“En el caso de Nicaragua, al centrarse totalmente en pruebas y denuncias de fuentes opuestas al gobierno, AI ha elaborado informes muy sesgados y politizados, que desconocen los actos de violencia perpetrados por la oposición y los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en sus propias declaraciones de misión y visión”.
Introducción:
La visión de Amnistía Internacional (AI) es de un mundo en que todas las personas gocen de los derechos humanos inscritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los derechos humanos. Los Artículos 22, 25, 26 y 27 van más allá de los derechos políticos y civiles, e incluyen una definición mucho más amplia que incorpora los derechos sociales, económicos y culturales.
El Artículo 30 dice:
Nada en esta Declaración puede interpretarse en el sentido de que ningún Estado, grupo o persona tenga cualquier derecho a participar en cualquier actividad o realizar cualquier acción destinada a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades aquí establecidos. Al referirse a Estado, grupo o persona, este artículo deja muy claro que deben abordarse las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos e individuos.
En el caso de Nicaragua, al centrarse totalmente en pruebas y denuncias de fuentes opuestas al gobierno, AI ha elaborado informes muy sesgados y politizados, que desconocen los actos de violencia perpetrados por la oposición y los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en sus propias declaraciones de misión y visión.
Los informes de Amnistía Internacional han criticado reiterada y sistemáticamente al gobierno de Nicaragua, sin tener en cuenta por completo sus logros masivos al abordar problemas reales de derechos humanos, como la reducción de la pobreza, la mejora masiva de los servicios de salud y la lucha contra la desigualdad de género. Sus reportajes solo sirven para desestabilizar a Nicaragua y pisotear los derechos humanos y la dignidad de la gran mayoría de los nicaragüenses que quieren vivir en paz y determinar su propio futuro.
Hemos informado anteriormente sobre los informes defectuosos y sesgados de AI, y su último informe, “El silencio a cualquier costo”, no es ninguna excepción. Como en el pasado, el informe repite afirmaciones sin fundamentos de la oposición política nicaragüense, basadas en gran parte en rumores más que en pruebas concretas.
El informe hace referencia a declaraciones realizadas por organizaciones locales y a entrevistas que se han realizado con ellas, pero no clarifica cuáles son estas organizaciones. A pesar de las denuncias de que no hay libertad de expresión en Nicaragua, las organizaciones de oposición operan libremente y realizan reuniones de manera frecuente en todo el país (de hecho, dos de sus líderes, Félix Maradiaga y Miguel Mora, acaban de anunciar públicamente su candidatura a la presidencia, y varios otros han dejado claro su interés en presentarse como candidatos). Por lo tanto, hemos preguntado a AI con qué organizaciones conversaron para realizar este reporte, y no percibimos ninguna razón por la que no puedan proporcionarnos esta información. Hasta donde sabemos, no hablaron con ninguno de los sindicatos de Nicaragua, ni hablaron con ningún miembro de la extensa red de asociaciones y cooperativas del país.
Negando la Verdad:
La primera página del informe de AI repite sus acusaciones anteriores de que “durante abril y mayo de 2018, las autoridades (de Nicaragua – ed) utilizaron fuerza excesiva, desproporcionada y a menudo innecesaria, implementando una estrategia a veces intencionalmente letal contra los manifestantes. La negativa del gobierno a detener la represión en los meses siguientes siguió aumentando el número de muertos y heridos a manos de agentes estatales y grupos armados progubernamentales vinculados al gobierno, aumentando la indignación social. Numerosos barrios respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros caseros para defenderse. En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, conocida como “Operación Limpieza”. Esto consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar grupos combinados de grupos armados progubernamentales y policías nacionales para enfrentar a los manifestantes”.
