Miles de personas marcharon en la capital mexicana exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala de la Independencia hace seis años, en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Fue la primera manifestación que las familias de los jóvenes convocaron en Ciudad de México desde el inicio de las restricciones ocasionadas por la pandemia del nuevo coronavirus, que canceló sus movilizaciones desde el mes de marzo de 2020.
Con la capital del país en un claro retroceso de casos y fallecimientos acontecidos por el COVID-19, los seis años de la desaparición forzada de los jóvenes convocó a una amplia gama de integrantes del movimiento social y popular mexicano, así como un nutrido grupo de jóvenes normalistas rurales de distintos puntos del país que encabezaron la manifestación junto al grupo de padres y madres de los 43.
Previo a la marcha, las familias tuvieron una reunión pública con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de derechos humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, encargado de la Comisión de búsqueda de los jóvenes, que funciona en la égida presidencial mexicana.
En la reunión y de manera remota, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció la nueva hipótesis del caso que fue construida a partir de una revisión de los diversos expedientes que componen la investigación de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.
"Este crimen es una muestra de la conducta delictiva integral, permanente y reiterada que refleja la corrupción política y administrativa del país.
En el Gobierno anterior, desde la cúspide hasta los operadores elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias e intentaron ocultar una trama criminal, que se ha exhibido", dijo Gertz Manero durante la lectura del informe institucional de la Fiscalía General de la República a la Comisión presidencial sobre el caso Ayotzinapa. Gertz Manero apuntó que la nueva hipótesis del caso sostenida por su Fiscalía apunta que los jóvenes normalistas fueron "víctimas de un choque de intereses entre las fuerzas del narcotráfico asentados en la ciudad de Iguala, centro de producción de droga, conexión entre la sierra de Guerrero y Ciudad de México, así como hacia Estados Unidos".
Según Gertz, el asesinato de dos estudiantes, la herida de gravedad en la cabeza de Aldo Gutiérrez Solano que lo mantiene en estado vegetativo y la desaparición de 43 jóvenes de manera forzada por agentes de seguridad mexicanos de distintos niveles de Gobierno, fue causado por la "coincidencia de la presencia de los estudiantes en Iguala con un choque entre encubridores y socios de los criminales, enquistados en las fuerzas policiales".
Gertz Manero apuntó que las autoridades tuvieron conocimiento desde el inicio de la fatídica jornada de 2014, que estaban lidiando con normalistas que hacían actividades de boteo para financiar su viaje a conmemorar la masacre del 2 de octubre en Ciudad de México, por medio de la información que les llegaba por el C4, el sistema de comando, control y monitoreo público.
Sin embargo —y este es uno de los puntos que las familias de los 43 han reclamado públicamente— a seis años de los hechos, se desconoce aún el contenido de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, punto donde ocurrió el secuestro masivo de los estudiantes.
El otro punto neurálgico en la dirección tomada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apunta hacia la responsabilidad de los funcionarios judiciales y policiales del anterior sexenio que manipularon el expediente y la investigación del caso, para consolidar una versión falsa de lo sucedido y darlo por cerrado sin responder sobre el paradero de los muchachos.
"El extitular de la Procuraduría General de la República orquestó este circo mediático mientras patrocinaba como único destino su fracaso. Esto no fue un hecho aislado sino una política de Gobierno infiltrada por la delincuencia y la corrupción", apuntó.
La confianza de las madres
En la reunión pública entre el primer mandatario mexicano y las familias de los jóvenes desaparecidos que tuvo lugar en Palacio Nacional, María Martínez Ceferino, madre de Miguel Ángel Martínez (desaparecido) tomó la voz en representación de las víctimas.
"Nosotros no hemos dejado de exigir la presentación con vida de nuestros hijos y le pido, señor presidente, que así como se comprometió con nosotros para llegar a la verdad y nos dijo que no cuando no podía, como madre le pido que sigamos caminando juntos. Se le agradece la disponibilidad y que es más humano que los anteriores", dijo Martínez en Palacio Nacional.
La madre de Miguel Ángel apuntó que la expectativa de las familias era llegar al sexto aniversario con mayor información acerca del paradero de los jóvenes: "entiéndanos, son seis años y no tenemos nada", dijo.
Criticó cómo a pesar de las decenas de detenciones que se han hecho en torno al caso, la información no ha fluido de la manera esperada: "Para nosotros es desesperante ver que los detienen y no dicen nada. Dicen que entregaron los muchachos a los delincuentes pero dónde están las pruebas señor, ¿cuándo le van a llegar a los militares?", increpó en referencia a la necesidad de aclarar cuál fue el papel esa noche de los militares del 27 Batallón de Infantería, apostado en Iguala.
"Nos desespera que cada día que pasa, salimos y regresamos a casa con las manos vacías. Nos quitaron lo que más queremos, póngase un día en nuestro lugar, esto no se le desea a nadie", concluyó.
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