El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó el desalojo de 16 familias indígenas de la finca Kino Ju, ubicada dentro del territorio indígena China Kichá, en Pérez Zeledón, para proteger la actividad ganadera que aquí ejecuta una persona ajena a la comunidad.
Así consta en la resolución Nº00288 – 2020, que daba tiempo hasta el pasado 29 de setiembre a dichas familias para que dejaran estas tierras, que ellas mismas recuperaron hace año y siete meses ante la inacción del Estado por devolvérselas.
En la misma resolución, el Tribunal que tomó la decisión deja claro que tiene conocimiento de que la finca está dentro de territorio indígena, que solo puede ser ocupada por personas de dicha comunidad.
“La propiedad en disputa se encuentra localizada dentro del territorio indígena China Kicha, conforme lo demuestra el informe del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) agregado al expediente”, dice el texto.
Sin embargo, el Tribunal Agrario ordenó la salida de la población indígena para proteger la actividad ganadera que se desarrolla en esta finca, en la que se logró constatar cuenta con la infraestructura para dichas labores.
De hecho, la accionante reclama que sus empleados se ven afectados por la toma de la finca, ubicada en Pérez Zeledón.
En el documento indican que la resolución fue en contra de la población indígena “con la finalidad de que siga realizando la actividad agraria productiva que ha venido desarrollando, hasta que se resuelva por el fondo el presente asunto”.
La solución al problema de tenencia de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad no está pronta a llegar.
Es responsabilidad del Inder identificar las fincas en territorios indígenas que están siendo ocupadas por personas no indígenas, abrirles un expediente para determinar la forma en la que adquirieron las tierras, expropiarles y devolver el terreno a quien pertenece: la comunidad indígena.
Esta es una tarea pendiente por ley desde 1977 y que se acabaría en el 2023. Sin embargo, la actual Junta Directiva del Inder pospuso por tres años más la finalización de este proyecto, llamado Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Inder).
Ahora, se tardará hasta el 2026. Y mientras los gobiernos heredan la responsabilidad, son las mismas poblaciones las que toman estas finchas mediante procesos que ellos llaman recuperación y que durante la administración de Carlos Alvarado Quesada habría resultado en el asesinato de dos líderes recuperadores.
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-ordeno-desalojo-de-indigenas-para-proteger-actividad-ganadera/