Como señalamos en nuestro informe “Negando la Verdad”, AI ha desconocido de manera repetida la violencia perpetrada por los grupos de oposición en 2018, violencia sufrida terriblemente por millones de nicaragüenses. Los testimonios de algunos de los que la sufrieron se pueden encontrar aquí. Partidarios de la oposición cometieron secuestros, tortura y asesinatos de ciudadanos comunes por ser simpatizantes del Sandinismo o empleados del estado, además de asesinar y lesionar a policías. Manifestantes de la oposición destruyeron o dañaron edificios y vehículos de las autoridades municipales, ministerios gubernamentales, escuelas e incluso jardines infantiles, hospitales y centros de salud, además de cientos de hogares y negocios privados. El costo estimado para la economía de Nicaragua fue de casi mil millones de dólares, y la pérdida de casi 120.000 empleos. “Negando la Verdad” incluye un estudio sobre el caso de una región de Nicaragua, que muestra cómo AI podría haber llevado a cabo una evaluación equilibrada de la violencia, y quién la causó. Muestra que, durante un período similar al que fue cubierto por los informes de AI, la mitad de las muertes reportadas como vinculadas a las protestas en esta región tuvieron otras causas, y de las muertes vinculadas a las protestas, todas menos una fueron resultado de la violencia de partidarios la oposición. “Negando la Verdad” concluye que AI fracasa por completo en su intento de demostrar que existe «una estrategia de represión indiscriminada» por parte del gobierno de Nicaragua.
Las barricadas a las que se refiere AI como montadas por manifestantes para defenderse, eran en realidad barricadas montadas por la oposición para paralizar el país durante varios meses. Crearon «zonas prohibidas» en las ciudades y en las principales carreteras de todo el país sin entrada para la policía ni las fuerzas de seguridad. Estas funcionaron como un medio de control sobre las poblaciones locales, quienes se encontraron sujetos a la verificación de su documentación, la extorsión sistemática, las amenazas y, en muchos casos, los robos, la violencia o incluso los secuestros, violaciones, torturas y asesinatos. Violando el derecho a la libertad de circulación, se paralizó el sistema de transporte del país. Y en con respecto a los morteros caseros, se utilizaron una enorme cantidad de armas improvisadas: su producción fue a escala industrial y su uso fue generalizado, como lo demuestra el hecho de que 22 policías resultaron muertos y 401 heridos por balas – esto aparte las muertes y heridas de civiles como resultado de este proceso. Además, hubo un uso generalizado por parte de la oposición de rifles, escopetas e incluso armas más pesadas como las AK47, un hecho nunca reconocido por AI.
‘Presos Políticos”
AI sigue afirmando, como lo ha hecho en sus informes anteriores, que hasta los privados de libertad condenados por hechos violentos y delictivos en 2018, fueron encarcelados por su «activismo» y que su encarcelamiento tiene «motivos políticos».
El informe declara que «a pesar de la promesa del gobierno, en marzo de 2019, de liberar a todos los detenidos en el contexto de las protestas, se estima que a noviembre de 2020 todavía hay más de 100 de esas personas en prisión». Esta declaración demuestra el hecho de que los detenidos no son presos políticos, sino personas acusadas de actos delictivos violentos (consulte nuestro informe anterior sobre esto aquí), pero la fuente proveída para sostener esta afirmación deja en claro que la misma proviene de un artículo de uno de los principales grupos de oposición de Nicaragua, la Alianza Cívica.
Amnistía Internacional sigue afirmando que hay más de 100 ‘presos políticos’ en Nicaragua, a pesar de las diversas amnistías que ha realizado el gobierno, e ignorando el hecho de que los que han sido arrestados nuevamente en 2020 (muchos de los cuales fueron beneficiados por amnistías previas en el 2019) cometieron delitos graves. Una característica notable del informe (como en los anteriores) es que la única referencia a las «víctimas» es a los presuntos «presos políticos»; AI y otros órganos de ‘derechos humanos’ ignoran frecuentemente el sufrimiento de las numerosas víctimas de la violencia de la oposición y, de hecho, informan sistemáticamente de la situación como si los ‘presos políticos’ fueran obviamente inocentes, sin tener en cuenta los delitos reales cometidos (incluidos los cometidos desde 2018).
Condiciones en la cárceles
En la sección del informe referido a las cárceles, Amnistía afirma que no ha habido visitas a las cárceles por parte de organizaciones de derechos humanos desde 2010. Esto se basa en un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cuya información al respecto se ha demostrado como deficiente en numerosas ocasiones. AI no menciona que del 15 al 19 de febrero de 2021, la Asesora Penitenciaria de la Delegación Regional para México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Sra. María Noel Rodríguez Tochetti, visitó Nicaragua para conocer las acciones y actividades desarrolladas por las autoridades en el marco del Sistema Penitenciario Nacional. Durante la visita recorrió las instalaciones del Sistema Penitenciario Modelo, Tipitapa, el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM, conocido como La Esperanza), La Granja, ubicado en Granada y la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, con el fin de conocer las actividades realizadas por los presos y su reinserción social una vez cumplidas sus condenas, en el marco del mandato humanitario del CICR.
