identificados con la oposición», advirtió quien fuera miembro de la Guardia Nacional, brazo armado del régimen de Anastasio Somoza Debayle (1956-19979).
Quiñónez, quien ayudó a organizar la llamada contra (Contrarrevolución) en la década de los 80, recordó que en 1994, ya bajo el Gobierno de Violeta Barrios, un grupo de desmovilizados de esa fuerza solicitó asilo político en varias embajadas y a la representación de la Organización de los Estados Americanos, y cuando él quiso apoyarlos con alimentos fue encarcelado por órdenes del ministro de la Presidencia, el ya fallecido Antonio Lacayo (1947-2015).
«Yo fui uno de los miembros de la Contra prisionero político del Gobierno de doña Violeta, no fue el Gobierno sandinista ni nada por el estilo», ironizó al comparar aquel suceso con la situación que enfrenta Cristiana Chamorro, en régimen de reclusión domiciliara desde el 2 de junio.
Agregó que «eso que se vio en tiempos de doña Violeta no se está viendo ahora, lo lógico es que si llegás a un medio y amenazás, va a existir una reacción en contra de esa actitud y, casualmente, en este país observo que los llamados opositores llegan a hablar tonterías a los medios y luego quieren ir a sus casas y aquí no ha pasado nada».
Sobre el allanamiento el 2 de junio de la vivienda de Cristiana Chamorro, en cumplimiento de una orden de la jueza Karen Chavarría, explicó que en cualquier país del mundo la Policía coloca una cinta amarilla, cierra la calle y no hay periodista que acceda al lugar de la investigación.
Quiñónez felicitó a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), electos el 4 de mayo, «gente correcta que da la seguridad de llevar unas elecciones transparentes» que ya pusieron en su lugar al presidente del Partido Conservador, Alfredo César, quien anticipó que esa organización no participaría en los comicios generales y en consecuencia el CSE le retiró la personería jurídica a la agrupación verde.
Finalmente, el ex diputado auguró que tal como pintan las cosas no ve que la oposición siquiera pueda soñar con derrotar al partido de Gobierno FSLN, cabeza de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.
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