Una visita anterior del CICR se realizó en enero de 2019, con una visita a los presos de los centros penitenciarios «La Modelo» y «La Esperanza», y el directorio de apoyo judicial «El Chipote». Estas visitas tuvieron el propósito de prevenir o dar respuesta a ciertos problemas humanitarios que pudieran surgir en relación con la privación de libertad, y las conclusiones del CICR fueron compartidas con las autoridades relevantes en ese momento. Y, en agosto del 2019, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua y el CICR firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la protección y el respeto a los derechos humanos de todos los presos en el Sistema Penitenciario Nacional. El informe de AI también se refiere a la pandemia de COVID-19 en relación a las cárceles, ignorando que Nicaragua, a través de medidas tempranas estrictas y un modelo de salud de base comunitaria, ha mantenido una de las tasas de mortalidad de coronavirus más bajas del mundo, y la menor en toda Centroamérica. En mayo de 2020, el Ministerio del Interior liberó a 2.815 presos, que habían cometido delitos menos graves, para que sigan como presos domiciliarios, para reducir el riesgo de infección en el sistema penitenciario y contener la propagación de la pandemia. Esta medida incluyó a personas mayores con enfermedades crónicas. A petición del gobierno, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue un observador en el evento de reunificación familiar.
Si bien AI se ha enfocado en las condiciones carcelarias en Nicaragua, ha ignorado las condiciones mucho peores en las cárceles hondureñas donde han habido muchas muertes relacionadas con el COVID, incluidas las de presos políticos, como los periodistas disidentes.
La Ley de Agentes Extranjeros
El informe luego hace referencia a nuevas leyes que, según alega AI, se aprobaron «para silenciar las críticas y el disenso». Con respecto a la Ley de Agentes Extranjeros, el NSCAG ha elaborado una explicación detallada de la ley que se puede encontrar aquí. La intención detrás de la ley es crear una herramienta que le permita a Nicaragua asegurar y evitar que, potencias, países, gobiernos, agencias u organizaciones extranjeras interfieran en los asuntos internos o la política interna nacional de Nicaragua, algo que no solo Nicaragua busca repudiar, sino algo que las organizaciones internacionales y gobiernos de todo tipo también repudian. El informe de AI afirma que “entre noviembre y diciembre de 2018, las autoridades cancelaron el registro legal de al menos nueve organizaciones. Hasta finales de 2020, al menos una organización más se había unido a esta lista”. No menciona que hay unas 5.000 ONG en Nicaragua; la gran mayoría de ellos están involucrados en actividades legítimas en torno a problemas sociales y de salud, por ejemplo, y ninguno de ellos estará restringido por esta ley, que está dirigida únicamente a una minoría de organizaciones que han sido financiadas en gran medida por los EEUU simplemente para actuar como representantes de la agenda de EEUU y de la derecha política doméstica.
En cuanto a la ley contra los ciberdelitos, a la que también se refiere el informe de AI, esta surgió para frenar las campañas masivas de “noticias falsas” que comenzaron en el 2018, con anuncios de muertes que nunca se produjeron. También tiene como objetivo prevenir las publicaciones en las redes sociales que pidan ataques contra personas o promuevan delitos violentos como la tortura, al filmarlos y publicarlos. Más recientemente, ha habido campañas destinadas a convencer a las personas con síntomas de COVID-19 de que no vayan al hospital, y esto sin duda disuadió a algunas personas de buscar ayuda y dificultó el control de la pandemia por parte del gobierno.
Dentro del contexto de estas nuevas leyes, AI hace referencia a los casos de Lucía Pineda y Miguel Mora de 100% Noticias. Lo que no mencionan es que el 29 de mayo de 2018, Mora realizó la falsa declaración de que su estudio de televisión estaba siendo atacado por simpatizantes del gobierno. Hizo un llamado a los activistas de la oposición para que respondan atacando a la estación de radio sandinista, Nuevo Radio Ya. Como resultado de esto, un grupo de opositores procedió a prender fuego el edificio de La Nueva Radio Ya, secuestraron a más de 20 miembros del personal de la radio bajo asedio y luego dispararon contra los bomberos y la policía que intentaban controlar el fuego y rescatar a los que estaban dentro. Solo la valentía de los servicios de rescate y el personal de la estación de radio evitó lesiones más graves y la pérdida de vidas. El edificio fue destruido. En el caso de Lucía Pineda, informó a propósito que la Alcaldía de Granada estaba siendo incendiada por un grupo violento de sandinistas, cuando en realidad eran criminales de la oposición quienes viajaron desde Masaya con este fin. Estos son solo dos ejemplos de las mentiras promulgadas por 100% Noticias y que han tenido el efecto de promover y fomentar la violencia opositora.
El gráfico de la parte final del informe de Amnistía afirma que más de 100.000 personas se han visto «obligadas a abandonar el país». Al parecer, esto se basa en un informe sobre solicitudes de asilo en Costa Rica publicado en marzo de 2020 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este informe es extremadamente engañoso para cualquiera que no esté familiarizado con la situación local, especialmente en lo que respecta a la larga historia de migración de Nicaragua a Costa Rica durante muchas décadas. También es decepcionante que el informe se parezca poco a la realidad y sea claramente desequilibrado, ya que se basa en el testimonio de la oposición de Nicaragua con cero aportes de las propias autoridades migratorias de Nicaragua.
El informe de AI ignora por completo el movimiento regular de miles de trabajadores nicaragüenses y sus familias hacia y desde Costa Rica que ha sido un fenómeno constante durante más de cincuenta años. Las estimaciones del número de nicaragüenses que viven legalmente o sin documentos han oscilado entre 500.000 y más de 800.000 desde los años de guerra de la década de 1980. Los propios funcionarios costarricenses han dicho que muchos solicitantes de asilo ya vivían en Costa Rica antes de la crisis.
El informe del que AI ha tomado su cifra de 100.000 no menciona las numerosas atrocidades cometidas por los llamados manifestantes «pacíficos» y no da un contexto de por qué estas personas pudieron haber huido de Nicaragua para escapar de la justicia. La verdad es que entre los que huyeron de Nicaragua había personas que habían cometido actos delictivos atroces y violentos; por ejemplo, se sabe que el grupo que secuestró, torturó y asesinó al agente de policía Gabriel de Jesús Vado Ruíz los días 14 y 15 de julio de 2018, huyó a Costa Rica. Por su parte, las propias autoridades costarricenses han denunciado la violencia de muchos de los llamados refugiados. NSCAG ha examinado el informe del ACNUR en detalle y se puede encontrar más aquí.
Las fuentes de Amnistía Internacional – CENIDH y la CIDH
Gran parte de la información del informe de AI procede de dos fuentes: el CENIDH y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Amnistía afirma que ‘Desde el inicio de las protestas masivas en 2018, el CENIDH, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y respetadas de Nicaragua, con personal y voluntarios en todos los rincones del país, estuvo a la vanguardia en la documentación de cientos de casos de delitos bajo el derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo». La realidad es que el CENIDH nunca ha intentado ser balanceado o neutral en lo político; de hecho, se opuso al gobierno sandinista mucho antes del fallido intento de golpe de 2018. Sin embargo, con el intento para derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicaragua, que comenzó en abril de 2018, el CENIDH se convirtió en una parte clave de la maquinaria de propaganda de la oposición. La organización frecuentemente publicaba reportes evidentemente sesgados por su mismo lenguaje, por ejemplo refiriéndose al “régimen dictatorial” de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe inicial del CENIDH, emitido el 4 de mayo de 2018, exageró de inmediato el número de muertes al registrar seis muertes en el primer día de la violencia (19 de abril), todas menos una atribuidas al gobierno, cuando en realidad solo fueron tres: un oficial de policía, un Sandinista defendiendo un ayuntamiento de un ataque y una persona no involucrado. Para fines de julio, el quinto informe del CENIDH registró 302 muertes, todas atribuidas al «terrorismo de estado». Enrique Hendrix, residente de Managua, revisó sistemáticamente los relatos de muertes publicados por organismos de «derechos humanos», incluido el CENIDH. Su informe «Monopolizando la muerte: o cómo incriminar a un gobierno inflando una lista de muertos» encontró que la lista del CENIDH incluía un suicidio, accidentes de tránsito, y varias duplicaciones o muertes inexplicables. En total, de las 167 muertes incluidas en sus primeros informes, solo el 31% (51 personas) eran en realidad manifestantes que habían muerto en el conflicto.
Asimismo, la CIDH (parte de la Organización de Estados Americanos, OEA) demostró una total incapacidad para realizar una investigación objetiva que tomara debidamente en cuenta la violencia de la oposición. Colaboró estrechamente con el CENIDH, confiando ampliamente en sus datos altamente cuestionables, y presionó en nombre del CENIDH, pidiendo que el brazo legal de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomara medidas para presionar al gobierno de Nicaragua para protegerlo.
En mayo de 2018, Paolo Abrao, titular de la CIDH, lejos de ser un observador neutral, declaró abiertamente su apoyo a los estudiantes manifestantes cuando acababan de detener violentamente un autobús lleno de personas que regresaban de una manifestación por la paz, lo que resultó en varios heridos. Y en julio de 2018, la CIDH publicó un informe muy sesgado ‘Derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua’, de 50 páginas y sin mencionar ni una sola vez los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra simpatizantes oficialistas y sandinistas por la oposición de extrema derecha y matones armados, basando sus conclusiones únicamente en testimonios recibidos o informados por miembros de la oposición o sacados de medios hostiles al gobierno de Nicaragua. Incluso incluyó la “muerte” de personas supuestamente asesinadas por la brutalidad policial que aún estaban con vida.
La pandemia de COVID-19 le ha dado a la CIDH una excusa más para atacar al gobierno de Nicaragua. En mayo de 2020, emitieron una extensa misiva que concluía expresando ‘preocupación por el acceso de la población nicaragüense al derecho a la salud’, ignorando que Nicaragua tiene muchos más hospitales públicos gratuitos que la vecina Honduras (que tiene un 50% más de población), que 19 de ellos se han construido desde 2007, cuando los sandinistas regresaron al poder, y que Nicaragua gasta una proporción mayor de su presupuesto gubernamental en salud que prácticamente cualquier otro país de las Américas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha clasificado a Nicaragua en segundo lugar en Centroamérica y en cuarto lugar en toda América Latina en inversión en salud.
La pandemia de COVID-19 le ha dado a la CIDH una excusa más para atacar al gobierno de Nicaragua. En mayo de 2020, emitieron una extensa misiva que concluyó expresando ‘preocupación por el acceso de la población nicaragüense al derecho a la salud’, ignorando que Nicaragua tiene muchos más hospitales públicos gratuitos que el país vecino Honduras (que tiene un 50% más de población), que 19 de ellos se han construido desde 2007, cuando los sandinistas regresaron al poder, y que Nicaragua gasta una proporción mayor de su presupuesto gubernamental en salud que casi cualquier otro país de las Américas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha rankeado a Nicaragua en segundo lugar en Centroamérica y en cuarto lugar en toda América Latina en inversión en salud.
En julio de 2020, NSCAG se unió a la Alianza Global por la Justicia y otros para enviar una carta abierta al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua de la CIDH, el Equipo Argentino de Antropología Forense y SITU Research de Nueva York. La carta expresaba preocupación por deficiencias muy graves en un video documental publicado por estas organizaciones en mayo de 2020 en relación con los hechos que llevaron a la muerte de tres ciudadanos nicaragüenses que se manifestaban contra el gobierno el 30 de mayo de 2018. La carta destacaba el hecho de que, si bien el video documental reconocía que no había evidencia concluyente, aún argumentó que la evidencia circunstancial sugería abrumadoramente que policías armados o simpatizantes sandinistas mataron indiscriminadamente a tres manifestantes que murieron ese día, así como a otras personas también asesinadas a tiros como parte de incidentes relacionados. El video documental reforzó el reclamo injusto y extremadamente deshonesto de la oposición política de Nicaragua, repetido, sin ningún intento serio de corroboración independiente, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Organización de los Estados Americanos, que el gobierno sandinista utilizó deliberadamente una fuerza letal desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el violento fallido intento de golpe de Estado entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018.
Tal como se mencionó anteriormente, la CIDH es parte de la OEA, una organización que recibe la mayor parte de su financiamiento de los Estados Unidos. De hecho, la Justificación del Presupuesto del Congreso de 2018 declaró muy claramente que la OEA “promueve los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental al contrarrestar la influencia de países anti-Estados Unidos como Venezuela”. Bajo el liderazgo de su Secretario General fanáticamente pro Estados Unidos, Luis Almagro, la OEA se ha convertido en un arma de la política de “cambio de régimen” dirigida contra gobiernos de izquierda independientes en América Latina. Además de poner su mirada sobre Nicaragua, la OEA jugó un papel crucial en la difusión de mentiras para impulsar el golpe militar en Bolivia, violó sus propios estatutos en su fuerte respaldo a los intentos de golpe de Estado del gobierno de Trump en Venezuela.
Conclusiones
Una vez más, AI ha elaborado un informe defectuoso y parcial basado casi en su totalidad en el testimonio de activistas de la oposición y ONGs y medios de comunicación de derecha con una larga historia de hostilidad hacia el gobierno nicaragüense. El informe, según admite la propia AI, se basa en solo 18 entrevistas y hace declaraciones audaces como «más de 400 profesionales de la salud despedidos» sin ni una gota de evidencia sólida que lo respalde.
Los ataques sostenidos de Amnistía contra Nicaragua y los ataques contra Nicaragua pueden ser en gran medida resultado de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas. Incluso antes de las elecciones nicaragüenses de 2016, cuando Daniel Ortega y el FSLN fueron electos con el 72% del voto popular, ella escribió un artículo en que les contaba a sus lectores “cuatro cosas que deberían saber sobre la elección”. En este artículo, atacó directamente al gobierno sobre la mortalidad materna, ignorando por completo el hecho de que la mortalidad materna se ha reducido a más de la mitad desde que el FSLN regresara al poder en el 2007.
Cualquier mirada, incluso breve, a la cuenta de Twitter de Guevara-Rosas, muestra que ella está abiertamente del lado de la oposición, tagueando frecuentemente a #SOSNicaragua y retuiteando a fuentes como Fox News.
Guevara-Rosas a menudo trabaja junto a Bianca Jagger, a quien describe como «mi querida amiga y poderosa líder de derechos humanos». Jagger, que es miembro del Consejo de Liderazgo del Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE. UU., se opone desde hace mucho tiempo a Daniel Ortega y desde 2013 lo llama «autócrata» que debería dimitir.
Desde hace muchos años, AI ha renunciado toda pretensión de ser una fuente imparcial de información sobre los derechos humanos en Nicaragua. Su informe actual, una mezcla de acusaciones anteriores y otras nuevas sin fundamento, no es una excepción a lo que ahora se ha convertido en la regla.
El continuo retrato que AI hace de Nicaragua como una dictadura represiva contradice completamente la realidad de un país que desde 2007 ha visto la implementación de una serie de políticas sociales y económicas diseñadas para mejorar las vidas y los medios de vida de los más pobres y vulnerables de la sociedad. El gobierno de Nicaragua ha sido elogiado por su manejo exitoso de dos huracanes que azotaron al país en noviembre pasado y que mejor ha lidiado con la pandemia de COVID-19 en toda Centroamérica. La salud, la educación, la vivienda y la igualdad se consideran derechos humanos fundamentales,
y la gran mayoría de la población apoya a un Gobierno que ha destinado el 58% del presupuesto nacional al gasto social.
Declaración de NSCAG
NSCAG llama a Amnistía Internacional a:
• Cumplir con el compromiso de la organización con la imparcialidad política en sus investigaciones y reportes sobre Nicaragua.
• Investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas las relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y la propia misión y visión de Amnistía Internacional.
• Contextualizar la presentación de informes sobre Nicaragua reconociendo el progreso que ha logrado el país desde 2007 en la reducción de la pobreza y abordando los derechos humanos de la población, incluido el derecho a la educación y atención médica gratuitas, el derecho a la vivienda, los derechos a la tierra y los derechos de la población indígena de la Costa Caribe.
• Denunciar las sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua, ilegales según el derecho internacional, como un castigo colectivo a toda la población que impactará de manera desproporcionada a los más pobres.
http://nicaleaks.com/2021/03/18/desde-reino-unido-desmienten-informe-de-amnistia-internacional-sobre-nicaragua/?fbclid=IwAR25XLvneikB2cWIiPV2SP40bk-vcJRaiDdjAQeU6lCKumJzF1LJIuk_oLE
